La Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presentaron el primer informe de 2020 sobre el registro de desapariciones, obligado tras una resolución del Instituto Nacional de Transparencia. Sin embargo, fueron incompletas.
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Familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia aseguraron que el registro está incompleto y que la metodología es poco o nada transparente. Además, denunciaron un posible subregistro desde las fiscalías y procuradurías que otorgaron reportes al organismo.
El pasado 6 de enero el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, anunciaron que el número de personas desaparecidas hasta el 2019, ascendía a 61 mil 637.
Esta fue la segunda ocasión que se oficializa una cifra de personas desaparecidas sin publicar la metodología y la base de datos en su versión pública, contrario a lo que anteriormente ocurría con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) que dejó de operar en abril de 2018.
A partir de solicitudes de transparencia a 18 de las 33 fiscalías y procuradurías del país, incluyendo la federal, así como la consulta del Sistema Público de Información del Estado de Jalisco, se obtuvo información actualizada sobre los registros de desaparición de personas hasta el mes de septiembre, que muestran una realidad aún peor a la que se reveló por la CNB; los datos que también revelan una serie de inconsistencias en el registro del organismo.
Para esa fecha ya sumaban, al menos, 8 mil 451 casos de personas con reporte de desaparición sin ser localizadas.
De hecho, hay entidades que muestran inconsistencias en la información otorgada a la CNB y a las solicitudes de transparencia, entre ellas Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Además de contar con registros de la Fiscalía General que fueron omitidos por la propia CNB.
Por ejemplo, la Comisión dio a conocer que entre el 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 en Jalisco se registraron 2 mil 100 casos, pero el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición de ese estado indicó que desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 fueron 2 mil 485 casos. Es decir, 385 personas más reportadas como desaparecidas.
Lo mismo sucedió con Sinaloa, donde la CNB reportó 34 casos, pero a través de solicitudes la Fiscalía de esa Entidad reportó 858 personas desaparecidas con carpeta de investigación vigente.
La CNB tampoco publicó información sobre las desapariciones denunciadas ante la Fiscalía General de la República, que hasta septiembre de 2019 eran al menos 42 casos.
Expertos y organizaciones civiles como Data Cívica, expresaron rechazo a las cifras de la Comisión, debido a la falta de transparencia en la metodología.
“Las cifras sin metodología y datos que no puedan ser escrutados por la sociedad civil, no solo no ayudan sino que entorpecen y complican los esfuerzos por entender la magnitud del problema de desaparición en el país”, señaló Data Cívica.
Además, llamó a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda a implementar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas conforme a la Ley General en materia de desaparición, que establece un apartado de consulta pública de dicho Registro.
Opacidad y ausencia de metodología
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas debió integrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 180 días después de la primera sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, que ocurrió el pasado 24 de junio. De hecho, la CNB ni siquiera cuenta con los Lineamientos para la conformación de Registro que estaba obligada a presentar en aquella primera sesión.
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De acuerdo a la Ley General en materia de Desaparición, el Registro contaría con un apartado de consulta pública, como sucedía con el extinto RNPED, pero en la presentación del último registro no ocurrió.
Para el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los problemas principales de la presentación del informe por la Comisión son la falta de integración de metodología para el registro y la opacidad de la fiscalías y procuradurías en sus reportes.
Se consultó a Volga Pilar de Pina Ravest, Académica investigadora especializada en Derechos Humanos e integrante del Consejo, quien criticó, principalmente, el trabajo de las fiscalías y procuradurías.
El trabajo que se hace desde los organismos y dependencias de procuración de justicia, dijo, ha consistido en usar trampas legales, con clasificaciones ambiguas con fines poco claros.
“La realidad rebasó a las leyes, como siempre. Esta cosa de que a veces sean secuestros, a veces desapariciones, a veces homicidios, a veces trata, a veces ni siquiera se le pone delito”, dijo.
“Creo que muchos casos aún los tenemos perdidos en esos entrampes legales que nada más los usan las fiscalías a su favor y van jugando con la estadística”
Sin embargo, para la Investigadora, ese tipo de trampas legales reflejan una debilidad en la metodología que se utilizó para hacer el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.
“No estamos conociendo las fuentes, de dónde viene esa información, no queda del todo claro si todo es de fiscalías, si pegaron el RNPED con lo de las fiscalías. No entendemos, nos queda a deber metodológicamente”, expresó.
“A mí me preocupa un poco que decir que esta información viene del nuevo registro, del RNPDNO, porque eso es convalidar la información, porque una cosa es decir que esta es información que me han dado las fiscalías y esto es lo que viene del Registro, porque el Registro claramente está validado por Gobernación y las fiscalías claramente van a informar lo que quieren”.
Como muestra a su crítica citó al Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Guanajuato en sus reportes otorgados a la CNB.
“El caso, quizás, más emblemático, es Guanajuato, donde hay muchos problemas y reportan muy pocas desapariciones. Eso es lo que nos queda a deber”.
La cifra sigue sin acercarse a la realidad, lamentan
Para Grace Fernández Morán, Consejera e integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, los datos que se presentaron son carentes y poco confiables, problema que dificulta la búsqueda real de las personas.
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“Siguen sin mostrar la realidad del País, 61 mil desaparecidos siguen siendo muy pocos, pero porque justo hace falta mucha información”, aseguró.
Tras la presentación de los datos, el Movimiento comenzó un análisis que se ha desembocado en la solicitud de información a la Comisión y las fiscalías, para conocer metodologías y clasificaciones de delitos.
Fernández Morán dijo que están conscientes de que hay estados que siguen sin entregar información, pero temen a que no se tengan filtros confiables para la sistematización de los mismos.
La falta de homologación en los criterios ha llevado, dijo, a la exclusión de casos, los cuales se han integrado en otras estadísticas.
“Hemos esperado muchísimo tiempo una respuesta, pero preferimos que vayan con calma, pero con pasos firmes a que cometan errores que después puedan ocasionar más daño”.
Inconsistencias
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) elaboró un reporte con datos que comprenden desde el 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019.
Por otro lado, se hizo una base de datos con solicitudes de información a 18 fiscalías, incluyendo la federal, que entregaron información vigente desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2018. Además se consultó el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición de Jalisco.
Artículo publicado el 12 de enero de 2020 en la edición 885 del semanario Ríodoce.
