El periodista Alfredo Jiménez Mota desapareció hace 21 años (2/04/2005). Cuatro presidentes de la República han pasado desde entonces y más de seis fiscales generales han prometido investigar sin resultado alguno, ante unos padres que temen morir sin saber del paradero de su hijo. Un caso que se resume en una palabra: impunidad.
Al periodista no solo lo desapareció la delincuencia organizada vinculada al grupo de “Los Salazar” que operaba en la sierra de Sonora, sino también el Estado y su burocracia que poco o nada ha hecho y ha dejado que el tiempo borre sin piedad las huellas de Alfredo. El expediente de investigación de Alfredo ha sido uno de los más revisados y analizados por quienes han pasado por la SIEDO hoy FEMDO e incluida la actual FEADLE, pero ninguno de ellos ha logrado localizar al periodista. ¿Qué han dejado de hacer?
En este caso el Estado mexicano solo reaccionó cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el Informe de Solución Amistosa No. 171/22, el 25 de julio de 2022, en el cual se aprobó el acuerdo por la desaparición forzada del periodista Alfredo Jiménez Mota. Previamente, la Comisión declaró admisible el caso mediante el Informe No. 58/15 el 17 de octubre de 2015.
El informe concluyó en una disculpa pública a la familia de Alfredo en diciembre de 2021, a nombre del Estado mexicano, que dio el entonces Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el compromiso que sigue pendiente hasta la fecha es continuar con la búsqueda efectiva, medidas de reparación integral, atención médica a la familia y medidas de no repetición. La disculpa quedó en eso, han transcurrido cinco años y cuatro meses de que el Estado asumió su responsabilidad, pero Alfredo sigue sin ser localizado y los perpetradores de su desaparición siguen libres.
El caso Jiménez Mota forma parte de los más de 132 mil desaparecidos en México pero también de los 28 periodistas que siguen sin aparecer desde el año 2005 hasta la fecha. Todos ellos han pasado por la misma situación, nadie investiga, nadie los busca, es más, algunas autoridades incluidas las encargadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidos o no Localizadas, que depende de la Secretaría de Gobernación, los registran como desaparición “sospechosa”, es decir ponen en duda su desaparición y hasta los funcionarios del Bienestar van a buscar a sus familias a su domicilio para darles su tarjeta del bienestar, lo que es una burla imperdonable para sus familias.
Por esta y muchas razones es que por lo menos de los 28 casos de periodistas desaparecidos en México, cinco de estos han sido llevados a las instancias internacionales, el primer caso fue el de Alfredo Jiménez Mota, que fue llevado por la Sociedad Interamericana de Prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015.
En 2022, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica presentaron los primeros dos casos de periodistas desaparecidos al Comité de Derechos Humanos de la ONU, se trata de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y Mauricio Estrada Zamora, ambos de Michoacán. En 2023, el Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió ambos casos e inició el procedimiento de análisis, solicitando información al Estado mexicano.
En agosto de 2025, ambas organizaciones presentaron dos casos más, el de los periodistas María Esther Aguilar Cansimbe y José Antonio García Apac, casos que se encuentran ahora en etapa de revisión por el Comité. La pregunta ante ello es ¿que hizo que las familias y las organizaciones decidieran recurrir a las instancias internacionales?: la impunidad que hay en torno a estos casos, donde ha trascurrido más de una década de su desaparición, y donde las familias han enfrentado abandono y silencio por parte del Estado.
La negación es una de las reacciones primeras del gobierno de México ante situaciones graves de derechos humanos, la postura actual no ha sido distinta. En 2023, cuando el Comité dio a conocer su informe de visita a México, AMLO dijo que este era tendencioso y que no tenían autoridad para cuestionar su gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum y diferentes instancias de su gobierno no han hecho más que repetir el discurso primero de rechazo y luego lo descalifican y no bastando con ello, se sienten ofendidos. Aceptar el informe y la cooperación técnica de la ONU sería una oportunidad para que el gobierno refrendara su compromiso con los derechos humanos a nivel internacional.
Son estos casos y los hechos de más 132 mil personas desaparecidas en México, con sus miles de historias dolorosas y el contexto en el que ocurrieron que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU aplicó por primera vez para México el Artículo 134 de la Convención al encontrar indicios de que la desaparición forzada se práctica de forma “generalizada o sistemática”, lo que ha causado tanto escozor a las autoridades mexicanas porque defienden ser diferentes.
La visita a México este fin de semana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se enmarca en este contexto de tensiones entre el gobierno mexicano, y el CEDH de la ONU, pero sobre todo en un contexto de crisis ante las desapariciones forzada en México. Solo espero que el gobierno de la presidenta Sheinbaum sea más humilde y tome una postura humanista tal como predica la 4T y por el bien de las familias de los desaparecidos prevalezca el diálogo.
Artículo publicado el 19 de abril de 2026 en la edición 1212 del semanario Ríodoce.
