Fui votante de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, 2012 y 2018, incluso, en 2006, como miembro del Consejo local del IFE, junto con otros revelamos las inconsistencias en el conteo de la elección presidencial. Sin embargo, aquel movimiento hoy al servicio de Claudia Sheinbaum no responde a las expectativas que muchos mexicanos progresistas teníamos y asoma una regresión democrática.
Primero, con Xóchilt, veo que, en caso de ganar la elección presidencial, habrá un cambio en el estilo de gobernar, los mexicanos transitaremos de una narrativa populista, egocéntrica con poco o nulo respeto por los adversarios a otra, donde, el respeto de la figura presidencial y abierta a la crítica será la constante en la relación de gobernantes y gobernados.
Segundo, con ella, veo la posibilidad de recuperar la vía democrática de la negociación y el acuerdo político interpartidista que se ha perdido con la crispación y polarización del gobierno de López Obrador y que pretende profundizar el llamado segundo piso de la 4T en menoscabo de las instituciones de la transición a la democracia.
Tercero, también, con Xóchitl las coaliciones de gobierno están en su programa electoral y eso, aleja la posibilidad de un renovado sistema de partido hegemónico o peor de partido único, abriendo la posibilidad, mediante la negociación para avanzar como lo sostenía Porfirio Muñoz Ledo hacia un sistema semi-presidencialista o, abiertamente parlamentario, como funciona eficazmente en las democracias más estables del mundo.
Cuarto, así mismo, esta definición alejaría para siempre la reedición de un gobierno de “un solo hombre” todopoderoso, cuando podría estar sujeto a un verdadero sistema de contrapesos con relación a la unión y el respeto a las minorías políticas y sociales.
Quinto, Xóchitl impulsará una reforma de fondo en el Poder Judicial que estaría sujeta a la negociación y revisión constitucional del Poder legislativo como también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca más por debajo de los consensos parlamentarios, y menos, todavía, con la “gestión de casos” que hizo, el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
Sexto, votar por Xóchitl garantiza recuperar la interlocución con los actores sociales más vulnerables y lastimados para definir políticas públicas y acciones de gobierno para resarcir los daños ocasionados por la violencia criminal, la mala gestión y la corrupción, como también impulsar un verdadero federalismo que evite los excesos de los autócratas de los estados.
Séptimo, votar por Xóchitl es garantía de negociación con el Congreso de la Unión los apoyos sociales del Estado mexicano, si se logran los consensos, pueden ser mejorados, pero, sin que esto signifique, restar en materia de presupuesto en servicios públicos de salud, vivienda, infraestructura, seguridad.
Octavo, con Xóchitl llegará a su fin la política de seguridad de “abrazos no balazos” y esto habrá de significar una nueva estrategia de combate al crimen organizado mediante el fortalecimiento del sistema de seguridad nacional y la llamada política de seguridad hemisférica con Estados Unidos y Canadá.
Noveno, así mismo, un nuevo modelo de lucha contra la corrupción que en esta gestión ha sido un fiasco con una nueva generación de corruptos que pasa por la familia presidencial y funcionarios que han estado vinculados a las obras emblemáticas de este sexenio.
Décimo, esta oferta de restablecimiento democrático tendría grandes desafíos y amenazas, especialmente de parte de los gobernadores morenistas, pero, también, la base esperanzadora de una ciudadanía convencida de la necesidad de conservar los mínimos de convivencia social y política.
Artículo publicado el 26 de mayo de 2024 en la edición 1113 del semanario Ríodoce.
