El argumento central para modificar los decretos 976 y 977 de los proyectos para construir los hospitales generales en Mazatlán y Culiacán, ha sido la solicitud que hiciera BANOBRAS al Gobierno de Sinaloa, al requerir el 25 por ciento de las participaciones federales como garantía de pago, con el fin de que la institución bancaria acceda a financiar a los particulares que desarrollarán los proyectos.
Así lo sostuvo durante su comparecencia en el Congreso el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, y de la misma forma lo explicó el gobernador del Estado, Mario López Valdez.
“No fue el contratista, fue BANOBRAS el que nos está haciendo la solicitud de la modificación del decreto para que pueda financiar la obra con los contratistas. BANOBRAS pidió que hiciéramos la modificación del decreto, para nosotros hubiera sido muy cómodo no hacerlo”, enfatizó López Valdez, en una rueda de prensa del 9 de septiembre.
Ese día, ante los medios de comunicación que le cuestionaban el tema, el mandatario estatal garantizó un proceso transparente y abierto, propuso la conformación de un consejo ciudadano que vigile la construcción de los hospitales y se comprometió a facilitar información para que los diputados aprueben la modificación a los decretos.
Pero en la práctica, la solicitud de BANOBRAS no se ha podido justificar y la decisión de modificar o no los decretos es cada vez más cuestionada por los legisladores. Las dudas siguen sin resolverse.
Garantía de pago injustificada
Fechado al 18 de septiembre, la Secretaría de Salud de Sinaloa entregó un expediente al Congreso local, dirigido a las comisiones de Salud y Asistencia Social y la comisión de Hacienda Pública y Administración.
Con su contenido, la Secretaría de Salud pretendía satisfacer los requerimientos de información que el legislativo les solicitó para analizar a detalle la iniciativa de modificación a los decretos 976 y 977.
Además de las corridas financieras de ambos proyectos, los diputados habían pedido específicamente, el documento donde BANOBRAS requirió al Gobierno de Sinaloa el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) como garantía de pago, argumento central de toda la discusión.
Pero los documentos que el Ejecutivo entregó no lograron demostrar la supuesta solicitud hecha por BANOBRAS al Gobierno de Sinaloa.
El expediente del que Ríodoce posee una copia, contiene cinco cartas de intención de financiamiento, enviadas por la Dirección de Proyectos de BANOBRAS y firmadas por Luis Dosal Blanco, director del área, con fecha del 4, 12 y 20 de febrero de 2014.
Las cartas de intención fueron dirigidas a cinco empresas que participaron en la licitación y en ellas se detallan los requisitos que deben presentar para acceder al financiamiento, en caso de resultar ganador.
En 19 puntos, BANOBRAS enlista a las empresas las características del financiamiento, entre los que se incluye el monto del crédito, las tasas de interés, las garantías y los plazos y fuente de pago.
En el capítulo específico de las garantías del crédito, BANOBRAS exige a la empresa cuatro incisos: primero, el 100 por ciento de sus acciones en prenda; en segundo lugar, la prenda sobre los bienes muebles y cualquier derecho a favor del acreditado; en el tercer punto, cartas de crédito o aportación de efectivo para asegurar la aportación de capital de la empresa.
En el último inciso, BANOBRAS requiere los ingresos derivados del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía (fideicomiso que está establecido en los decretos 976 y 977) para garantizar las obligaciones del proyecto, cuando éste no pueda hacer frente a sus obligaciones.
En ninguno de los 19 puntos que se describen en el documento de nueve páginas y que se repite con el mismo contenido para las cinco empresas, BANOBRAS solicita o menciona el 25 por ciento del FAFEF como garantía de pago.
“El documento de BANOBRAS es sólo una carta de intención que le da BANOBRAS a las empresas, donde manifiesta su intención de financiar el proyecto. Tampoco de manera expresa dice que se tiene que comprometer el 25 por ciento de los fondos federales para efecto de que sea viable en ese sentido. Creo que es información insuficiente”, señaló la diputada priista, Sandra Lara Díaz.
El diputado del PRD, Ramón Lucas Lizárraga, quien fue el primero en exponer la irregularidad del proceso ante el pleno del Congreso, coincidió con Lara Díaz en que falta información que sustente la solicitud del Ejecutivo.
“No me explico porqué no se ve toda la información que el caso amerita, creo que si continuara de esa manera, desde mi punto de vista, la 61 legislatura deberá encaminarse a dejar los decretos como están”, sentenció Lucas Lizárraga.
Los recursos en juego
Y es que el punto central de la modificación, más allá de la impugnación que una de las empresas participantes interpuso para invalidar el concurso de licitación (Ríodoce, edición 607), consiste en la cantidad de recursos que Sinaloa podría dejar de utilizar en caso de que, una vez modificados los decretos, se llegará a requerir la garantía de pago.
De acuerdo con la Ley de Egresos de la Federación, en 2013 y 2014, el FAFEF en Sinaloa se ha destinado a tres rubros: programas de medio ambiente y recursos naturales, asistencia social a grupos vulnerables y deuda pública.
En el 2011, el gobierno federal aportó a Sinaloa, a través del FAFEF, 710 millones 394 mil 488 pesos, la cifra fue igual para el 2012 y en el 2013 ascendió a 784 millones 958 mil 720 pesos.
Para el 2014, la participación federal suma los 860 millones 407 mil 783 pesos, de los cuales se destinan 176 millones 609 mil 737 para el programa de medio ambiente y recursos naturales; 302 millones 830 mil 104 pesos para asistencia social a grupos vulnerables y 380 millones 967 mil 942 pesos en deuda pública.
De ese total, el Ejecutivo busca poner en garantía a favor de las empresas GIA S.A. de C.V, ganadora del proyecto para el hospital de Mazatlán y el Consorcio Prodemex S.A. de C.V. , ganadora del proyecto en Culiacán, la cantidad de 215 millones 101 mil 945 pesos para cada empresa.
Es decir, la mitad de los recursos que Sinaloa recibe a través del FAFEF se utilizarían para pagar los hospitales, en caso de que la Secretaría de Salud no pudiera cumplir con su compromiso.
El pasado lunes, las comisiones de Salud y Hacienda en el Congreso tuvieron la primera reunión para a elaborar el dictamen de la iniciativa que busca modificar los artículos segundo y cuarto de los decretos 976 y 977.
La diputada Sandra Lara Díaz, quien no pertenece a ninguna de las comisiones pero ha solicitado estar presente en las juntas, asegura que hasta el momento no hay elementos suficientes para definir el sentido del dictamen.
