Los funcionarios de la UAS en algún momento tendrán que dar la cara y podrían ser llevados al proceso con el uso de la fuerza pública ante los diferimientos de las audiencias, informó la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada.
La semana pasada, la audiencia de revisión de medidas cautelares del encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, fue diferida debido a que su abogado no se presentó; y ayer, la audiencia inicial de Héctor Melesio Cuen Díaz fue diferida debido a que su abogado tampoco acudió y envió un oficio con el que renuncia a la defensa.
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“Son solo argucias de ellos, ya ni siquiera cuidan las formas, ya ni siquiera llegó con el abogado, ellos están jugando ese juego de evadir lo más que se pueda, pero tiene que llegar el momento de que den la cara”, dijo Quiñonez Estrada.
Comentó que el Código Nacional establece muchas formas de conducirlos al proceso y una de ellas es el uso de la fuerza pública.
“Quizás nos veamos en la necesidad de llegar a esos extremos y no lo digo yo para que ellos se sientan acosados como dicen, sino que es una consecuencia lógica de una respuesta que da Fiscalía ante la renuncia de ellos de asistir”, indicó.
