La Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación ante los actos de vigilancia ilícita en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, revelados por una filtración a los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El pronunciamiento de la oficina de la ONU en México, se da unos días después de que se revelara que el Ejército mexicano ha utilizado el malware Pegasus con el cual vigila de manera ilícita las actividades de los ciudadanos.
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“Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado. Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa” expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.
En el comunicado la ONU señala que “las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo son actores fundamentales para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Corresponde a las autoridades hacer efectiva su obligación de promover un ambiente de tolerancia hacia la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, que fortalezca la vida democrática de la sociedad”.
Asimismo recalca que “es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares. Estos actos no pueden realizarse fuera del marco normativo y de estrictas salvaguardias de derechos humanos, lo que implica que todas las medidas adoptadas que coarten los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Por lo que instó a las autoridades a “cesar inmediatamente cualquier acto de injerencia arbitraria, en los términos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e implementar medidas de protección hacia las víctimas de estos actos y las personas y organizaciones de derechos humanos que los denunciaron, así como a llevar a cabo una investigación diligente e imparcial”.
