Diputados eliminan fuero a servidores públicos

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La aprobación de una ley para desaforar desde legisladores y hasta el Presidente de la República, levanta fuertes sospechas de parcialidad y un abierto manejo político de esta ley en la Cámara Federal de Diputados de un país donde los criterios para la impartición de la justicia han estado permeados por intereses políticos y grupos en ejercicio del poder.

La votación con 307 sufragios a favor de esta reforma legal dejará sin fuero constitucional aproximadamente 1 mil 885 servidores públicos que en caso de ser aprobada por el Senado, permitirá eliminar privilegios a funcionarios de alto rango —y en particular a los legisladores leales al Jefe del Ejecutivo— que utilizaron esta figura jurídica como escudo para cometer abuso de poder y escudarse en la impunidad.

Esta decisión votada por los diputados federales el jueves pasado abre la posibilidad de enjuiciar al Presidente de la República; a 628 legisladores federales; 11 Ministros del Poder Judicial; siete Consejeros de la Judicatura Federal; 20 Secretarios de Estado; 11 consejeros del IFE; mil 71 diputados de los 31 congresos locales y 66 más de la Ciudad de México, incluidos los Gobernadores y Procuradores de las 32 entidades del país.

Sin embargo, la iniciativa lanzada en momentos de turbulencia electoral, donde encuestas nacionales anuncian el ocaso de una clase gobernante desfasada, ocasiona ruido porque encima del rechazo ciudadano al fuero constitucional, suponen que esta reforma lleva en el fondo matices políticos no necesariamente vinculados a la rendición de cuentas y un ejercicio equilibrado en los privilegios y derechos entre la clase política y ciudadanos.

Con anterioridad, abogados constitucionalistas como Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advertían que desaparecer el fuero constitucional por completo no es conveniente porque en países como el nuestro, donde la justicia se ejerce como instrumento al servicio de intereses de grupos, conlleva riesgos.

“Yo no apoyaría la idea de eliminar totalmente el fuero porque no tenemos un sistema de procuración y administración de justicia que responda solo a los mandatos de la ley. Las Procuradurías han sido utilizadas políticamente y el hecho de desaparecer al cien por ciento el fuero significa descobijar las funciones públicas que pudieran estar siendo presionadas por estas procuradurías”, dijo el experto en temas jurídicos a diputados del Congreso de Michoacán, previo a una conferencia sobre “El Fuero Constitucional” el año pasado.

Con un dejo preocupante recomendaba a los legisladores estatales no echar a la congeladora la propuesta, que posteriormente fue aprobada en esa entidad. “Legislen, pero busquen un esquema de equilibrio donde no estén ni del lado de la impunidad absoluta ni del otro lado descobijen, porque entonces no habrá oposición ni nadie querrá hablar fuerte”.

En una de las iniciativas de reformas enviadas al Congreso, el Senador Pablo Gómez detalla en su contenido que el fuero constitucional tiene como objetivo proteger a los poderes públicos de acciones arbitrarias que pudieran paralizarlos y garantizar que la inmunidad no se convierta en impunidad.

Afirma que se defiende la presunción de no culpabilidad de cualquier individuo aunque éste goce del llamado fuero constitucional.

En tanto que la iniciativa de los senadores del grupo parlamentario del PAN busca fortalecer las garantías individuales y sociales de los gobernados, pero también con la pertinencia de acotar el poder discrecional con el que han actuado en muchas ocasiones los representantes populares, así como evitar que el fuero constitucional se entienda como sinónimo de impunidad absoluta o privilegios a favor de los legisladores.

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El rechazo ciudadano

Según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el fuero o la inmunidad se entienden como un privilegio conferido a determinados servidores públicos para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.

En la actualidad, el fuero constitucional es juzgado por la opinión pública como un permiso para delinquir o pasar por encima de la ley y normalmente se piensa que esta figura jurídica sólo protege a los legisladores, pero derivado del artículo 111 constitucional disfrutan de fuero alrededor de 1 mil 885 funcionarios públicos, de ahí que consideren que el proceso de desafuero, retiro de inmunidad o juicio político es largo y funciona como obstáculo para la acción de la justicia y permite el quebranto del principio de igualdad ante la ley, convirtiéndose en un elemento de impunidad.

El mismo CESOP sostiene que en noviembre de 2015, Consulta Mitofsky encuestó a ciudadanos en sus viviendas sobre diversos temas relevantes como el fuero constitucional y la mayoría optó por su desaparición, ya que prácticamente dos de cada tres ciudadanos consideraron que los legisladores se aprovechan de él, 64 por ciento se manifestó en contra del fuero y 24 a favor, por considerar que la “declaración de procedencia” blinda también a los casi 2 mil funcionarios públicos que trabajan en los gobiernos estatal y federal.

Servidores desaforados

Entre los funcionarios y legisladores que fueron desaforados destacan Carlos Madrazo Becerra, quien fue acusado de traficar en 1944 con tarjetas para la contratación de braceros en Estados Unidos. Años más tarde encabezó el PRI nacional y gobernó Tabasco.

Luego le siguió Sacramento Joffre. En 1945 fue acusado de estar involucrado junto con Madrazo Becerra y Pedro Tellez, en el fraude contra los migrantes. Pedro Téllez Vargas era dirigente del Sindicato de Trabajadores Cinematografistas, pero como legislador se le inició proceso al lado de Madrazo, este último, años después defendió su inocencia y la de sus compañeros.

En 1983 Jorge Díaz Serrano fue señalado por cometer ilícitos en la adquisición con sobre precio de dos barcos (buque-tanque) cuando era director de Pemex. Le siguió René Bejarano Martínez, cuando en 2004 enfrentó cargos de conductas delictivas, delitos electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso más controvertido fue el de Andrés Manuel López Obrador, cuando el entonces presidente Vicente Fox lo desaforara en el 2005 por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad al no cumplir una orden de suspensión de un juez.

Posteriormente en 2010, Julio César Godoy fue desaforado por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. A pesar de la resistencia de la sociedad civil, el virtual diputado por Michoacán fue protegido por legisladores perredistas frente a una avalancha de protestas ciudadanas que cercaron el recinto de San Lázaro para evitar que tomara protesta y gozar de impunidad. Hasta la fecha se desconoce su paradero, pese a las acusaciones en su contra; todavía es buscado.

El 13 de junio de 2016, la Cámara de Diputados convocó a un periodo extraordinario de sesiones para definir el caso de la “chapodiputada” Lucero Sánchez, contra la que se emitió dictamen de desafuero, acusada de falsificación de documentos para acreditar su identidad.

 

 

Artículo publicado el 22 de abril de 2018 en la edición 795 del semanario Ríodoce.

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