El gobernador Mario López Valdez aplicó un “veto de bolsillo”  a la Ley para la Protección de Personas al no publicarse en el periódico oficial del estado, pese a que fue aprobada por unanimidad el pasado 13 de octubre por el poder legislativo, denunció el diputado experredista Ramón Lucas Lizárraga.
En tribuna explicó que el decreto de la citada ley debió publicarse inmediatamente o a más tardar el día 21 de octubre.
Expuso que una de las excepciones que contempla la Constitución local para estos procedimientos y plazos es que corriendo el plazo de ocho días hábiles si hubiere cerrado el Congreso cerrado sus sesiones, es que pudiese el Ejecutivo devolver la ley el primer día útil del nuevo período de sesiones.
La otra opción, especificó, es que el Ejecutivo ejerza su derecho a veto, pero ninguna de las opciones se cumplieron, ya que ni se devolvió ni se ejerció el veto.
“Esta situación equivale a una auténtica transgresión de la constitucionalidad estatal,lo que es una situación de hecho, enrarece la relación entre poderes”, sostuvo el legislador.
Demandó a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva intervenir para que se corrija la inconstitucionalidad en que se encuentra los poderes ejecutivo y legislativo en torno a la aludida ley.