Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), advirtió que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, como plantea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en atención a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podría liberar a 68 mil presuntos delincuentes.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, Alcalde Luján presentó una carta que el Gabinete de Seguridad envió a las y los ministros con una lista de los riesgos.
“Creemos que la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”, señaló la titular de Gobernación.
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“Por ello, es que el viernes pasado el Gabinete de seguridad le envió una carta a todas las Ministras, a todos los Ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy”, añadió la funcionaria federal.
“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada”, detalló.
Asimismo dijo, que la posible liberación de las personas que permanecen bajo prisión preventiva oficiosa “pondría en riesgo a los testigos y a las víctimas” así como a policías, personal de la Fiscalía y a los Jueces.
“Vemos un riesgo también a la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado (…) y, por supuesto, de manera adicional estamos viendo con preocupación la carga excesiva que esto significaría tanto para las Fiscalías, como para los juzgados”.
El pasado 4 de marzo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó ante el pleno de la Suprema Corte un proyecto que busca anular el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, que ordena la prisión preventiva oficiosa en alrededor de veinte delitos.
Entre estos se encuentran: el de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
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Así como: el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; en delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
El amparo en revisión era el de un caso en el que se acusaba a un hombre del delito de violación impropia agravada, cometida contra una menor de nueve años de edad, en Baja California. Se requerirían seis votos del Pleno de la SCJN para inaplicar dicha porción normativa, resolución que solo beneficiaría al quejoso, el proyecto no ordenaría la libertad del imputado, sino que la autoridad responsable debería pronunciarse otra vez, respecto a la situación jurídica del quejoso, bajo la consideración de que únicamente se le podría imponer la prisión preventiva justificada, contraria a la oficiosa, que según dicho ministro, “introduce caos y desorden” al sistema constitucional.
Con información de Zeta