El currículum vitae del ex alcalde y actual secretario particular del gobernador Rubén Rocha, señala que fue asesor de la empresa filial de Nafta Lubricantes, a la par de su gestión como alcalde de Mazatlán
Durante sus dos primeros trienios como Alcalde de Mazatlán, — 1999-2001 y 2005-2007 — , Alejandro Higuera Osuna fue también asesor del Grupo Arhe, empresa propietaria de Nafta Lubricantes.
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Nafta es la empresa que en 2012 recibió permisos para instalar una gasolinera en la entonces administración del ‘Diablo’ Higuera, —que cumplía un tercer periodo—, pero cuya construcción fue cancelada luego que una vecina interpusiera un juicio de amparo, lo que ocasionó que a la vuelta de 10 años la comuna mazatleca le pagara a la empresa de los hermanos Arellano Hernández, 141 millones 802 mil pesos, como indemnización.
La hoja de vida o Currículum Vitae de Higuera Osuna, publicada por el PAN Sinaloa ante una solicitud de acceso a la información, enfatiza que su experiencia laboral en la iniciativa privada fue como profesor del Colegio Pacífico (1984-1988), y como asesor del Grupo Arhe en Mazatlán (1993-2008).
Es decir, que siendo Alcalde del puerto, el político panista, ahora convertido al rochismo, fungió también como asesor de la empresa de los hermanos Arellano Hernández, que a su vez son dueños de Nafta. El rol de asesor de Grupo Arhe, el “Diablo” Higuera también lo desempeñó siendo diputado federal (2004-2006), y lo abandonó cuando volvió a ser electo diputado local en el periodo 2008-2010.
En 2012, cuando transcurría el segundo año de gobierno del tercer periodo de Alejandro Higuera Osuna como alcalde de Mazatlán (2011-2013), el “ex patrón” de éste intentó construir una gasolinera en la esquina de la avenida Cruz Lizárraga y calle Rafael Domínguez, de la colonia Palos Prietos, casi en la avenida del Mar a través de Nafta Lubricantes.
Carlos Venegas Arreola y Juan Antonio Durán Garzón, funcionarios del entonces alcalde Higuera Osuna, otorgaron los respectivos permisos de construcción a Nafta, pero la vecina Ana Elba Magaña Valdez promovió un Juicio de Amparo Indirecto y por Mandato Judicial los permisos fueron cancelados.
A una década de estos hechos, los ex funcionarios municipales panistas que actuaron con negligencia o por interés particular, están siendo denunciados por el Ayuntamiento, salvo el secretario particular del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.
El 29 de febrero de 2012, Carlos Venegas Arreola, entonces director de Planeación de Desarrollo Urbano, emitió el Dictamen de Uso de Suelo 458/20212 para Nafta y el 7 de marzo del mismo año el Permiso de Construcción 27789.
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El mismo 7 de marzo de 2012, Juan Antonio Durán Garzón, sustituto de Venegas Arreola hizo lo propio emitiendo el Dictamen de Alineamiento 036290 folio 11635.
En julio de 2013, Magaña Valdez ganó el Amparo, y el Ayuntamiento canceló los permisos otorgados, por mandato judicial 268/2013, notificado en julio de ese año.
Pero el pago no se realizó, y la cantidad se fue incrementando sucesivamente pasando por los periodos de los gobiernos de Carlos Felton González (2014-2016) y Fernando Pucheta Sánchez (2016-2018-PRI), incluido su sustituto Joel Bouciéguez Lizárraga, hasta alcanzar la cantidad de 141 millones 802 mil pesos, en la administración municipal (2021-2024-Morena) del “Químico” Benítez.
“El objeto del presente convenio de transacción, será dar cumplimiento al juicio de responsabilidad patrimonial ejercitado por ‘NAFTA’ en contra de ‘El MUNICIPIO’ y otros, que se tramita en el expediente principal…ante la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa (SRSTJAES), dando cumplimiento a la obligación de pago a las que fue condenado el H. Ayuntamiento y el Director de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, ambos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa”, reza la cláusula primera objeto del convenio de transacción.
Perfil del asesor del Grupo Arhe
Cuando el grupo Arhe ambicionaba construir la gasolinera en el trienio 2011-2013 de Alejandro Higuera Osuna, habían pasado cuatro años, desde que éste había fungido como asesor del propietario de Nafta Lubricantes.
Eso es lo que dice el Curricúlum Vitae, la hoja de vida de Alejandro Higuera Osuna, elaborada el 10 de febrero de 2018, en el Comité Estatal del Partido Acción Nacional, la casa que lo cobijó durante más de 39 años.
“Experiencia laboral en iniciativa privada, lugar/empresa/cargo/periodo: Mazatlán, Grupo ARHE, ASESOR, 1993-2008”, revela el documento.
El historial agrega que trabajó como profesor en el Colegio Pacífico (seminario en Mazatlán de la “brega de eternidad”, filosofía política fundacional del PAN) desde 1984 hasta 1988.
En la carta de presentación de Higuera Osuna, dos licenciaturas, una de Contador Público, otra en Educación Primaria, evidencian sus credenciales del saber que lo catapultaron hacia los poderes dirigentes: el dinero y la política.
La historia de su vida política fue en constante ascenso: diputado local electo 1989-1991, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PAN en Mazatlán, 1990-1991, y presidente municipal electo de Mazatlán 1999-2001.
Asimismo, Higuera Osuna escaló a diputado federal electo 2004-2006, presidente municipal electo de Mazatlán 2005-2007, diputado local electo 2008-2010, y por tercera ocasión, presidente municipal electo 2011-20013.
