Las autoridades de las UAS no deberían resistirse a rendir cuentas porque reciben recursos públicos del Estado e ingresos propios, sostuvo el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa.

Detalló que incluso la misma UAS ha difundido que tiene ingresos propios, que en 2020 sumaron más de 400 millones de pesos, y que en 2021 ascendieron a 399 millones 250 mil pesos, exactamente esa cantidad fue el ingreso en 2022.

Por ser públicos los recursos que reciben, su manejo debe tener un sentido profundamente ético en dos variables: la honestidad, por un lado, y por otro, que los recursos se usen para atender la necesidad del pueblo para promover el desarrollo económico, y las circunstancias de mayor abandono social, dijo.

A participar como orador en la celebración del 15 aniversario de la ASE, afirmó que con la Constitución y la ley en la mano, la auditoría a la Universidad Autónoma de Sinaloa, de los recursos públicos que tienen una connotación de carácter estatal, sin duda que se va a realizar, y cubrir los procesos para ello.
Lamentó que las autoridades universitarias no le hayan permitido al personal de la ASE cumplir con su función, pues todo ente público está obligado a un manejo transparente de sus recursos y a rendir cuentas del manejo de éstos.

Las resistencias que ofrecen las autoridades universitarias, añadió, no son otra cosa más que expresiones políticas que agravian nuestras disposiciones constitucionales, pues la Universidad Autónoma de Sinaloa recibe recursos públicos del Estado, recibe ingresos propios, que son recursos públicos que deben rendir cuentas.

En su discurso felicitó al personal de la ASE por haberse plantado en la UAS para realizar la labor que les corresponde, que es auditar.

Señaló que existe una historia de resistencias para apostarle a la opacidad y los manejos inadecuados.
La rendición de cuentas, enfatizó, tiene que ejercerse y todo ente público tiene que rendir cuentas.