Antes de la primera mitad de su arribo al Gobierno del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova) cambió el azul y naranja por el verde y rojo. Al menos así se puede apreciar en los colores que usó en el documento del Plan Estatal de Desarrollo (PED).

En la primera versión del PED 2011-2016 usó un azul rey, similar al usado en el emblema del Partido Acción Nacional, sin embargo, en la actualización que realizó borró ese color y en su lugar apareció en la edición el verde bandera y rojo, colores usados institucionalmente por el PRI, partido que lo formó en su trayectoria política.

En el primer documento hacía patente el deseo de la ciudadanía de que las cosas públicas fuesen acompañadas de un cambio profundo y que el PED encarnaba con fidelidad las aspiraciones de los sinaloenses.

Con el argumento de un replanteamiento de las metas en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador hizo una actualización del PED. El segundo documento, estableció, repensaba los principales retos y desafíos, los problemas y rezagos fundamentales, y se rediseñaban objetivos, estrategias y acciones.

Al inicio reconocía en el documento que la ciudadanía había perdido la confianza en sus gobiernos, por lo que era necesario un giro en su comportamiento y prácticas, asunto que cambió por la afirmación de que el gobierno de Malova estaba inspirado en un conjunto de valores y principios.

“La confianza se gana con el respeto a la sociedad, acatando la ley y aplicándola con imparcialidad. El gobierno debe demostrar responsabilidad en sus decisiones, en sus compromisos con la sociedad, en sus metas, en sus evaluaciones y la atención y seguimiento de cada  uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos”, podía leerse en la primera versión del PED.

Ya en la segunda versión del PED, Malova prefirió no hacerse el hara-kiri y eliminó esta afirmación sobre la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus gobiernos, para en su lugar hacer referencia a los valores en que se fincaba su administración.

Transparencia y rendición de cuentas

De ocho metas medibles en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, tomando como base el PED, solo tres están en verdes por haberse cumplido como se programó, cuatro aparecen en amarillo, y una en rojo, según el parámetro del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas del gobierno estatal.

Aunque en el PED se establecía que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas ha identificado un área de oportunidad, en la falta de especialización de servidores públicos que había provocado la demora a las respuestas de información de los solicitantes de información, al penúltimo año del gobierno estatal de Mario López tan solo se ha logrado capacitar al 51.79 por ciento de la entidades públicas que integran el poder ejecutivo estatal.

El programa Formación de Transparencia Cien tiene como meta capacitar a la totalidad de entidades, pero al tercer trimestre de 2015, el quinto de gobierno, apenas se ha logrado capacitar a poco más de la mitad de los funcionarios. Los resultados colocan a este punto dentro de la metas en rojo por el retraso en el avance.

A lo anterior se suman en amarillo cuatro metas cuyo avance se coloca en el 66 por ciento de avance: la creación de un centro de denuncia ciudadana anónima, como medio accesible y confiable para que se puedan denunciar actos ilegales o de corrupción; la implementación de un Sistema de Administración de Contenidos Temáticos para la formación de servidores públicos a distancia; el reconocimiento de la participación y buena práctica ciudadana, involucrando al 100 por ciento de los comités de los programas sociales de los 18 Ayuntamientos; y la organización anual de la Semana Estatal de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Entre las metas que aparecen en verde figuran el mantenimiento de un estándar de efectividad en la calidad de las respuestas de solicitudes de información pública; la elaboración de  diagnósticos y recomendaciones de control interno en la administración pública; y la capacitación al 100 por ciento del personal administrativo en materia de auditoría gubernamental, adquisiciones y obra pública.

Como se recordará, el PED fue actualizado a la mitad del sexenio de Mario López Valdez para replantear algunas metas y objetivos en congruencia al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que creó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Hacienda pública

En materia de hacienda pública, el gobierno estatal mantiene un empate entre las metas propuestas y cumplidas, con las que aparecen en amarillo por sus avances.

Entre las metas que no se han podido cumplir, según lo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de Hacienda Pública, se encuentran el incrementar los ingresos estatales propios en un promedio del  5 por ciento anual en términos reales; el mantener el gasto corriente sin incremento en términos reales; y el de formular y publicar el Reglamento de la Ley de Adquisiciones.

Dentro de las metas en verde, por haber cumplido con la expectativas contenidas en el PED se encuentran el destinar a la inversión pública 20 por ciento de los ingresos fiscales ordinarios; el integrar y operar el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Estado y Municipios; así como llevar a cabo el Proceso de Armonización Contable para el Estado y los Municipios.

En la primera versión del PED se hacía referencia a la deuda del gobierno estatal. En el diagnóstico que se hizo entonces aparecía la deuda directa integrada por tres empréstitos, los cuales se empezaron a amortizar a partir de 2012.

“En consecuencia, el servicio de la deuda se incrementará, impactando las finanzas estatales, por lo que recurrir al endeudamiento para financiar la inversión pública deberá ser manejado con prudencia y profesionalismo”.

En la segunda versión del PED ya no aparece la recomendación sobre el manejo de la deuda. Sí el nuevo escenario: “La deuda pública estatal se ha incrementado en los últimos tres años. Al cierre de septiembre de 2013 ésta asciende a 5 mil 577 millones de pesos, que se ha utilizado para financiar inversión pública”.

Al inicio de su administración, el gobierno de Mario López Valdez obtuvo la aprobación del Congreso del Estado para obtener un crédito que solicitó por un total de 2 mil 600 millones de pesos, pese a las recomendaciones de prudencia que inicialmente contenía el PED en materia de deuda pública.

La meta de “reducir el servicio del monto de la deuda” al finalizar la administración de López Valdez, se cambió después en “no rebasar los límites establecidos de la Ley de Deuda del Estado”.

Y se agregó “la exploración de nuevos esquemas de financiamiento alternativo para infraestructura, equipamiento y obras públicas que incluyan la participación conjunta con los municipios, y los sectores sociales y privados”.

Bajo la meta anterior se ampara la propuesta que hizo llegar al poder legislativo, la cual no ha sido aprobada, de impulsar la construcción de hospitales bajo esquemas público privados en Culiacán y Mazatlán, utilizando como garantía el 25 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.