Maribel Chollet, regidora por Mazatlán, y PRI Sinaloa presentan solicitud de auditoría forense ante ASE y denuncia penal ante FGE por presuntas irregularidades en licitación de camiones recolectores en Mazatlán.
También señala una solicitud de auditoría específica con enfoque financiero, de cumplimiento normativo, de desempeño y, en su caso, forense ante la Auditoría Superior del Estado, relacionada con la Licitación Pública Nacional MMOM-LP-06-2026, instrumentada por el Ayuntamiento de Mazatlán para la adquisición de cuatro camiones recolectores de basura nuevos para el Departamento de Aseo Urbano, por un monto públicamente referido de 17 millones 799 mil 040 pesos.
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La acción institucional se funda en la existencia de datos e indicios que ameritan una investigación seria, objetiva y exhaustiva, particularmente por la presunta aparición de cuatro unidades recolectoras rotuladas con imagen institucional del Ayuntamiento de Mazatlán y con la leyenda “Mazatlán, te quiero limpio” antes de la emisión formal del fallo de la licitación.
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El PRI Sinaloa sostiene que la investigación debe reconstruir la trazabilidad completa de la operación: convocatoria, bases, anexos técnicos, actas, diferimiento del fallo, propuestas, dictámenes, fallo, contrato, suficiencia presupuestal, facturas, pagos, recepción, inventario, resguardo, rotulación, ubicación física de las unidades, origen comercial de los camiones, taller que realizó la rotulación, autorizaciones de imagen institucional, comunicaciones internas y externas, así como posibles vínculos familiares, societarios, comerciales, de representación, apoderamiento o beneficiario controlador entre las empresas participantes.
La denuncia penal solicita que el Ministerio Público investigue, entre otras posibles hipótesis, desempeño irregular de la función pública, negociaciones ilícitas, abuso de autoridad, peculado en caso de acreditarse disposición o aplicación indebida de recursos públicos, cohecho si aparecen dádivas o beneficios indebidos, tráfico de influencia, promoción de conductas ilícitas por particulares, cohecho cometido por particulares, falsedad o alteración documental, ocultamiento, destrucción, modificación o uso ilícito de documentos, así como cualquier otra conducta que resulte de los actos de investigación.
La solicitud de auditoría forense busca que la Auditoría Superior del Estado revise la legalidad, razonabilidad, trazabilidad financiera, suficiencia presupuestal, destino de recursos, cumplimiento normativo y posible afectación al patrimonio público municipal.
