El gobierno municipal de Ahome abrió el 2025 filoso con la burocracia y cesó a seis trabajadores por diversas imputaciones.

Entre los cesados figuran dos jefes de departamento.

Y aunque ya no cobran en la comuna, los alcances legales de sus conductas aún no concluyen y pueden llegar a ser inhabilitados para ocupar cargos dentro del servicio público.

Algunos de ellos aguantaron tres años de señalamientos, pero finalmente cayeron.

El alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, reveló los casos que dijo no estaban para ser aguantados y mucho menos protegidos; fueron detectados por denuncias de ciudadanos, descubiertos en procesos de revisión y en videovigilancia interna.

Entre estos estaría el Coordinador Rural de Protección Civil que fue separado de su cargo por presuntamente aprovecharse de este para vender pirotecnia en las sindicaturas, principalmente en Higuera de Zaragoza, de donde partió el señalamiento más severo que finalmente le costó el empleo, aunque negó toda relación con la venta clandestina de fuegos artificiales.

Dos casos de supuesto abuso de confianza de personal administrativo de la paramunicipal Instituto Municipal del Deporte. Estos se habrían depositado un sobresueldo en sus cuentas, sin merecerlo y sin reportarlo a sus superiores.

Un caso más de sustracción de materiales y equipos en Servicios Públicos Municipales.

Un supuesto engaño en la Secretaría de la Mujer, en donde se documentó que la jefa del departamento de Acceso Igualitario de Hombres y Mujeres también trabajaba en el Congreso de la Unión

Un caso más fue el de un funcionario rijoso. Este habría reñido con un oficial de Vialidad por una infracción, liándose a golpes.

Y quedaron fuera de sanciones los trabajadores de primer nivel que aprobaron, ejercieron y usaron con criterios personales el presupuesto municipal al otorgar un préstamo a una regidora del ayuntamiento de Ahome del ejercicio 2021-2023 sin tener facultades. El caso fue detectado por la Auditoría Superior del Estado que comprobó que la edil pagó el préstamo, pero ello no borra la ilegalidad del acto.

Dalvingh Iturrios Corrales, confirmó que, a excepción de los trabajadores de tesorería, los seis casos de empleados, anunciados por el alcalde ya fueron separados de sus cargos sin goce de sueldo. No obstante, las investigaciones no se truncan, sino que continúan.

Dijo que, en los casos de robos y mal uso de recursos, se está buscando que devuelvan lo ajeno, para evitar que los casos sean calificados como faltas graves y puedan ser tratados como delitos, aun cuando persistirá como hecho administrativo cuya sanción más elevada es la inhabilitación.

Mientras que en el asunto de Protección Civil está por definirse si se trata de un caso extremo de abuso de autoridad, lo mismo que la trabajadora que laboraba en dos sitios en un mismo horario. Esto último no es que sea una falta grave, pero tiene que ver con códigos éticos, lo mismo que el funcionario rijoso. “Nosotros como funcionarios, hay conductas indebidas que ofenden a la sociedad y para la cual debemos ser ejemplo”.

Todos los casos están en análisis e investigación y pasará algún tiempo para definir las cosas, pero el alcalde dio la orden de separarlos de sus funciones, en un acto de congruencia con los principios de su partido y de la administración municipal.

Sin embargo, esos principios no son aplicables para los funcionarios de tesorería implicados en mal uso del erario, que, según el funcionario, lo integrará la Auditoría Superior del Estado, pues a ellos no los han notificado. La posición de Iturrios contrasta con la de la síndica procuradora, Cecilia Hernández Flores, quien aceptó que el mismo asunto ya les fue entregado y turnado al Órgano Interno de Control para su integración y resolución.

La depuración de personal en la comuna no es nada nuevo. El alcalde Vargas Landeros lo ha intentado en tres ocasiones. La más intensa fue en octubre, cuando en la víspera del inicio de su segundo periodo pidió la renuncia “voluntaria” de todo el personal de confianza desde directores hasta encargados de área. Incluso, distribuyó un formato de renuncia en el que también dejaba sin efecto la indemnización.

El caso fue frenado abruptamente cuando los trabajadores preparaban su defensa laboral.

Para el ex titular del Consejo Municipal de Seguridad Pública y analista político, Martín López Félix, Vargas Landeros organiza una cacería de brujas. “Él pretende eliminar los derechos laborales porque cree que tiene el poder, pero es insensato”.

Para el abogado, el alcalde debe dedicarse a resolver los problemas graves de infraestructura como drenajes colapsados, agua potable insuficiente, iluminar barrios a oscuras y reparar los pavimentos fracturados, en lugar de andar buscando una purga de plazas para acomodar a su equipo.

Artículo publicado el 12 de enero de 2025 en la edición 1146 del semanario Ríodoce.