Con el fin de construir infraestructura social, este año el gobierno central envió 3 mil 059 pesos a Oaxaca por cada persona en situación de pobreza que vive en ese estado. Para las personas en esa misma condición de Sinaloa solo envió un mil 160 pesos.

¿Se premió la eficiencia de los gobiernos oaxaqueños?, no, pues de 2008 a 2018 la pobreza en ese estado del sur creció seis puntos porcentuales mientras que en nuestra entidad bajó un punto y medio.

En el marco del proceso electoral que ya inició, debemos tener claro que para establecer un gobierno capaz financieramente, el próximo gobernador del estado soberano de Sinaloa deberá negociar y defender los intereses sinaloenses ante el gobierno central y, además, combatir la corrupción en el uso de todos los recursos públicos.

Dinero suficiente y usado honestamente.

En otros años, los desbalances en el presupuesto se compensaban con recursos de los programas sociales. En esta administración central, Sinaloa ha sido excluido de los programas de vivienda y mejoramiento urbano y algunos programas que beneficiaban a los sinaloenses en agricultura, pesca o en atención a jornaleros agrícolas, han desaparecido.

Urge replantear el federalismo porque atravesamos por una etapa de severa crisis económica y sanitaria donde lo que más falta es el dinero.

Hay 32 estados sentados a la mesa, con diferentes necesidades y realidades. Necesitamos un buen acuerdo federal que encause esa diversidad, que no subordine las particularidades estatales y municipales a la decisión del centro.

En promedio, entre 1998 y 2019, las facultades y capacidades de estados y municipios les permitieron recaudar 6 por ciento de todos los ingresos tributarios, muy por debajo del 24 por ciento que promedian los países de la OCDE. Así mismo, el gasto es cada vez más centralizado. El 54 por ciento lo ejerce el gobierno central, 38 por ciento las entidades federativas y 8 por ciento los municipios.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas destacó que los recursos enviados por el gobierno central a los estados al tercer trimestre presentaron una caída de 80 mil millones de pesos (-8.7 por ciento) con respecto al mismo periodo de 2019.

En materia de finanzas públicas requerimos un acuerdo fiscal más justo y equilibrado, en el que los municipios y los estados recauden más y mejor; donde los impuestos más fáciles de cobrar no le queden solo al gobierno central. Donde una reforma fiscal sustente una inversión pública suficiente.

Debemos construir un acuerdo fiscal donde se gaste mejor, haya más certeza sobre las transferencias centrales, lo que permitiría planear mejor las obras locales; donde el gobierno central justifique sus decisiones que impliquen premios y exclusiones, haya más transparencia en su asignación y ejercicio, donde quien recibió recursos muestre que los usó eficientemente y en el que, en general, los gobiernos cuenten con los recursos necesarios para proveer bienes y servicios públicos de calidad.

El sistema de coordinación fiscal es un acuerdo político, como tal es necesario readecuarlo para los nuevos tiempos políticos y económicos.

En 2008 el gobierno de la Ciudad de México, con Marcelo Ebrard, interpuso una controversia constitucional y explicó que el sistema de coordinación es injusto y cuestionó la facultad del congreso federal para legislar en esa materia y, también, desacreditó la congruencia interna de los mecanismos resarcitorios y redistributivos.

Existen prácticas que componen el actual proceso de distribución de recursos del gobierno central a los estados que son ineficientes y de culto al autoritarismo, como los obsequios presidenciales en las giras donde las autoridades locales buscan recrear el ánimo del “primer mandatario” para solicitarle “una obrita”.

Para construir el México que queremos, necesitamos de un sistema federal fiscal funcional.

En el mismo sentido, de las finanzas públicas efectivas, está el necesario y permanente combate a la corrupción.

Para dar pasos efectivos es necesario separar los procesos de contratación de los organismos ejecutores del gasto y así evitar la colusión para adjudicar contratos.

Un organismo autónomo debiera encargarse de la adjudicación por medio de personal rotado permanentemente, de manera que no se sepa con tiempo quien conducirá una licitación; muy supervisado en su patrimonio y con directivos elegidos por el congreso pero cribados previamente por organismos de la sociedad civil

Para implementar este consejo se debe consolidar un proceso de planeación del gasto público en forma anticipada para que los resultados de los concursos sean oportunos. Así mismo, debe haber un periodo de transición de manera que no

sucedan casos como el de desabasto de medicamentos para niños con cancer que está sucediendo a nivel federal.

Dos son las características político administrativas que debe tener el próximo gobernador: innovador en el combate a la corrupción y leal a Sinaloa.

Usted lo va a escoger.

Columna publicada el 8 de noviembre de 2020 en la edición 928 del semanario Ríodoce.