Aplica el gobierno paliativos al agro y pesca; boom inmobiliario boyante

Sinaloa, entidad considerada como el “granero de México” por la variedad productiva en granos y hortalizas, sufrió, como cada año, una crisis que llevó a los maiceros y trigueros a paralizar la ciudad y aeropuerto de la capital, como medida para presionar a la federación y al gobernador Rubén Rocha Moya, a mejorar los precios.

La burocracia jugó en contra del discurso de Rocha Moya, quien, aunque ya logró pagar a los principales productores, todavía están rezagados algunos compromisos con agricultores que no sueltan la causa.

En mayo aprobó ampliar la contratación de una línea de crédito a corto plazo para atender los reclamos de los productores de maíz, que exigían 7 mil pesos por tonelada, quedando en 6 mil 965 pesos y aparentemente todos conformes.

La decisión del gobierno de la Cuarta Transformación, que abandera políticas públicas que den certeza a la seguridad agroalimentaria, se enfrentó a la estrepitosa caída de los precios del maíz, en un 30 por ciento, y a la volatilidad de la bolsa de valores.

En este rubro, el segundo informe reporta que se trabajó en la comercialización de granos en tres esquemas básicos: frijol, con apoyo al almacenamiento, conservación y cribado, dispersando apoyos a 249 productores y cubriendo 13 mil 031 toneladas de maíz, con un precio de garantía de 6 mil 965 pesos, 500 mil toneladas a productores de hasta 50 hectáreas y 1 un millón de toneladas a productores menores de 15 hectáreas; y, en tercer lugar, trigo, con 300 pesos por tonelada, a través de Segalmex, para 2 mil 775 productores y 44 mil 928 hectáreas.

Se sostiene en el informe que el gobierno ha dado pruebas fehacientes, como nunca antes, de su compromiso de apoyo al sector social de la agricultura sinaloense, pero la rebelión agrícola que puso en jaque a la ciudad y a viajeros, y que llegó hasta las cámara alta y baja en la Ciudad de México, dan cuenta de que a la Cuarta Transformación todavía le hace falta caminar un largo camino para llegar a dar ese bienestar al que aspira para el sector.

Pesca, en el olvido e ingobernabilidad

El Segundo Informe presume a Sinaloa como “líder nacional en producción pesquera y acuícola: 1er y 2do lugar” con una actividad que tiene más de cinco años en el olvido.

Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sector pesquero en el país empezó a colapsar a la par que desaparecieron los 23 programas que, si bien no resolvían todos los problemas, sí le daban estructura a la actividad.

El argumento de acciones de corrupción y la necesidad de reestructurar a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con la desaparición de sus programas y la propuesta de trabajar de manera diferente, redujeron a un programa los beneficios para los pescadores: el Bienpesca.

Para la organización no gubernamental Oceana México no es la solución que haya 24 programas federales que apoyen a la actividad pesquera del país, ni los 1 mil 800 pesos de Bienpesca, es el definir políticas públicas que la regulen, la propuesta sobre la que trabajan es la trazabilidad, para contar con la certeza de que la pesca es legal, el almacenamiento y manejo del producto es el adecuado y sobre todo se conserve el recurso natural.

En Sinaloa, la pobreza entre los pescadores más vulnerables, aproximadamente 18 mil 500, podría aumentar casi un 50 por ciento.

En su Segundo Informe, Rocha menciona que Sinaloa es el primer estado de la república en haber instrumentado el Bienpesca estatal, y que también se han impulsado los programas Adquisición de Motores Marinos e Inspección y Vigilancia, lo que distingue al estado de otras entidades del país.

Para el repoblamiento de Embalses y Presas se contó con un presupuesto de 12 millones de pesos, para la siembra de 28 millones 421 mil alevines de tilapia. Este Programa distribuyó para su siembra 26 millones entre 12 presas y 2 millones 421 mil alevines en seis embalses.

Sin embargo, la opinión de los especialistas apunta a que los esfuerzos del estado en la actividad pesquera continuarán siendo un paliativo ante la magnitud que esta compleja actividad representa para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que, como cabeza de sector, ha estado ausente durante todo el sexenio dejando a la Conapesca a la deriva.

Culiacán y Mazatlán, concentran desarrollo e inversiones

Las cifras que arropan al eje del desarrollo económico en la entidad, son abrumadoras: 1 mil 087 millones de dólares en inversión extranjera y 50 mil millones de pesos en inversión privada.

“Al segundo trimestre de 2023, el estado registra una tasa de desocupación laboral de 2.2 por ciento de la Población Económicamente Activa (pea), mientras que la media nacional es de 2.8 por ciento, cumpliendo con la meta planteada en el Plan Estatal de Desarrollo (ped) 2022-2027 de mantener la tasa de desocupación laboral por debajo de la media nacional. Este 2023 el estado registró las tasas trimestrales más bajas de los últimos 28 años”, es quizás uno de los datos duros más rotundos del informe.

Pero de lo que nadie habla, y que a través de diferentes publicaciones Ríodoce ha dado cuenta, es de la calidad de los empleos, de la remuneración, prestaciones y trato laboral que recibe la clase trabajadora que sostiene a las compañías prestadoras de servicios, actividad económica que registró el mayor número de empleos en el IMSS con 223 mil 997 registros a septiembre de 2023.

En cuanto a desarrollo, Mazatlán y Culiacán han registrado, desde antes de la pandemia un crecimiento exponencial.

“Al primer semestre de este año, la inversión privada se ha mantenido a un ritmo sostenido, con 19 mil millones 283 mil pesos, principalmente con la apuesta de inversionistas locales y nacionales, sobre todo en el sector turismo y construcción, como es el caso de las grandes inversiones que se están haciendo en Mazatlán y Culiacán en la construcción de hoteles, condominios, centros comerciales y el desarrollo de viviendas”, cita el informe.

Artículo publicado el 26 de noviembre de 2023 en la edición 1087 del semanario Ríodoce.