Transparencia Sinaloa, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, será ahora quien dirima, sin una deliberación colegiada, las quejas que presenten los usuarios cuando consideren que no se atendió en tiempo y/o forma una solicitud hecha a cualquier dependencia del gobierno del estado.

Así se contempla en el proyecto de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información que envió al Congreso del Estado el gobernador Rubén Rocha Moya.

Así, por ejemplo, si un solicitante pide los gastos de viáticos de un funcionario estatal y la dependencia no responde o proporciona la información, será Transparencia Sinaloa quien deberá resolver la queja.

Aunque el nuevo modelo, basado en el esquema de la Ley General, argumenta que se busca racionalizar el gasto y la implementación de políticas de austeridad al eliminar estructuras redundantes que representan una carga financiera considerable, en realidad el costo puede ser mayor. En primera se extingue la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), un órgano autónomo, para en su lugar crear otro, pero desconcentrado, llamado Transparencia Sinaloa, sin autonomía.

Adicionalmente cada uno de los sujetos obligados —actualmente existen 250— deberá habilitar dentro de sus contralorías, llamadas hoy en día Órganos Internos de Control, personal para que funcione como instancias garantes del ejercicio del derecho de acceso a la información. Cada sujeto obligado deberá mantener sus unidades de Transparencia para recibir y gestionar las solicitudes de información.

La ley estipula lo anterior para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los órganos constitucionales autónomos, pero no contempla expresamente como sujetos obligados a los partidos políticos, universidades ni sindicatos, como sí lo hacía la legislación anterior, que incluso señalaba un catálogo de obligaciones específicas para éstos.

Paralelamente funcionará un Subsistema de Transparencia en Sinaloa, el cual presidirá el Poder Ejecutivo, para manifestar opiniones sobre la política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La propuesta regresiva, busca demoler: comisionado de CEAIP

Para el comisionado de la CEAIP, José Alfredo Beltrán, la propuesta de la nueva Ley de Transparencia se ciñe al mandato federal, elimina al árbitro, todo vestigio de participación ciudadana, prevalece el control total de la información y las decisiones; a lo que deben sumarse los vacíos e incógnitas jurídicas.

Lamentó que la nueva legislación desaparecerá cualquier trabajo de análisis y deliberación colegiada que marcaba la existencia de los órganos garantes como la CEAIP, que ahora pasará al terreno de la unipersonalidad y la discrecionalidad de funcionarios que están subordinados jurídicamente a jefes, que a su vez tienen un tema más de componente político que ciudadano.

Ahora los gobiernos, entiéndase poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pasan a controlar todas las etapas de solicitudes de información, resolución de impugnaciones y de denuncias, bajo una sola mirada que monopolizará la forma en cómo se ejerce el derecho humano.

En caso de sindicatos y partidos políticos está desmantelado; el riesgo es que se caiga en vacíos, advirtió. En otras entidades se han determinado que sean instancias federales las que tengan la vigilancia, pero la gran interrogante que se plantea es qué pasará con los partidos políticos locales, si el INE monitoreará los fondos públicos que reciben de carácter estatal, o sobre los recursos de los partidos nacionales que reciben presupuesto estatal; situación similar de vacíos estará para los sindicatos estatales y municipales.

Planteó que en el caso del derecho de protección de datos personales no está claro qué pasará porque no se ha presentado esta como parte de la legislación secundaria, las cuales también atendía la CEAIP.

Entre los vacíos de la nueva ley propuesta están los Ayuntamientos que no están contemplados cómo órganos garantes y está ambiguo si entrarían en la injerencia del órgano de Transparencia Sinaloa, lo cual podría ser violatorio de la autonomía municipal.

El tema de los gobiernos municipales cobra especial relevancia en materia de transparencia ya que en forma global representan más del 50 por ciento de solicitudes que se han presentado y en el número de recursos de revisión y denuncias que se han registrado ante la CEAIP.

Otro dato que ilustra la regresión del nuevo modelo de transparencia es el aumento del tiempo de respuesta de solicitudes de 10 a 20 días hábiles, además del derecho a prórroga de cinco a 10 días, precisó.

Acusa Iniciativa Sinaloa falta de socialización de rocha

Entre los cuestionamientos que hace la organización Iniciativa Sinaloa es la falta de socialización de la nueva Ley de Transparencia que envió el gobernador, sin dar oportunidad a la sociedad civil de nutrir el documento.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, advirtió que existe un retroceso inminente en el derecho de acceso a la información pública con la nueva legislación que se propone, la cual podría ser impugnable en materia de progresividad de los derechos humanos, al eliminar disposiciones, como por ejemplo desaparición de la CEAIP y la sustitución de autoridades garantes que actuarían como juez y parte en resolución de recursos ciudadanos cuando se niegue la información.

El Gobierno del Estado no puede revisar información de los municipios por un tema de competencia, es decir, de autonomía municipal, aseguró.

Información relevante de partidos como listado de militantes, convenios, acuerdos y resoluciones, contratos y convenios de arrendamiento de bienes y servicios, montos de cuotas ordinarias y extraordinarias, por ejemplo, ya no se encontrará; ahora si hay una inconformidad, el ciudadano tendría que acudir al IEES.

Puntualizó además que en el tema de la denuncia ciudadana se debilita, pues la nueva legislación no establece el camino a seguir si se quiere presentar una queja por opacidad; elimina además mecanismos de participación y apertura como la transparencia proactiva, el Gobierno Abierto, el Consejo Consultivo que estaba integrado por ciudadanos.

Alertó que va a permitir reservar información sobre gastos públicos, por ejemplo, antes se tenía más información a transparentar, pero ahora se disminuirán.

La contratación pública, lo reduce a solo conceptos, al pasar de un catálogo muy detallado y específico, a obligaciones comunes diluidas a transparentar, debilitando el principio de máxima publicidad, situación grave que ahora se queda en el terreno de la discrecionalidad.

Señaló que la ley no establece requisitos sobre los perfiles idóneos que están a cargo de los órganos garantes, al excluir en el proyecto cuáles serán los procedimientos para su nombramiento.

Artículo publicado el 26 de abril de 2026 en la edición 1213 del semanario Ríodoce.