La Fiscalía no logró acreditar que Baltazar Valdez Armentía y dos agricultores más tomaron el aeropuerto y Pemex en 2023 con la intención de trastornar la vida económica del país

Lea: Imputan a Baltazar Valdez por la toma de Pemex en Topolobampo y el aeropuerto de Culiacán

Para la Fiscalía General de la República (FGR), la toma del aeropuerto y las instalaciones de Pemex el año pasado fue con la intención de trastornar la vida económica del país, pero para el juez de control los agricultores solo estaban ejerciendo un derecho con un fin legítimo.

La semana pasada, el juez Alejandro Bermúdez, dictó auto de no vinculación a proceso a los líderes agrícolas Baltazar Valdez Armentía, Felipe Zevada y Jesús Antonio Rojo.

Los tres fueron detenidos con órdenes de aprehensión por los delitos de sabotaje y contra el consumo y la riqueza nacional por las manifestaciones que hicieron en 2023 en el aeropuerto de Culiacán y las terminales de Pemex en Topolobampo y Culiacán.

Los agricultores fueron detenidos el pasado 15 de mayo y presentados ante el juez al día siguiente, y el martes 21 continuó la audiencia en la que los fiscales no lograron la vinculación a proceso.

La FGR los acusó que bloquear las instalaciones de Pemex en Culiacán del 11 al 15 de mayo y Topolobampo del 8 al 15 de mayo; y las del aeropuerto de Culiacán del 13 al 15 de junio.

De acuerdo con el ministerio público, con el bloqueo a las instalaciones de Pemex afectaron la distribución de combustibles a las terminales de Culiacán, Guamúchil, El Fuerte y Navojoa, y la paraestatal tuvo daños por 119 millones 953 mil 736 pesos.

El aeropuerto, dijo, informó que no tuvo afectaciones económicas por el bloqueo.

Durante la audiencia, Baltazar rindió su declaración en calidad de imputado y dijo que las protestas tenían el fin presionar para obtener un mejor precio del maíz y trigo.

Señaló que era urgente obtener una respuesta por la proximidad de las cosechas.

“Estamos aquí para defendernos de las acusaciones de la Fiscalía, somos productores, no somos delincuentes”, expresó.

El líder agrícola mencionó que ellos no cerraron Pemex, sino que fue el mismo personal de la paraestatal el que detuvo las operaciones.

Detalló que ellos estaban a varios metros de la puerta y a las instalaciones entraban y salían vehículos del personal.

En el caso del aeropuerto, abundó, fue la Guardia Nacional la que bloqueó las entradas y salidas de la terminal por seguridad.

“Fue en términos de paz, sin agresiones, no andábamos armados, somos el sector que le da seguridad alimentaria al país”.

Mencionó que ellos mismos anunciaron que harían manifestaciones en Pemex y en el aeropuerto, con la intención de que las autoridades los atendieran para evitarlas, pero no sucedió.

El ministerio público dijo que la Constitución garantiza el derecho a manifestarse, pero no todos los derechos son absolutos.

Aseguró que los agricultores sabían que estaban cometiendo un delito y perturbaron el orden público y perjudicaron a terceros.

“Sabían los alcances de sus conductas escudándose en que son manifestaciones para ser escuchados”, expresó.

Señaló que trastornaron la vida económica del país y existió la posibilidad de un estallido social por un posible desabasto de combustible.

Por el delito de sabotaje, dijo, la pena es de dos a 20 años de prisión, pero en este caso por tratarse de instalaciones de hidrocarburos aumenta de tres a 30 años; y por el delito contra el consumo y la riqueza nacional la condena es de dos a nueve años de cárcel.

El ministerio público hizo la imputación por la toma del aeropuerto y de Pemex, pero solo Pemex presentó denuncia.

El juez Alejandro Bermúdez explicó que para que se cometa el delito de sabotaje, la toma de las instalaciones debió tener como fin trastornar la vida económica del país.

De los datos de prueba que presentó la Fiscalía, abundó, se establece que el fin de las manifestaciones era conseguir una audiencia con los gobiernos federal y estatal para exigir lo que ellos consideraban el precio justo para el maíz y el trigo.

Detalló que no hubo daños a las instalaciones de Pemex ni del aeropuerto ni violencia hacia terceras personas.

“El delito contra el consumo y la riqueza nacional lo comete quien obstruye o impide en forma total o parcial, el acceso o el funcionamiento de inmuebles de la industria petrolera sin tener derecho”, explicó.

En este caso, precisó, los agricultores estaban ejerciendo sus derechos a la manifestación y a la reunión o congregación.

“No se puede considerar ilegal una reunión o protesta que tiene como fin hacer una petición”, expresó.

Los agricultores, precisó, estaban evidenciando un problema que afecta las necesidades básicas.

“Estaban haciendo ejercicio de su derecho de reunión y manifestación con un fin lícito”, expresó.

El juez consideró que no se actualizaban los delitos que imputó la FGR y dictó auto de no vinculación a proceso.

Baltazar, Felipe y Jesús fueron detenidos el 15 de mayo y, un día después, puestos en libertad debido a que la FGR no presentó datos de prueba suficientes para que el juez dictara la prisión preventiva justificada.

Como medida cautelar el juez les impuso la prohibición de salir del estado y acercarse a las instalaciones de Pemex y el aeropuerto, pero estas medidas fueron levantadas el martes pasado después del auto de no vinculación a proceso.

Artículo publicado el 26 de mayo de 2024 en la edición 1113 del semanario Ríodoce.