La Casa Rosalina asegura que la protesta es promovida por los sindicatos, los jubilados aseguran que salió de la administración

El paro indefinido de labores en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) agudizó el enfrentamiento entre la administración central y la Asociación de Trabajadores Jubilados, quienes afirman que la crisis financiera es consecuencia de decisiones administrativas y denuncian que el movimiento de paro fue impulsado desde la propia administración universitaria para presionar al gobierno Federal.

José Carlos Aceves Tamayo, director de Comunicación Social de la UAS, afirmó que la administración mantiene respaldo a la movilización emprendida por los sindicatos universitarios, al considerar legítimas las demandas por el pago de salarios y otras prestaciones pendientes.

“Se le ha dado puntual seguimiento a esta iniciativa de los sindicatos. Ya se ha dicho de manera reiterada que cuentan con toda la empatía y la solidaridad de la administración central y particularmente del señor Rector. Sabemos que no es fácil esta medida y que las demandas que ellos están exigiendo son justas”, señaló.

Explicó que la quincena que debió cubrirse el pasado lunes no pudo pagarse debido al déficit presupuestario que enfrenta la Universidad, situación que atribuyó a la ausencia de recursos extraordinarios que la Federación dejó de otorgar desde 2023.

De acuerdo con Aceves, cada quincena representa un gasto cercano a los 270 millones de pesos para cubrir los salarios de aproximadamente 20 mil trabajadores universitarios. El recurso federal correspondiente a junio, aseguró, no fue suficiente para cubrir ambas quincenas del mes.

La administración espera recibir a principios de la próxima semana los recursos ordinarios correspondientes al mes de julio, lo que permitiría cubrir la quincena pendiente.

“La federación ha expresado que una salida probable es que la ministración de julio llegue el martes o miércoles de la próxima semana y estaríamos en condiciones de pagar la quincena, pero el problema se volvería a presentar a final de mes; esa no es una solución de fondo”, explicó.

Otra alternativa planteada, añadió, sería adelantar recursos correspondientes a noviembre para regularizar los pagos, aunque admitió que ello únicamente trasladaría el problema hacia el cierre del año.

Aceves sostuvo que la solución definitiva pasa por la asignación de recursos extraordinarios que permitan a la Universidad cubrir pasivos acumulados durante ejercicios anteriores.

Aseguró que durante 2026 la institución ha destinado más de mil 200 millones de pesos de recursos ordinarios al pago de préstamos contratados con el gobierno del estado, adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y otros compromisos laborales heredados de años anteriores.

El funcionario señaló que representantes de la Secretaría de Educación Pública sostuvieron recientemente una reunión con Bertha María Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien expusieron la situación financiera de la Universidad.

“Lo que las autoridades de la SEP nos comentan es que con mucha empatía ella se comprometió a hacer una propuesta a la brevedad posible para poder solucionar con recursos extraordinarios el tema del ejercicio 2026. Esa sería la salida ideal porque, a partir de solventar las deudas y ponernos al corriente, ya con la reingeniería la Universidad podría transitar sin problemas este año e iniciar con las finanzas saneadas en 2027”, afirmó.

Los jubilados responsabilizan a la administración

La Asociación de Trabajadores Jubilados de la UAS rechaza esa explicación.

Su presidenta, Florina García, sostiene que la crisis financiera no se debe únicamente a la falta de apoyo federal, sino a decisiones administrativas que, afirma, trasladaron el costo del déficit a trabajadores activos y jubilados mediante descuentos derivados de la llamada reingeniería financiera, mientras continuaban creciendo áreas administrativas y plazas de confianza.

La dirigente señaló que durante los últimos meses los trabajadores y jubilados enfrentaron reducciones en sus ingresos y afectaciones a prestaciones contractuales, entre ellas el pago incompleto de la prima vacacional correspondiente a 2025, de la cual, aseguró, permanece pendiente el 60 por ciento.

También cuestionó la legitimidad del paro de labores, al considerar que responde a una estrategia de presión para obtener recursos extraordinarios y no a una decisión construida desde la base trabajadora. Además, acusó que personal de confianza fue convocado a participar en la suspensión de labores.

También reiteró sus señalamientos sobre el crecimiento de plazas administrativas y el presunto uso de recursos universitarios con fines político-electorales, acusaciones que la administración universitaria ha rechazado en distintas ocasiones.

Para la asociación, antes de solicitar nuevos apoyos financieros debe existir una revisión del manejo de los recursos públicos y una rendición de cuentas sobre las decisiones administrativas que llevaron a la institución a la situación financiera que enfrenta.

Aceves evita confrontación

Sobre los cuestionamientos de la asociación, Aceves evitó responder de manera directa a las acusaciones y reiteró que la prioridad de la administración es conseguir los recursos para cubrir los adeudos con trabajadores activos y jubilados.

“Todo el respeto a los compañeros de la asociación de jubilados. Ellos dieron toda una vida a la Universidad y les tocaron muchas luchas, sin embargo, hoy el contexto es demasiado complejo para limitarnos a este tipo de cuestiones”.

El funcionario sostuvo que la prioridad de la Rectoría es obtener los recursos suficientes para cubrir tanto los salarios de los trabajadores en activo como los adeudos con los jubilados.

“Lo que ha sido prioridad del rector es cumplirle a los trabajadores con el pago de sus quincenas, y eso incluye a los compañeros jubilados, que también requieren lo que se les adeuda”.

Artículo publicado el 05 de julio de 2026 en la edición 1223 del semanario Ríodoce.