Un juez federal ordenó reinstalar a los litigantes en el proceso que se sigue contra funcionarios de la Universidad, por la compra irregular de 45 mdp en tortillas

Por orden de un juez federal, fueron reinstalados los asesores de la UAS en el proceso penal por la compra de tortillas, que fueron revocados por el juez Adán Alberto Salazar Gastélum, electo magistrado la semana pasada.

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En la audiencia en la que fueron reinstalados los asesores por orden de un juez federal, los defensores de los imputados también pidieron al juez declararse incompetente para llevar la causa penal, pero la solicitud fue rechazada.

La causa penal es la que se sigue por la supuesta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas.

En el proceso están involucrados el rector separado, Jesús Madueña Molina; el ex rector, Juan Eulogio Guerra Liera; y los ex integrantes del Comité de Adquisiciones Salvador Pérez Martínez, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Manuel de Jesús Lara Salazar, Héctor Melesio Cuen Díaz, Ismael García y Norma Alicia Aguilar.

El 12 de marzo pasado, el juez Adán Alberto Salazar Gastélum, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia desde el jueves pasado, removió a los abogados que representaban a la UAS en calidad de víctima.

Los asesores de la UAS son Rogelio Aurelio Morones, Ramón Bonilla Rojas, Jesús Moroni Arellano y Sanjai Molina; y el apoderado legal Yamir de Jesús Valdez Álvarez.

El juez de control los removió por solicitud de la Fiscalía General del Estado, que señaló que había conflicto de interés.

Los fiscales aseguraron que los asesores, en vez de representar los intereses de la ofendida, que es la universidad, estaban defendiendo los intereses de los imputados, particularmente de Jesús Madueña Molina.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum dio la razón a la Fiscalía y consideró que había conflicto de interés.
Señaló que había un interés marcado de los asesores para defender a los imputados.

En esa ocasión removió a todos los asesores de la universidad y nombró al asesor victimal público, Janer Guillermo Sedano.

La universidad promovió un amparo y un juez federal ordenó reinstalar a los asesores.

“La persona quejosa deberá continuar con el asesor jurídico victimal nombrado por ella en la causa penal 918/2023, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, hasta en tanto no exista nueva causa que justifique legalmente su revocación”, señala el juez de distrito.

Los asesores fueron reinstalados por el juez Carlos Alberto Herrera.

En la misma audiencia en la que fueron reinstalados, el abogado Milton Ayala Vega, pidió al juez que se declarara incompetente para conocer la causa penal.

Comentó que la acusación que hace la Fiscalía es por el uso de recursos públicos de origen federal, por lo tanto, deben ser autoridades federales las que investiguen.

Los recursos, detalló, provienen del Ramo 28 que son Participaciones a Entidades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Agregó que esos recursos solo son fiscalizables por el Congreso de la Unión a través de la Auditoría Superior de la Federación.

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La ASF, aseguró, auditó esos recursos en los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022, y no detectó irregularidades.

Comentó que si se hubiera cometido una irregularidad tendría que ser el Agente del Ministerio Público Federal el que investigue y un juez federal el que conozca de la causa penal.

“Está fuera de la competencia de la Fiscalía General del Estado, esa carpeta de investigación no debería de existir”, dijo.

El ministerio público, Manuel Carvajal, mencionó que la solicitud del defensor era a todas luces improcedente porque no evoca el Código Penal para justificarla.

Mencionó que los recursos son estatales y la misma universidad así lo señala en las facturas que expide al Gobierno del Estado cuando hace las transferencias y coloca la leyenda “subsidio estatal ordinario”.

La universidad, detalló, recibe recursos estatales y federales, y las tortillas se pagaron con recursos estatales.

Manifestó que el presupuesto lo envía la federación, pero una vez que los recursos entran a las arcas del Gobierno del Estado adquieren el carácter de estatales.

El juez Carlos Alberto Herrera resolvió que la solicitud de Milton Ayala era improcedente porque no estaba fundamentada en el Código Penal.

Añadió que existen indicios razonables de que los recursos con los que se pagaron las tortillas eran estatales.

El juzgado, indicó, es competente para conocer de esta causa penal.

Recordó que en septiembre del año pasado el juez ya había resuelto que ese juzgado sí es competente.
De acuerdo con la FGE, la universidad hizo compras por 45 millones 546 mil 080 pesos en tortillas, que debieron ser licitadas.

Las tortillas presuntamente fueron compradas para las casas del estudiante, en un periodo en el que estaban cerradas por la pandemia.

Entre los años 2020, 2021 y 2022 el proveedor Sergio Cháidez Monárrez emitió mil 501 facturas por esas compras, pero según entrevistas de la Fiscalía con empleados del proveedor, durante esas fechas no hubo entrega de tortillas a la UAS.

En una de las facturas quedó registrado que pagaron en 60 pesos el kilo de tortillas.

Artículo publicado el 28 de abril de 2024 en la edición 1109 del semanario Ríodoce.