“En su época (2011-2013) empezó esta bronca”
Fue el 29 de marzo, cuando el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el “Químico “ Benítez dijo a Ríodoce que el otrora presidente municipal durante el trienio 2011-2013, Alejandro Higuera Osuna, hoy secretario particular del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, no estaba en la “película” del embrollado pago millonario a la empresa Nafta Lubricantes.
—¿El ex alcalde Alejandro Higuera, queda fuera de la demanda penal?— se le cuestionó al “Químico” Benítez.
—Los jurídicos dijeron que hay tres responsables arriba y otros abajo. Pero Higuera no entra en esta película. La razón la desconozco yo. Yo sé que en su época empezó esta bronca, pero la gravedad es que en todo el periodo (2014-2016) de (Carlos) Felton, el equipo jurídico hizo caso omiso y lo dejó crecer, crecer y crecer. Y ya saben lo que pasó.
El 17 de diciembre de 2014, Nafta Lubricantes presenta la demanda en contra del Ayuntamiento, con María del Rosario Torres Noriega como secretaria del Ayuntamiento y Santos Guillermo López Aguirre, ex director de asuntos jurídicos y los asesores jurídicos Julio César Rodríguez Rodríguez y Fredy Ismael Castañeda Moreno.
Según el “Químico” María del Rosario Torres Noriega, entonces secretaria de gobierno municipal encabezado por Carlos Felton González (2014-2016), hizo caso omiso de la notificación o emplazamiento de la demanda y desencadenó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa (TJAES) mediante la sentencia condenatoria obligara al Ayuntamiento de Mazatlán (2018-2021) a pagar 141 millones 802 mil pesos, a la empresa Nafta Lubricantes.
“Abajo” del entonces alcalde Carlos Felton González (PAN), los indiciados por probables faltas administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas son: María del Rosario Torres Noriega, exsecretaria del Ayuntamiento, y sus asesores de asuntos jurídicos Santos Guillermo López Aguirre, Julio César Rodríguez Rodríguez y Fredy Ismael Castañeda Moreno.
“Abajo” del entonces presidente municipal, Alejandro Higuera Osuna 2011-2013, los demandados por el Ayuntamiento de Mazatlán son sus ex funcionarios municipales, Carlos Venegas Arreola y Juan Antonio Durán Garzón, ex director de Planeación de Desarrollo y su sustituto respectivamente.
En esa tesitura, Berenice Oleta Benítez, directora de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento denunció ante el Órgano Interno de Control a cuatro ex funcionarios del periodo de Carlos Felton González y dos del trienio de Alejandro Higuera Osuna, pues como dijo el “Químico” Benítez, en su época (trienio 2011-2013) empezó esta bronca con Nafta Lubricantes.
El ”Diablo” Higuera, quien durante 15 años, desde 1993 hasta 2008, fue asesor del Grupo Arhe, propietario de Nafta Lubricantes, que dejó sin estacionamiento, entre otros dos inmuebles al Ayuntamiento de Mazatlán, en dación del pago de los 141 millones 802 mil pesos, no está señalado entre los implicados.
La ruta de la estafa al patrimonio de los mazatlecos
Nelda Ortega/Mazatlán
Estas son las administraciones por las que ha trascendido el conflicto legal con la empresa Nafta Lubricantes:
La directora de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Verenice Oleta Benítez, denunció ante el Órgano Interno de Control a los ex servidores públicos Carlos Venegas Arreola, ex director de Planeación y Desarrollo Urbano y a su sustituto, Juan Antonio Durán Garzón, así como a María del Rosario Torres Noriega, ex secretaria del Ayuntamiento y actual Secretaria de Turismo del Estado; a Santos Guillermo López Aguirre, ex director de Gobierno y Asuntos Jurídicos, y a los asesores jurídicos de esta dirección, Julio César Rodríguez Rodríguez y Fredy Ismael Castañeda Moreno… y a quienes resulten responsables.
Oleta Benítez presentó la denuncia por la comisión de actos que pudiesen ser constitutivos de probables faltas administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, pero ¿quiénes eran los funcionarios que en su momento formaron parte de la administración pública en este caso?
Hasta el cierre de esta edición, el estatus del caso Nafta Lubricantes ya había sido finiquitado por la administración pública, informó el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González.
“Todo lo que tiene que ver con el pago en el caso Nafta ya se finiquitó, lo que sigue es la parte de las responsabilidades a quienes iniciaron con ese procedimiento, y obviamente ya están las denuncias interpuestas y hay que esperar resultados, tanto del Órgano Interno de Control (OIC) como de la Fiscalía, una vez que a eso se le dé procedimiento”, dijo.
Si la responsabilidad alcanza o no a los ex alcaldes, agregó, dependerá de lo que determine el OIC en sus investigaciones.
Todo lo que tiene que ver con el pago ya quedó finiquitado, precisó, “ya no hay ningún problema, ya incluso están escrituradas tanto las propiedades que se cedieron a Nafta como la propiedad que tuvo reversión, que es el antiguo aeropuerto, que se recuperó por parte del municipio y que también ya está escriturado”.
Por su parte, Rafael Padilla Díaz, declaró que el procedimiento avanza y que la próxima semana podrían empezar a dar resultados con un Informe de Responsabilidades Administrativas (Ipra).
Aclaró que se está trabajando con los tiempos que establece la ley, tal como el período de cinco días hábiles que tienen los denunciantes para impugnar la calificación de las faltas, lapsos que deben respetarse, por lo que no se puede acortar el proceso ya que se estaría viciando.
—¿Está descartado que veamos pisar estas oficinas de OIC a los ex alcaldes?
—No, son ex servidores públicos y son sujetos a cualquier procedimiento que pudiera desprenderse de las denuncias.
Artículo publicado el 24 de abril de 2022 en la edición 1004 del semanario Ríodoce.
