Todos acuerdan sesgar la ley de Movilidad
Semanas atrás, permisionarios de carga del estado bloquearon tráileres graneros para impedirles el traslado de cosechas a diversos almacenes; estos respondieron con demandas penales; después, inspectores de la Dirección de Vialidad y Transportes, fueron utilizados para hostigar a los camioneros y los multaron cuando esperaban turnos para entrar al recinto portuario de Topolobampo; y todo concluyó con una protesta de los aliancistas a las puertas del muelle.
Inesperadamente y en cuestión de minutos, el Director de Vialidad y Transporte, Miguel Loaiza Aguirre, llegó al lugar, lo mismo que piquetes de policías municipales. Era, evidentemente, la movilización, una acción concertada por la autoridad. Los inspectores, se habían mantenido al margen y dejaron que las cosas fluyeran; la bravura de Tránsito, fuera de la jugada; la fiereza policial, contenida, replegada. Los camioneros estaban a sus anchas.
—¿Va a usted a interceder por los camioneros del estado en contra de los federales?
—No, venimos a negociar un fin al conflicto, aplicando la ley, para que todo se arregle—, dijo Loaiza, mientras los dirigentes camioneros locales hablaban a diestra y siniestra, daban órdenes, amenazaban con multar a sus agremiados si no permanecían en la protesta.
El funcionario aseguró que buscaban destrabar el conflicto hablando con los propietarios de granos, fertilizantes y demás productos que llegan a los muelles, para distribuir las cargas entre los aliancistas, solicitando a los administradores de los puertos el acceso a camiones rabones.
—¿Tiene detectados otros conflictos similares?
—Mazatlán, en la API (administración del Recinto Portuario), pero también vamos a buscar una negociación.
Días después, en reunión entre la Coordinadora de Transportes Unidos del Norte de Sinaloa y la Unión de Transportistas Unidos del Norte de Sinaloa Servicio Público Federal (Ultracasin) con el subsecretario de gobierno, Rodolfo Jiménez López y el delegado de Vialidad y Transportes, Miguel Loaiza Aguirre, los de carga federal cedieron a los camioneros locales los fletes en Ahome y Guasave, y estos se comprometieron a respetar la carta porte y dejar paso libre a envíos desde bodegas locales a Sonora y para el centro y sur de la entidad; y cumplir con la norma de pesos y medidas de 45 a 54.5 toneladas, dependiendo de los ejes.
José Luis Ventura Sánchez, líder de Ultracasin, dijo que el acuerdo se tomó para evitar confrontaciones, pues si bien los delegados en los municipios respetan la ley, cuando se da orden del delegado de Vialidad reinicia el hostigamiento y el levantamiento de infracciones. “Aunque las sanciones se cancelan en los tribunales, por improcedentes, la molesta es la retención del tractor, porque la jaula con la carga se engancha y se moviliza”.
Se reservó comentar la actitud del delegado de Vialidad, Loaiza. “Veremos cómo marcha el acuerdo, aunque a nosotros no nos obliga, porque nos apegamos a la carta porte. Si los de carga quieren mover cosechas, fertilizantes o cualquier cosa, después de los 30 kilómetros tienen que obtener la carta porte. La competencia desleal que ellos acusan es propia, porque se les aprobaron dos tarifas, para Torton y para jaulas; lo de sobrellenado, es por las empresas, porque ellas son las que contratan el volumen”, dijo.
Durante la protesta del transporte, Rosario Acosta Torres, presidente de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Carga “Gustavo Díaz Ordaz”, Ismael Leyva, de la Unión de Transportes Ejidales de Productos Agrícolas, Eduardo Rubio Fontes, de la Unión del Valle, Jesús Arnoldo Félix, de Transporte de Carga, Gustavo Ernesto Gaxiola Mares, de la Transportes Unidos de Juan José Ríos, denunciaron que los permisionarios federales se convirtieron en una competencia desleal desplazando a los concesionarios reconocidos por el Gobierno de Sinaloa pues estos los desplazan por el volumen de movilización, que puede llegar hasta tres veces mayor.
Integrados en la Coordinadora de Transportes Unidos del Norte de Sinaloa todos coincidieron en que se les aplique la ley y se les someta al orden, pues con sus excedentes en pesos y medidas destruyen carreteras, abaratan los costos, arrebatan el empleo a camioneros y se convierten en monopolio.
Por ello, insistieron en que se aplique la ley, de lo contrario, las movilizaciones continuarán. En estas no se busca afectar a terceros, pero, justificaron que es la única opción viable para que el trabajo sea equitativo.
Artículo publicado el 29 de enero de 2023 en la edición 1044 del semanario Ríodoce.
