Desde el alcalde hasta dos de sus representantes son sentados en el banquillo de los acusados

La síndica de Topolobampo, Debora Isela P. se convirtió en la segunda síndica de Ahome en enfrentar una denuncia penal en la Vicefiscalía Regional de Justicia del Estado, al presuntamente agredir a botellazos a su familia política.

Ella enfrenta la carpeta de investigación 1264/2020 por violencia familiar en agravio de María Julia Sánchez Balderrama, su cuñada, por hechos ocurridos a las 03:00 horas del domingo 8 de noviembre en un predio rural en el ejido Topolobampo.

Antes que Debora Isela P. enfrentara la acusación penal, lo hizo Irma Delgado Ríos, síndica de Mochis o Central debido a un llamado público a “linchar” al bloguero, Paul Velázquez Benítez, en la víspera en que este sufriera un ataque a balazos a quemarropa, el 20 de diciembre del 2019.

El bloguero atribuyó la autoría intelectual al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno. El caso aún se investiga y no hay resolución emitida por autoridad penal.

Velázquez Benítez se convirtió en un desplazado más por la violencia pues se vio obligado a abandonar Los Mochis, como ciudad de residencia habitual.

En ambos casos, las víctimas han reclamado justicia y cero impunidad para los involucrados.

María Julia explicó que la madrugada del domingo 8 de noviembre festejaban el cumpleaños de su hermano, Vicente, esposo de Debora Isela, en un predio propiedad de él.

Cuando estaba por concluir el jolgorio, ella regresaba del sanitario y fue recibida botellazos por la síndica, quien además la amenazaba con asesinarla.

Logró esquivar dos o tres lances, pero uno de los envases se le estrelló en la cabeza, provocándole una cortada de cuando menos cinco centímetros de longitud con sangrado profuso.

Familia y amigos la condujeron al Seguro Social del puerto, en donde médicos le suturaron la herida y pidieron la intervención de la policía municipal pero estos se negaron a actuar en contra de la Síndica.

Luego se trasladó a la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte en donde denunció el caso, pese a que achichincles del secretario de la comuna, Juan Francisco Fierro Gaxiola, intentaron presionar a la familia para que no lo hiciera, y pactar un arreglo.

María Julia se negó a suscribir cualquier convenio de perdón, pues aseguro que las amenazas de su cuñada a la familia son constantes desde que la cuñada se asumió síndica. “Se tornó violenta, no sólo con nosotros, sino con toda la comunidad pues se cree con el suficiente poder para imponerse a las personas. Es inaguantable. Está enferma, como seguidora del alcalde. Presume Influencias políticas”, dijo.

Ella también se acogió al programa de protección a víctimas y ahora cuenta con resguardo policial.

Días después, María Julia acudió ante la Sindicatura de Procuración Municipal para interponer queja administrativa en contra de la funcionaria. Pidió que el caso sea turnado a la Comisión de Gobernación y al Órgano Interno de Control para que se sancione la conducta de la Síndica, “pues no puede ni debe ir agrediendo a las personas sólo porque es protegida por un presidente municipal, que también fue denunciado penalmente y cuenta en su haber con una sentencia por violencia política”.

Héctor Vicente López Fuentes, regidor presidente de la Comisión de Gobernación en el cabildo de Ahome, dijo que el caso de la síndica de Topolobampo sólo lo conoce por lo publicado en medios de comunicación masiva y redes sociales, pero no por cuestiones legales internas pues ninguna dependencia le ha turnado el asunto.

“Sí llega le entramos a la discusión, el análisis y la resolución, pero no puedo decir nada más porque no tengo un papel del caso”.

Raúl Cota Murillo, regidor secretario en la misma Comisión de Gobernación, opinó que el caso de la síndica de Topolobampo es una muestra más de que las cosas de gobierno en el actual trienio están desvariando y han perdido el rumbo de la prudencia al caer en cuestiones penales.

Al igual que López Fuentes afirmó no tener conocimiento legal y formal del asunto, aún y cuando se le comentó que la ofendida interpondría una queja formal.

Recordó que cuando el caso estalló en medios de comunicación, algunos regidores acordaron entrarle al asunto y establecer una sanción que puede ir desde la amonestación hasta el cese.

“Aunque podemos advertir que sucedería lo mismo que con Irma Delgado, que fue protegida en el pleno por la intromisión del alcalde con su bancada de regidores. Sería un juego. El asunto llegaría hasta una decisión de cese en caso de que la Fiscalía General de Justicia del Estado judicialice el asunto”.