Reinciden municipios en irregularidades en sus cuentas públicas

La Auditoría Superior del Estado no dio nombres, pero adelantó que son siete los municipios que tienen sus cuentas públicas reprobadas por la administración de sus recursos en 2018.

Los gobiernos municipales concentran el mayor monto observado, al incurrir nuevamente en irregularidades como el uso del monto recaudado por el impuesto predial rústico para fines distintos, la falta de controles internos, así como el pago a personal comisionado a los sindicatos.

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La afirmación formó parte de la síntesis de resultados dados a conocer, luego que la titular de la ASE, Emma Félix Rivera, presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, el informe general ejecutivo e informes individuales del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de 2018.

Por un impedimento legal, la ASE argumentó que no podía dar a conocer los nombres de los gobiernos municipales que resultaron con dictaminación técnica reprobatoria, en tanto no sean notificados oficialmente.

Aunque no se dieron a conocer los nombres de los gobiernos reprobados, la ASE sí informó sobre los resultados encontrados al practicar auditorías financieras y de desempeño a un total de 53 entidades fiscalizadas.

En el caso de los municipios la ASE estimó que existen un total de 296 millones de pesos observados por los 18 ayuntamientos, quienes iniciarán una etapa de solventación de los señalamientos de los auditores.

Por el monto de recursos observados, le siguen los entes públicos estatales con 91 millones 406 mil pesos y, en tercer sitio, los poderes del Estado con 76 millones 316 mil pesos.

En total, los pliegos de observaciones en las 53 auditorías practicadas suman 492 millones 824, cuyo monto deberá ser aclarado a partir que sean notificados. En caso de ser solventados deberán ser turnadas a la Dirección General Jurídica de la ASE para su calificación y en caso de resultar falta administrativa grave, el expediente se turnaría al Tribunal de Justicia Administrativa.

Sobre el caso de denuncias penales que pudiesen presentarse a raíz de las auditorías realizadas a las cuentas de 2018, serán presentadas una vez que se agoten todas las etapas que señala el marco legal vigente.

En el caso de las auditorías al desempeño, se emitieron un total de 88 recomendaciones al Poder Ejecutivo, 62 a entes públicos estatales y 26 a municipales.

La ASE destacó que en la fiscalización de la cuentas públicas del 2018 se aplicaron herramientas tecnológicas que permitieron aumentar la muestra auditada y mejorar el monto de recuperaciones probables.

Durante la auditoría de 2017 se fiscalizó un total de 10 mil 480 millones de pesos, mientras que en 2018, se alcanzó 15 mil millones 507 mil pesos, lo que representó un crecimiento de la muestra del 47 por ciento.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, recordó que actualmente se encuentran en proceso de dictaminación iniciativas para realizar reformas en las fechas que se revisan los informes de las cuentas públicas. Si se logra trasladar las fechas de los dictámenes en octubre cuando concluye la etapa de solventación, pudiese evitarse la controversia que se tuvo el año pasado con las cuentas de 2017 al interior de la Comisión de Fiscalización.

Los informes de Cuentas Públicas de 2017 fueron en su totalidad reprobadas por la Comisión de Fiscalización con el voto mayoritario de los diputados de Morena. Dichas cuentas públicas continúan en la controversia legal.

En las cuentas públicas de 2018, son siete los Ayuntamientos que tienen un dictamen técnico reprobatorio, y tres entes públicos estatales y municipales.

Artículo publicado el 23 de febrero de 2019 en la edición 891 del semanario Ríodoce.