Un diagnóstico crudo y crítico del CESP sobre las políticas fallidas contra la violencia en Sinaloa

En Sinaloa hay un déficit de 30 por ciento en las policías estatal y municipales, por lo que, para evitar se repitan hechos de violencia como el segundo “Culiacanazo”, debe alcanzarse el estado de fuerza óptimo y tomar otras medidas, señaló el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

A un mes de que el Cártel de Sinaloa tomó la ciudad por la detención de Ovidio Guzmán López, el CESP estableció una agenda mínima de temas prioritarios que consideran deben ser la base para la no repetición de los actos violentos.

El CESP considera prioritario alcanzar el estado de fuerza óptimo.

Sinaloa, detalla, cuenta con un estado de fuerza de 6 mil 454 elementos policiales.

Del total de agentes, 784 son de la Policía Estatal Preventiva, 346 son custodios penitenciarios, mil 438 de la Policía Investigadora y 3 mil 886 de las 18 policías municipales.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la media de fuerza recomendada es de 300 agentes por cada 100 mil habitantes, sin embargo, la entidad cuenta con una tasa de 213 por cada 100 mil habitantes.

El CESP considera que alcanzar la meta es factible en el corto plazo.

El viernes, egresaron 106 cadetes de la Universidad del Policía, de los cuales 52 se integrarán a la Policía Estatal, 29 al sistema penitenciario y el resto a las policías municipales de Navolato, Guasave, El Fuerte, Elota y Escuinapa.

De acuerdo con el CESP, también es prioritario debilitar la estructura bélica, financiera y logística de las organizaciones criminales.

“A la par de incrementar el número de elementos policiales estatales y federales, el Gobierno federal debe combatir el lavado de dinero y armamentismo de manera estratégica, y continuar dando el apoyo de las fuerzas castrenses, garantizando en todo momento una efectiva coordinación entre las instituciones”, indica.

Señala que es necesario construir bases de operación de la policía Estatal en Los Mochis y Mazatlán ya que actualmente los elementos policiales no son permanentes, por lo que se deben asignar recursos extraordinarios para la ejecución de obra y contratación de personal policial para esas bases.

Menciona que se necesita consolidar el servicio profesional de carrera policial para brindar garantías laborales y estímulos a los elementos policiales del estado, así como a los municipales, debido a que actualmente la Ley de Seguridad no establece las bases o mecanismos para esto.

Se requiere de un protocolo de investigación y evaluación sobre la implementación que se ha tenido de la carrera policial en todas las instituciones de seguridad del estado, así como una reforma de la ley en la materia, señala.

También indica que se debe iniciar la renovación integral de las penitenciarías estatales, o bien, la construcción de nuevos penales con estándares de seguridad reforzados de acuerdo con la situación y contexto que se vive en Sinaloa, con énfasis en la profesionalización de custodios, la recuperación al 100 por ciento de la gobernabilidad al interior y traslado de la población de internos del orden federal a penales de máxima seguridad.

A la Fiscalía General del Estado, el CESP pide reducir la impunidad, fortalecer las Unidades Especializadas, en las unidades de atención temprana, mejorar esquema de denuncias, que sea más rápido y sin contratiempos.

Para el Congreso del Estado sugirió que elaboren un diagnóstico estratégico sobre factores de delito y que asigne recursos públicos en concordancia con sus resultados, reformar la Ley de Seguridad Pública en relación con el Servicio Profesional de Carrera Policial y crear el sistema de reintegración a la sociedad para desincentivar la reincidencia delictiva y cortar con ese círculo vicioso.

El Segundo Informe de Gobierno indica que el año pasado, de la Universidad del Policía egresaron 51 elementos de policías municipales y 160 de la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con el CESP, tres años después del primer Culiacanazo, en Sinaloa continúa como un grave problema la portación ilegal de armas de fuego y su libre circulación, el problema del narcomenudeo y las violaciones al Estado de Derecho.

Menciona que tres años después muchas preguntas continúan sin responderse.

Las principales preguntas son ¿qué políticas públicas se implementaron para el combate al crimen organizado y cuáles son sus resultados?; ¿hay avances en las investigaciones del “Jueves Negro”?; ¿Han realizado estrategias contra la delincuencia?; ¿Se han tomado medidas para mejorar la seguridad penitenciaria y evitar una nueva fuga masiva?; ¿Cuál es el avance en la recaptura de los evadidos?; ¿Qué avances han presentado las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en materia de depuración y dignificación policial?

Las deficiencias aún continúan. Está la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno sean autocríticas, urge trabajar en el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad pública de la entidad, que continúan con rezago y muestran aún fragilidad ante hechos de extrema violencia como el “Jueves Negro”.

Artículo publicado el 12 de marzo de 2023 en la edición 1050 del semanario Ríodoce.