Enfrentamientos y explosivos lanzados con drones de forma constante, han llevado a familias a abandonar sus hogares

La sindicatura de Tepuche continúa sufriendo las consecuencias de la guerra entre las facciones conocidas como Mayos y Chapos. Tan solo la semana pasada, habitantes de la zona denunciaron un enfrentamiento; sin embargo, el saldo oficial reportó únicamente a una persona lesionada.

Los enfrentamientos en la sindicatura se registran desde el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, lo que ha provocado el desplazamiento de familias de comunidades como Caminaguato, Tecolotes, La Pitahayita, Paso del Norte, La Vainilla, El Guasimal, Molo Viejo, Los Algodones y Juntas de Bagrecitos.

Los testimonios de los habitantes coinciden especialmente en la presencia de drones operados por el crimen organizado que sobrevuelan la zona y lanzan explosivos improvisados en áreas deshabitadas o incluso dentro de las comunidades. Además, aunque se destaca la presencia de elementos militares, los enfrentamientos suelen reanudarse una vez que estos se retiran.

Fernando (nombre ficticio) muestra las costras de las heridas que sufrió hace una semana. Las tiene visibles en ambos brazos y piernas, además de los lagrimales enrojecidos. Primero escuchó disparos afuera de su casa, algo que se ha vuelto constante en la zona. Después escuchó cómo los disparos se acercaban a su cuadra, hasta que de pronto civiles armados intentaron forzar la puerta de su vivienda.

Los pistoleros trataron de entrar por la puerta principal, disparando contra la chapa. En lugar de abrirla, solo lograron dañarla y dejarla atorada. Finalmente, los sujetos ingresaron por la puerta trasera y sacaron a Fernando y a su abuelo, arrastrándolos hasta el patio. Calculó que entre 10 y 15 hombres participaron en el ataque.

Fernando fue golpeado por los sujetos, quienes lo acusaron de ser pistolero de una de las facciones en disputa. Él lo negó es y explicó que trabajaba como albañil. Le respondieron que no se hiciera tonto y continuaron golpeándolo, mientras que a su abuelo lo sostenían del cuello, ahorcándolo.

La golpiza continuó hasta que uno de los hombres avisó que militares venían en camino. Entonces salieron corriendo, pero antes uno de los civiles armados disparó a los pies de Fernando.

Ni los malandros ni las autoridades, defendió Fernando, encontraron algo en su casa, ni siquiera una pistola.

“Me dijeron (las autoridades): ‘¿Quieres levantar una denuncia?’. ¿Cómo levanto una denuncia si son como más de 40 personas? Ya lo que pasó, ya pasó, y lo bueno… que no se metan conmigo y ya”.

Relató que en algunos casos han “levantado” a familias de la comunidad y después las liberan, pero hay dos o tres miembros que no corren con la misma suerte.

“Quieren sacarle información a uno, a huevo, pero uno ¿qué?, uno no tiene nada qué ver. Quieren que uno les diga lo que uno ve; si uno mira unos pistoleros y son de una (facción) y otros son de otra, quieren que uno a huevo les diga algo o que uno los ande vigilando, porque ellos no pueden o así. Por eso lo golpean a uno”, expresa.

Después de esa situación, Fernando y su abuelo tuvieron que salir de Tepuche. Ya habían pensado en irse antes, pero la situación en la comunidad se había mantenido en relativa calma. Los militares iban y venían por la zona, lo que les daba cierta tranquilidad. Sin embargo, en ocasiones el Ejército se retiraba por descansos o relevos de personal y entonces los hombres armados regresaban a enfrentarse.

La violencia en la localidad ha sido constante. Desde la golpiza que sufrió, recuerda al menos tres enfrentamientos consecutivos. Antes, comenta, ocurrían en la parte alta de la zona, en áreas enmontadas o rumbo a la comunidad de Agua Blanca, pero ahora son dentro del poblado.

Ataques con drones, de día y de noche

El lanzamiento de bombas desde drones también se ha vuelto una constante. Ha habido días, dijo, en que llegan a lanzar entre 15 y 17 bombas. En una ocasión, relató, lanzaron un explosivo contra los cables de electricidad para dejar sin luz a la comunidad. En otra, arrojaron una bomba contra una gasolinera para impedir que hubiera dónde cargar combustible. Incluso una patrulla de la Guardia Nacional se incendió por un explosivo a un costado de la iglesia de Tepuche.

Fernando ha visto las bombas improvisadas porque algunas son lanzadas, pero no explotan, quedando en el monte o porque son encontradas por la gente. Las describió como tubos que en la parte superior tienen un ala en forma de X para cortar el viento; en ocasiones llevan varillas pegadas con cinta y también contienen clavos u objetos cortantes como ponchallantas. Las familias, mencionó, temen que un niño pueda pisar uno de estos artefactos.

Sobre esa misma semana en que ocurrieron los hechos contra Fernando, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil informó que hubo reportes de detonaciones de arma de fuego y de explosivos en Tepuche, los cuales fueron atendidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Señaló que no tenía más detalles de lo ocurrido y que en la mesa de seguridad estatal y municipal no se reportó algún hallazgo en la comunidad.

