La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se cometieron una serie de ataques contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Todo comenzó cuando el grupo de estudiantes se trasladó a Iguala para “tomar” autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, por la represión contra estudiantes acaecida en 1968.
En la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” estudió Lucio Cabañas Barrientos, quien después sería presidente de una organización de Normales Rurales que aglutinaba a 29 instituciones educativas. Después ingresó al Partido Comunista Mexicano (PCM), y enseguida formaría el Partido de los Pobres, en la sierra de Guerrero.
Los policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a cinco transportes con la ayuda de otras corporaciones y de civiles. Detuvieron a 43 normalistas, a quienes desaparecerían. Esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no sólo por parte de agentes estatales sino también por la de algunos civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de la organización criminal “Guerreros Unidos”, fuertemente vinculada con las instancias estatales presentes en esa zona guerrerense.
Jesús Murillo Karam, titular de la entonces Procuraduría General de la República, fue el autor de la llamada “verdad histórica”, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se afirmó que los jóvenes fueron asesinados y cremados por integrantes de un grupo llamado Guerreros Unidos, en el basurero del municipio de Cocula. El gobierno de Peña Nieto siempre trató de ocultar los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades federales, estatales y municipales.
La presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha demostrado que la mal llamada verdad histórica fue una construcción —elaborada desde el gobierno federal— para encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso. La complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado.
El 18 de agosto de 2022, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, Alejandro Encinas, se reunió con los familiares de los estudiantes. Luego, dio a conocer los avances de la investigación y aseguró que la desaparición “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”. Asimismo, comentó que durante el proceso 26 personas, la mayoría integrantes de Guerreros Unidos, fueron ejecutadas, por lo cual se descarta valiosa información en la investigación.
Lo sucedido en la reciente marcha de padres y amigos de los desaparecidos de Ayotzinapa, donde quemaron un camión frente a las instalaciones del Campo Militar Nº 1, es un acto a todas luces reprobable. Cualquier tipo de violencia es reprobable.
No hay duda, Ayotzinapa representó el Waterloo de Enrique Peña Nieto. Después de estas desapariciones forzadas, su fuerza como gobernante se vio mermada.
Trabajar para que nunca más vuelva a suceder otro Ayotzinapa, debe de ser el compromiso de todos los mexicanos, para que sigamos viviendo en un México donde se preserven las libertades.
