Un grupo de familiares de víctimas procedentes de Tamaulipas clausuraron simbólicamente las oficinas de Palacio Nacional, Fiscalía General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con la exigencia de que se investigue la cadena de mando en delitos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y uso excesivo de la fuerza de elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional en el estado del norte.
Acompañados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la Caravana contra la Impunidad de las Fuerzas Armadas, integrada por más de 50 familiares, demandaron investigar una serie de graves deficiencias en las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el cierre arbitrario de expedientes de queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para favorecer al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como el abandono institucional por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV).
Las víctimas de desaparición forzada son Noé Ignacio Alferez Hernández, Jonatan Organista Ballesteros y Daniel Gerardo García Ramírez, mientras que José Eugenio Hernández Romeo, de 18 años, y Simeon Reyes Limas fueron ejecutados extrajudicialmente.
También se encuentran familiares de cinco jóvenes asesinados el pasado 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma y de dos sobrevivientes, quienes salían de un antro y antes de llegar a sus domicilios fueron emboscados por soldados del Ejército Mexicano.
Las víctimas fatales son el ciudadano estadunidense Gustavo Ángel Suárez Castillo, Gustavo Pérez Benítez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez y Alejandro Trujillo Rocha, mientras que los sobrevivientes son Luis Gerardo y Alejandro.
Otros manifestantes que participaron en la clausura simbólica de las instituciones son familiares de cinco hombres detenidos, sometidos y ejecutados extrajudicialmente frente a la barda perimetral de un centro comercial en Nuevo Laredo ocurrida el pasado 18 de mayo.
