El Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa requirió al Ayuntamiento de Mazatlán cumplir con el pago de una indemnización superior a 13.6 millones de pesos a favor de la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, S.A. de C.V., propiedad de Antonio Toledo Ortiz, tras hechos de clausura del Estadio Teodoro Mariscal en 2018.

La resolución, emitida por la Sala Superior, concluye que el Ayuntamiento no ha dado cumplimiento a la sentencia que lo condenó a reparar daños por actos irregulares durante la administración de Luis Guillermo Benítez Torres. En 2018, la JUMAPAM y los concesionarios del estadio de béisbol entraron en conflicto, luego de que la paramunicipal cortase el suministro de agua del complejo deportivo con el argumento de falta de pago y la detección de una supuesta toma clandestina.

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Después de los hechos, Toledo Ortíz negó el supuesto adeudo atribuido, la instalación de tomas clandestinas y denunció que, tras pedir al personal de la JUMAPAM la notificación para realizar dichas actuaciones, no lo hizo. A la vez que anunció una demanda en contra de la JUMAPAM al incurrir en irregularidades.

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Al final, el Ayuntamiento clausuró la taquilla del Estadio Teodoro Mariscal tras la confrontación, lo que derivó en la suspensión de dos fechas de eventos deportivos.

El origen del litigio data de enero de 2022; la empresa Espectáculos Costa del Pacífico promovió un juicio por la negativa ficta del Ayuntamiento a responder una solicitud de responsabilidad patrimonial del Estado.

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La empresa argumentó que sufrió pérdidas económicas por dos fechas entre noviembre y diciembre de 2018, luego de que suspendieran los servicios de agua potable y drenaje, se clausuraran sus taquillas y le negaran permisos de Seguridad Pública para la realización de eventos deportivos.

Aunque durante la etapa de ejecución de la sentencia el Ayuntamiento sostuvo que los actos fueron realizados por la JUMAPAM, argumentó la descentralización de este y solicitó diversas prórrogas para cumplir con la resolución, la Sala Superior determinó que las autoridades han sido omisas en ejecutar el fallo.

La indemnización comprende 2 millones 346 mil 129 pesos por concepto de perjuicios o ganancias dejadas de percibir por juegos; 6 millones 139 mil 983.69 pesos por daños, y 5 millones 145 mil 61.37 pesos por intereses, los cuales deberán actualizarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Como medida de apremio, el Tribunal apercibió a los funcionarios municipales que, en caso de incumplir nuevamente, podrán ser sancionados con multas de entre 10 y 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Advirtió que, de persistir el desacato, continuará el procedimiento de ejecución de sentencia, que podría derivar en medidas más severas.