Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera  (UIF) de la SHCP, informó esta semana  sobre el bloqueo de mil 939 cuentas bancarias vinculadas al violento Cártel Jalisco Nueva Generación y ésta noticia fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con tres agregados: Que la decisión respondió a una solicitud del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que se cumplió a través de la UIF y las estadounidenses Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), y que a esta operación se le identificó como “Agave Azul”.

El alcance económico de las cuentas de mil 770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos, representa hasta ahora un monto aproximado de 370 millones de pesos, con domicilios fiscales principalmente en los estados de Jalisco y Colima.

Este operativo de agencias de seguridad binacionales fue calificado por AMLO como “oficial y transparente …y con respeto a la soberanía” y que se dan, agrega, “como parte de los convenios de colaboración entre ambos países” y parten de la lógica de contrainteligencia, de qué, interrumpiendo los flujos financieros ilegales, paulatinamente se van desarmando las organizaciones criminales.

La noticia apareció en medio de la crisis sanitaria y cuándo este cártel ha adquirido visibilidad mediante entrega de despensas a franjas de población pobre en sus zonas de influencia. Este ejercicio de “justicia social” los hemos podido constatar a través de los videos subidos a las redes sociales por esta y otras organizaciones, buscando multiplicar la percepción de la existencia de “cárteles buenos”, cercanos a la gente.

Y si bien el congelamiento de cuentas va más allá del estado de Jalisco, el epicentro de esta organización criminal sin duda es la Perla Tapatía y su zona conurbada, donde  se concentra el mayor número de bloqueos a personas físicas y morales y donde podrían presentarse reacciones en los próximos días o si lo vemos, con algo de agudeza, podrían estar ya saliendo a flote a golpe de bala y una secrecía que despierta dudas.

La muerte de Francis Anel Bueno Sánchez, diputada morenista en el Congreso del Estado de Colima, pudiera ser una reacción por el congelamiento de cuentas producto del operativo “Agave Azul”, por las declaraciones de la madre de la diputada que mencionó que las autoridades federales le pidieron a la familia que no ventilaran el caso en los medios de comunicación y es que su desaparición ocurrió el 29 de abril y su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina el pasado martes o sea un mes después.

Adicionalmente, está la desaparición reciente de 10 policías de Colima de los cuales siete de ellos fueron encontrados sin vida en Manzanillo, mientras el resto, tres mujeres policías y dos civiles fueron liberados por los miembros del CJNG.

Los procesos de alternancia siempre provocan tensión entre los gobiernos y los poderes criminales que se mueven en las regiones. La sustitución por la vía de los votos de personajes corruptos o sometidos al interés de los grupos criminales trae un proceso de ajuste a través de la coacción y la intimidación de los gobernantes.

Por eso, desde hace unos años hemos visto cómo crece el interés de estos grupos en influir en la definición de las candidaturas de los partidos y la operación el día de la elección para que “su gallo” sea el más votado en las elecciones estatales y municipales, incluso en algunos casos, de las elecciones legislativas.

En lo que va de este sexenio el gobierno de la 4T ha sido cauteloso y eso si lo vemos por el incremento de los homicidios dolosos ligados al crimen organizado; podemos afirmar que la política de seguridad pública no ha sido la esperada con la creación de la Guardia Nacional y el mejor ejemplo es que el gobierno de la 4T ha tenido que echar mano de la total militarización “hasta mayo de 2024”, buscando de esta manera abatir el alto número de crímenes dolosos.

Entonces, si la militarización de la seguridad pública se da porque el gobierno federal ve en ella la salida, la colaboración con las agencias estadounidenses podría ser el eslabón que cierre el anillo y eso termine por reducir su capacidad de acción de esta y otras organizaciones que tienen y tendrán un arco amplio de oportunidades cuando se reactive la economía y vayan a la caza de empresas que han quebrado o están en bancarrota en espera de dinero fresco.

Y en esa apuesta de operación, no se puede descartar una escalada de violencia contra los cuerpos de seguridad, como también contra los políticos en funciones de gobierno.

Los acontecimientos de Colima, entonces, no pueden ser descartados como parte de la respuesta que tiene una colaboración en las altas esferas de la burocracia binacional y, como siempre sucede, los costos, frecuentemente se pagan localmente.

Al tiempo.

Artículo publicado el 07 de junio de 2020 en la edición 906 del semanario Ríodoce.