El consejero Mario Eduardo Rodríguez Kato cuestiona que el organismo ciudadano está sólo de membrete
El mecanismo de participación ciudadana de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no funciona. Así lo lamenta el profesor Mario Eduardo Rodríguez Kato, integrante del Consejo Consultivo de la FGES.
Para robustecer su afirmación precisa de entrada un dato. En los últimos 13 meses el Consejo Consultivo, el cual es el órgano colegiado de participación ciudadana de la Fiscalía ha sesionado cinco veces, pese a que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la FGES señala que deben realizar reuniones ordinarias al menos una vez al mes.
El marco legal señala que las sesiones deben ser convocadas por la Fiscal o bien por al menos dos miembros de la Consejo Consultivo, quienes deben exponer la razones.
Entre los temas sobre los que no han podido opinar ha sido los nombramientos del director de Servicios Periciales, o los recientes del Vicefiscal Especializado para el Combate a la Corrupción y el Vicefiscal Zona Norte.
Pese a la situación que existe al interior del Consejo Consultivo, Rodríguez Kato menciona que sus compañeros consejeros no se atreven a enfrentar a la fiscal Sara Bruna Quiñónez, por ser abogados que trabajan en el litigio y temen represalias.En su
caso, Rodríguez Kato asegura que no tiene ningún conflicto de interés con la Fiscalía ya que su ámbito laboral es la docencia.
El consejero comunicó en marzo al Congreso del Estado la serie de inconsistencias que han provocado que el Consejo Consultivo de la Fiscalía no funcione, como el que la fiscal Sara Bruna Quiñónez no convoque, aunado a que no respetan los acuerdos.
De las 10 propuestas que se han planteado al interior del Consejo Consultivo, votadas por unanimidad por todos los integrantes, no ha cumplido ninguna la fiscalía.
En un oficio enviado a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado que preside la diputada Alma Rosa Garzón, señala los acuerdos que no se cumplen, no son respetados por la Fiscal y su equipo de trabajo. No existe tampoco una ruta de seguimiento de las propuestas hechas por los consejeros ciudadanos, y mucho menos se han concretado.
Otro punto fue que a pesar de que se había acordado una visita a las vicefiscalías regionales desde el año pasado, hasta el momento no se habían realizado ni siquiera establecido una fecha para que se realicen.
Tampoco se ha proporcionado una identificación oficial como miembros del Consejo Consultivo, y asuntos como el tener dificultades para acceder al edificio y estacionamiento cuando son convocados a sesionar.
Frente a la falta de respuesta del Congreso del Estado, el consejero solicitó un amparo ante un Juez Federal de Zapopan, Jalisco, lo que provocó la emisión de una respuesta parcial mediante un oficio emitido de manera personal por la diputada Alma Rosa Garzón, quien no puso el tema para su discusión ante la Comisión de Justicia.
En su opinión en el Congreso del Estado se está haciendo todo para proteger a la fiscal, no quieren tratar el asunto, porque sería evidenciarla.
Entre los cuestionamientos que hace el consejero está el hecho de que a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo, la fiscal Sara Bruna Quiñonez les dijo en una sesión que hablaran con el gobernador Rubén Rocha Moya para resolver un asunto interno.
El juicio de amparo, indica, sigue su procedimiento y tendrá una nueva audiencia en agosto para pedirle al Congreso del Estado responda al llamado de que la fiscal no está cumpliendo con la ley, por lo que el consejo de la Fiscalía está muerto.
La fiscal aparece en fotos con el Colegio de Abogados, pero no toma en cuenta al Consejo Consultivo, cuando la ley señala que deberá tomarse en cuenta para la firma de convenios. “No toma en cuenta el Consejo para nada, como que vio era demasiado proactiva para ella y no le gustó”.
Pese a que la ley también señala que los consejeros deben conocer el ejercicio presupuestal, no se ha entregado la información de 2022.
Como señal del desprecio institucional al Consejo Consultivo, un órgano que fue creado como una instancia de participación ciudadana, éste no aparece en el organigrama, ni en la página web de la Fiscalía, cuestiona el consejero.
En la respuesta, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia le responde al consejero que no tiene facultades para elevar ante el Congreso del Estado inconformidades con motivo del funcionamiento interno del Consejo Consultivo, como lo señala la ley orgánica, no puede arrogarse la representación del órgano colegiado.
El consejero en sus manifestaciones públicas ha señalado que las hace a título personal y que no pretende la representación de sus compañeros, pero que recurrió al Congreso del Estado, pues fue quien le dio el nombramiento a los integrantes del Consejo Consultivo, y la fiscal.
En resumen, señala Rodríguez Kato, las comisiones respecto al Consejo Consultivo de la Fiscalía General de Sinaloa continúan, el Congreso conoce dicha omisiones y ha sido omiso en ejercer sus facultades.
“En los siguientes días, presento mi renuncia”, anunció el consejero que le tomó protesta al cargo el Congreso del Estado.
Artículo publicado el 30 de julio de 2023 en la edición 1070 del semanario Ríodoce.
