Suman diputados más puntos rojos en el manejo universitario de las finanzas

La Comisión de Fiscalización sumó una situación más en contra del manejo de las finanzas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, al emitir un dictamen reprobatorio de las cuentas públicas de la UAS del 2022.

Los 466 millones de pesos que no pudieron ser auditados por la Auditoría Superior del Estado fueron el punto central de la reprobación de la cuenta pública de la UAS.

La otra razón de peso que se señala en el dictamen es el incumplimiento de conservar y poner a disposición de la ASE los documentos comprobatorios y justificativos correspondientes a la contabilización de los ingresos propios obtenidos durante el ejercicio fiscal 2022.

Al no comprobar ni justificar que los recursos citados fueran captados, custodiados, administrados y aplicados en apego a la normatividad, no acreditaron el uso y destino, señala el dictamen la Comisión de Fiscalización.

Los integrantes de la comisión basaron su dictamen en el informe de fiscalización elaborado por la ASE, la cual señaló que existía pliegos de observaciones por un monto total de 466 millones de pesos, lo que equivale a presumir un daño a la hacienda pública, al no solventar la UAS la aplicación de los recursos.

El caso de la UAS formó parte del primer paquete de dictámenes de las cuentas públicas de 2022 que deberán presentarse ante el Pleno a más tardar el 31 de octubre del presente año.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes, integrante de la Comisión de Fiscalización, entró en defensa de la UAS, al afirmar que la institución educativa no se niega a ser auditada.

En sus argumentos señaló que, a la fecha, la Auditoria Superior de la Federación ha tenido tres auditorías respecto al ejercicio fiscal 2022, la primera sobre los recursos federalizados transferidos a las universidades públicas estatales, la cual tiene como objetivo revisar que la gestión y cumplimiento administrativo, financiero se hayan ejercido conforme al presupuesto federal de ese año.

La segunda auditoría fue sobre contratos suscritos por la UAS y el timbrado de la nómina de los trabajadores financiados con recursos del gasto federalizado del ejercicio 2022, incluyendo las participaciones federales.

La tercera auditoría se refiere a la revisión del fondo de aportaciones múltiples.

La diputada calificó que los señalamientos a la UAS es una “persecución política” contra la universidad y sus autoridades. En su narrativa ante sus compañeros diputados dijo que se está usando a la ASE para afectar a la universidad.

Como lo ha señalado la UAS en reiteradas ocasiones al negar que la ASE tenga facultades para auditar a la universidad, la diputada recalcó que en lugar de discutir el dictamen se debería preguntar si la ASE tiene facultades para auditar los ingresos propios de la UAS.

“Para el Partido Sinaloense la respuesta es muy clara y no tiene lugar a dudas: La ASE no tiene facultades para auditar los ingresos propios de la universidad “, afirmó la diputada ante sus compañeros de la Comisión de Fiscalización.

La afirmación está basada en el artículo 116 fracción segunda, párrafo sexto de la Constitución federal y en el artículo 43 fracción 22 de la Constitución local que establece que es facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y fiscalizar por medio de la ASE las cuentas públicas del Gobierno del Estado y los municipios, y la aplicación de los recursos públicos estatales y municipales asignados a los organismos descentralizados de participación estatal o municipales.

La ASE no tiene facultades para fiscalizar los recursos propios de la UAS ya que los recursos propios de la universidad no son asignados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, sino autogenerados por la institución, sostuvo la diputada del PAS.

Argumentó que los ingresos propios no forman parte de la Ley de Ingresos del Estado de Sinaloa aprobada por el Congreso del Estado para el 2022, además que esos recursos son fiscalizados por el órgano interno de control, por la Contraloría General y la Auditoría interna mediante despachos externos que dictaminan los estados financieros, los cuales a su vez son autorizados por el Consejo Universitario para ser entregados a la Dirección General de Educación Superior e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.

Por lo tanto, sostuvo, todo la realizado por al ASE, incluyendo el informe que se presentó la ASE a la Comisión de Fiscalización, eran ilegales, situación que se demostrará en las instancias jurisdiccionales.
El único voto a favor de aprobar la cuenta pública de la UAS fue el del PAS al interior de la Comisión de Fiscalización.

El diputado de Marco Antonio Zazueta Zazueta, cuestionó que el argumento de la UAS es engañoso, al pretender asegurar que ya son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que la universidad es un organismo descentralizado del Estado, y que los recursos que recibe por ingresos propios, captados por cobro de inscripción, exámenes, certificados, Kardex y títulos, no se los otorga la federación, pero salen de los recursos del Estado como un ente prestador de servicios.

La ASE consideró fiscalizar a la UAS en 2022 porque tenía tres años sin ser auditada y al no querer estar presentando los informes de avances financieros al Congreso del Estado, explicó.

Si la universidad sale tan bien en las auditorías, porqué “tienen tanto temor a que los audite la ASE”, esto sin contar los procesos penales que se le siguen actualmente a las autoridades universitarias por compras irregulares, señaló.

En la discusión rechazó que el Congreso del Estado busque afectar la autonomía de la UAS y criticó que los maestros estén ofreciendo puntos a los alumnos a cambio de que asistan a las marchas.

A lo que Virgen Montes replicó que ella había asistido a la marcha y no había visto a nadie pasando lista ni había visto que fueran acarreados.

Artículo publicado el 22 de octubre de 2023 en la edición 1082 del semanario Ríodoce.