Esa misma semana, Lucía (nombre ficticio) acogió en su hogar en Culiacán a una familia de seis integrantes, cuatro adultos y dos niñas, una de 8 meses y otra de 6 años, originarios de Tepuchito. Eran conocidos de ella y le enviaron un video de cómo su vivienda fue dañada por el lanzamiento de un explosivo.

Lucía es desplazada de la comunidad de La Pitahayita, en la sindicatura de Tepuche. Llegó a la ciudad el 1 de septiembre de 2025, luego de que habitantes de la comunidad les dijeran que debían irse por la situación de violencia. Nunca fueron amenazados directamente, pero se rumoraba que en comunidades cercanas como Tepuche, Paso del Norte y San Cayetano había enfrentamientos. También se habló de la agresión física a un profesor de una comunidad; dejaron de llegar productos comerciales y comenzó a comentarse la presencia de grupos armados en los caminos.

Sin embargo, lo que finalmente desencadenó su salida fue cuando los grupos criminales comenzaron a lanzar drones con explosivos contra casas de personas que no tenían relación con la delincuencia.

Se dirigió a La Guásima, sindicatura de Jesús María. Allí permaneció tres días, durante los cuales escuchó los estruendos de más bombas y ráfagas de disparos.

“Duramos tres días. Día y noche tiraban a una comunidad que estaba a 4 kilómetros de otra, y ya empezaron a caer bombas en esa comunidad en la que estábamos, que estaba llenísima; había más de 300 familias. Se salieron también; quedamos nosotros y tres familias, y cuando dejaron caer una bomba a un camión de la Pepsi dijimos: ‘ya van a aventar aquí’”.

Llegó a Culiacán en septiembre. Durante los primeros meses vivió en el lugar donde actualmente se encuentra, en un solo cuarto en el que dormían ocho adultos y nueve niños, situación que se mantuvo hasta diciembre.

En su nuevo hogar, Lucía reflexiona sobre el impacto que tuvo en sus hijos, niños aún pequeños, hablarles de las explosiones que vivieron en La Pitahayita y las expresiones de angustia que llegó a mostrar frente a ellos.

“Aquí todos los días queman basura y como que explotan botes de spray o algo que truena. Los niños míos lloraban y decían: ‘oí, tiraron una bomba, cayó bien cerquita’, y mi niño, que tiene 5 años, lloraba y en la noche se despertaba, porque en la noche es cuando queman basura”, relató.

Lucía ya había vivido otro desplazamiento en 2020, cuando grupos de la delincuencia organizada se enfrentaban en la sierra de Tepuche. Después regresó a La Pitahayita, donde permaneció durante dos años, hasta que nuevamente tuvo que salir. En aquel año, recordó, solo se registraban enfrentamientos; aun así, las personas podían acudir a la comunidad e incluso algunas familias lograron quedarse. Esa experiencia le dejó un lugar al que pudo recurrir cuando los enfrentamientos regresaron años después.

Lucía es instructora del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Luego del desplazamiento comenzó a impartir clases desde su casa con el esquema de dos días en línea y tres presenciales. Le informaron que a partir del viernes 6 de marzo solo funcionaría el servicio si los niños ya no regresaban a su comunidad.

“La indicación que se dio por parte de Conafe es que ya no hay clases en línea, que si no es presencial, ya no. Pero igual yo trabajo presencial; si ya no estoy en la comunidad, el servicio se va a cerrar y nosotros tendremos que meternos a escuelas tradicionales de la SEP”.

Relató que el único acercamiento que tuvieron por parte del Ayuntamiento fue la realización de un censo a las familias desplazadas. Les preguntaron cuándo salieron de sus comunidades, si deseaban regresar, si sus hijos estaban inscritos en la escuela y si contaban con uniformes o útiles, además de si tenían animales, trabajo, si pagaban renta y en qué condiciones dormían.

Les explicaron que la información sería utilizada para llevar un control de las familias y conocer sus necesidades. También les pidieron mantenerse atentos, pero hasta el momento no han recibido ninguna llamada. Lucía explicó que incluso intentó abogar por otras familias que viven en la misma zona, pero le respondieron que el registro únicamente correspondía a su familia.

La titular de la Secretaría de Bienestar Municipal de Culiacán, Itzel Estolano, informó que el Ayuntamiento ha atendido a familias desplazadas de Tepuche mediante estudios socioeconómicos para identificar sus necesidades. Señaló que, con base en esos diagnósticos, se han entregado despensas y se evalúa otorgar apoyos productivos, como kits para pequeños emprendimientos, desde herramientas para oficios hasta insumos para la elaboración de alimentos. Indicó que el registro de familias continúa, por lo que aún no se cuenta con un total de personas atendidas en lo que va de 2026.

“Hay muchos más ranchos para allá arriba en los que uno no conoce a las personas, pero sabe de todas las que están desplazadas que hay. Más que nada los síndicos y comisarios deben de saber cuántas rancherías están desplazadas. De parte del síndico no hemos recibido tampoco algún apoyo ni alguna respuesta o algo, o que nos planteen alguna situación, nada. Nosotros estamos aquí por seguridad de uno, pero no por indicaciones o apoyo de algún gobierno, la verdad no”, expresó.

 Artículo publicado el 08 de marzo de 2026 en la edición 1206 del semanario Ríodoce.