El crimen de Karla Contreras originó la investigación contra el exrecaudador de rentas de Quilá
El expediente penal abierto en contra de Miguel Rodríguez Ovalle, ex recaudador de Rentas de Quilá, acusado de falsificar documentos oficiales y expedir 81 placas vehiculares a un mismo nombre, está vinculado con delitos y otros ilícitos perpetrados por el crimen organizado en Sinaloa.
Una de esas placas portaba la camioneta modelo Escalade 2008, negra, con registro VMX-9677, en que fue asesinada a balazos Karla Contreras Rodríguez, de 18 años, en el crucero del bulevar Sinaloa y avenida Eldorado, colonia Las Quintas. El asesinato fue a las 23 horas del 30 de junio de 2013, de acuerdo con los reportes emitidos por las corporaciones policiacas.
El vehículo, considerado de lujo, es propiedad de Eduardo Velázquez Juárez, con domicilio en la comunidad de El Melón, en la sindicatura de Quilá.
De acuerdo a fuentes de Ríodoce, en Eldorado, zona de fuerte control de las huestes de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, existe al menos otro caso de unas 60 placas emitidas a nombre de una persona que aparentemente no existe.
El delito del cual se le acusa al exfuncionarios fue descubierto a partir del crimen de Karla Contreras.
Pero yendo más allá, los hilos de la madeja de este caso de falsificación conducen a otros que tienen qué ver con corrupción, tráfico de influencias, robo de vehículos y delitos diversos, como los homicidios, la mayoría de ellos relacionados o perpetrados por criminales al servicio de los cárteles del narcotráfico.
El recaudador amparado
Miguel Rodríguez Ovalle fungía como recaudador de rentas, cuando fue aprehendido por agentes de una Unidad Especializada en Aprehensiones (Unesa), de la Policía Ministerial del Estado (PME), y llevado al penal de Culiacán.
El aprehendido les dijo a los agentes que es hermano de Rafael Rodríguez Ovalle, oficial mayor del Supremo Tribunal de Justicia, para que no lo detuvieran. Los uniformados igual lo sometieron y llevaron a Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) y a disposición del Juzgado Séptimo Penal.
Fuentes extraoficiales señalaron que no duró ni media hora en estas instalaciones, donde mostró un amparo otorgado por un juzgado de distrito, con el expediente 16/2014, y fue puesto en libertad aunque el proceso en su contra.
Versiones de las autoridades estatales indican que está acusado de expedir 81 placas apócrifas a la misma persona. Otra información indica que el número de trámites falsos podría ser de hasta un centenar, pero no especifican si Rodríguez Ovalle está implicado en todos estos casos.
Todo es falso
Un trámite irregular —con datos o documentos falsos— en la Secretaría de Vialidad y Transportes tiene un costo de 350 y 5 mil pesos, y con esto se pueden obtener placas, licencias y permisos de diversa índole.
De acuerdo con documentos y testimonios en manos de Ríodoce y publicados en abril de 2013, señalan que en algunos trámites, como el de placas para automóviles, los beneficiarios usan, con la complicidad de empleados de esta dependencia, la misma fotografía de la credencial para votar para la expedición del nuevo documento.
Óscar Millán Ochoa, vecino de esta ciudad capital, hizo su trámite de placas el 22 de febrero de este año, pero usó en este una licencia para manejar falsa, con la misma fotografía de la credencial expedida por el IFE. El trámite se realizó para una camioneta Nissan modelo 2012 y el número de folio para la licencia de chofer es B070219882.
Lo mismo hicieron decenas de personas en casos que la procuraduría de justicia encriptó después de asegurar documentos que se encontraban en la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno estatal.
El 2 de abril de ese año, agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) detuvieron a 21 personas, entre ellas cinco empleados de la Dirección de Vialidad y Transportes, por su presunta participación en la falsificación de documentos y sellos para la expedición de licencias y permisos de circulación. Varios de ellos fueron liberados días después por falta de pruebas.
Entre los detenidos había 15 gestores o “coyotes”, quienes fungen como intermediarios en este tipo de trámites.
“Se utilizan sellos falsos, ese es el avance que ahorita tenemos, hay asegurados sellos que son falsos y que corresponden a autoridades diversas, la investigación deriva de una denuncia de Gobierno del Estado. Son 21 personas las que hemos estado declarando en el trascurso de la noche, varios son gestores, son empleados y aparte son personas encargadas de dos negocios donde se tenían sellos falsos”, informó en aquel momento Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la PGJE.
Dijo que gestores y servidores públicos expedían documentos a favor de propietarios de vehículos que luego eran usados en actos delictivos, como robos y asaltos, en el norte de la entidad.
Por su cuenta, Domingo Ramírez, director de Vialidad y Transportes, confirmó que las pesquisas iniciaron luego de las denuncias interpuestas por transportistas y particulares sobre la clonación de documentos oficiales, como permisos para circular, licencias y otros.
También el gobernador Mario López Valdez advirtió que meterían a la cárcel a quien incurra en falsificación de documentos en trámites en Vialidad y Transportes.
“Nosotros recibimos una denuncia donde había elementos donde estaban falsificando actas de nacimiento, licencias, estaban falsificando reportes o partes del Ministerio Público, estaban falsificando facturas de vehículos, incluso estaban robándose identidades de ciudadanos para poder registrar a nombre de algunos de ellos vehículos robados”, señaló.
En un documento enviado por un servidor público —cuya identidad fue omitida por razones de seguridad— a Gerardo Vargas Landeros, secretario General de Gobierno, se advierte que “los asuntos más graves y que dejan más dinero es cuando no se presentan originales de documentos y solo presentan copias fotostáticas y así el delegado con su firma ordena que se le atienda y se le dé trámite para sacar placas”.
La carta fue enviada el 25 de febrero del año pasado y en ésta el quejoso le pide al funcionario que espera sea honesto y responsable para enfrentar la “gran corrupción que está a punto de explotar y ya es generalizada en esta dirección, que depende de la Secretaría General de Gobierno”.
En esta dependencia, agregó, “se han encontrado en decenas de expedientes documentos falsificados, como son facturas de agencias de autos, actas de nacimiento, credenciales del IFE, licencias de manejo falsificadas o auténticas, pero con nombres y domicilios que no son de la persona que la trae”.
En el caso de las licencias se presentan también documentos falsos, domicilios e identidad alterados. Los cobros son de 350 a mil 200 pesos, si se trata de documentos originales y se quiere evitar el examen. En los casos en que se quiere una licencia en la que no aparezca el nombre o domicilio verdadero del solicitante, el cobro es de 2 mil 500 a 5 mil pesos “por no hacer nada y solamente presentarse a recoger la licencia, porque hasta la huella le ponen los coyotes oficiales”
Salpicados
El propio Domingo Ramírez Armenta, titular de Vialidad y Transportes, reconoció que en esa dependencia se hacen trámites de licencias de manejo y tarjetas de circulación falsos, y hasta se reciben exámenes toxicológicos falsos, con la anuencia u omisión de los servidores públicos.
Dijo que cuando han detectado irregularidades de este tipo, los beneficiarios amenazan al personal con tomar represalias y bien los agreden físicamente. Algunos funcionarios o personal de ventanilla han sido golpeados por casos de este tipo.
“Cuando llega un contribuyente a realizar un trámite de registro de unidad y sacar placas, se le hace la observación que la factura presentada es falsa, amenazan a la gente e incluso han amenazado de golpear a trabajadores del área, cuando salen del trabajo por no realizar el trámite”, sostuvo.
En su momento, Ramírez pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) instale un módulo de información y seguimiento en la Unidad de Servicios Estatales (USE), del gobierno del estado, para inhibir estos trámites o investigar si se trata de delitos de otro orden.
Dijo estar dispuesto a que lo investiguen y aseguró que no teme nada porque no ha incurrido en actos ilegales, aunque sí ha aparecido su firma en algunos de estos documentos.
“No solo es la licencia, hace días vino un grupo de la PGR a tomarme declaración sobre unos documentos falsos, donde está mi firma plasmada, me exhibieron ellos la licencia falsa, situación que me parece sumamente grave”.
Karla Contreras, la punta de la madeja
A Kala Contreras Rodríguez la cazaron. La joven, reina de belleza de la Facultad de Contabilidad y Administración (FECA) en ese 2013, fue ferozmente atacada a balazos. Los homicidas usaron dos tipos de armas, una 5.7, conocida como matapolicías por su capacidad para atravesar los chalecos antibalas que usan los agentes de las diferentes corporaciones, y una .45.
La joven de 18 años transitaba por un importante sector de la colonia Las Quintas, a la altura del bulevar Sinaloa, cuando fue ultimada a tiros, en un caso que las autoridades relacionaron con el crimen organizado. Su padre, Rafael Contreras, de 50 años, fue ejecutado en septiembre de 2010, en esta ciudad capital.
Días después del asesinato de Karla Flores, las autoridades reconocieron uno de los hilos de la enredada madeja de corrupción, tráfico de influencias, narcotráfico y otros delitos no menos graves:
“Eso porque en algunos casos la Procuraduría (General de Justicia del Estado) ha detectado vehículos que participan en algunos ilícitos y pide los expedientes, como en el caso de Karla Contreras”, señaló Domingo Ramírez Armenta, en una entrevista publicada por Ríodoce, en octubre de 2013, al referirse a la joven asesinada.
En ese momento, aseguró, las mismas placas de la camioneta Escalade, marca Cadillac, negra, tenía las mismas placas que otros 39 vehículos en la entidad. Pero investigaciones posteriores indican que hay otros 102 expedientes a nombre de la misma persona.
