En lo que va de este proceso electoral y con corte al 14 de mayo, en México han ocurrido al menos 93 homicidios, de los cuales 35 de ellos han sido entre precandidatos y candidatos. Las agresiones, ya sean directas o indirectas, incluyen también a autoridades electas y dirigentes partidistas.
Por ello existe el temor. Sentados alrededor de la mesa del Salón Gobernadores, actores políticos y representantes del Gobierno del Estado instalaron la Mesa de Distensión Política, con la variante de la violencia de ataques a actores políticos.
El Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018 realizado por la empresa Etellekt, expone la actualización del mapa de violencia política en el país con cifras al 8 de mayo de 2018. Durante los primeros ocho meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares.
Por eso existe la preocupación en Sinaloa. Creada bajo el objetivo establecer un diálogo entre los partidos y candidatos con el Gobierno del Estado para que se emitan opiniones y dudas sobre el proceso electoral del 2018, la Mesa de Distensión tuvo como uno de sus ejes centrales dicho temor.
Así lo expuso Audómar Ahumada Quintero, líder en Sinaloa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien señaló que durante los trabajos de instalación de la Mesa, el tema de la violencia tomó protagonismo.
“Se acordó que haya una reunión de trabajo el próximo 6 de junio y como se planteó el tema de la violencia y demás, quedó abierta la posibilidad de en la próxima reunión llamar a intervenir a los cuerpos de seguridad para garantizar que haya seguridad de los electores y candidatos”, dijo.
En lo que va de los ocho meses del actual proceso electoral, Sinaloa aún no tiene hechos violentos contra actores políticos. En la Mesa únicamente se ventilaron situaciones de campañas adelantadas y otras anomalías. Violencia aún no.
“Hasta ahora somos la excepción, no hay asesinatos como los hay en otras partes del país pero sí me refería a un clima tenso que hay en ciertas zonas del estado. Hay preocupación y otros colegas también lo expresaron y claramente dijimos que no hay que esperar que sucedan cosas graves o que tengamos que lamentar”, insistió Audómar Ahumada.
Al llamado se sumaron el presidente del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara Martínez, quien insistió en crear y que se den las condiciones de seguridad para los candidatos, para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos políticos con la tranquilidad que debe de ofrecer el Estado.
Existe la preocupación entre quienes asistieron a la Mesa de Distensión de que si las instituciones de seguridad no están preparadas y fortalecidas para enfrentar la delincuencia ordinaria, menos para lo extraordinario: en México se ofertan más de 3 mil 400 cargos de elección popular el próximo 1 de julio, y en Sinaloa la renovación de los 18 Ayuntamientos y del Congreso del Estado.
La Mesa de Distensión quedó presidida por Gonzalo Gómez Flores, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y por Karla Gabriela Peraza Zazueta, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), quedando al frente de la coordinación el Subsecretario de Gobernación, Marco Antonio Osuna Moreno.
Y ante el clima de violencia que el sector político vive a nivel nacional, los riesgos de violencia por grupos fácticos, según el líder del partido del Sol Azteca, se asoma en los municipios de Sinaloa y Guasave. Y en este último no descartó que la renuncia por parte de Jesús López a la candidatura a la Presidencia Municipal por la coalición “Por Sinaloa al Frente” haya sido precisamente un brote en ese sentido.
“No creo que el retiro de Jesús López en Guasave, tenga que ver exclusivamente con un problema de salud, que es cierto, pero yo lo atribuyo también al ambiente de presión que ejercen ciertos actores de los poderes fácticos de la región, y digo región por los municipios de Sinaloa y Guasave”.
Contra los viejos vicios
La actual edición de la Mesa de Distensión tuvo como novedad la integración del partido Morena, así como de representantes de candidaturas independientes y la demanda generalizada fue que el Estado no meta las manos en la elección, sino que sea árbitro justo.
La anterior edición de esta actividad estuvo presidida por Gerardo Vargas Landeros, entonces Secretario General de Gobierno del gabinete de Mario López Valdez, y las sospechas de no brindar suelo parejo fue el común denominador.
“Una cosa es que interfiera, es decir, que se meta a hacer campaña o a apoyar a algún candidato y otra cosa es que intervenga en tanto representantes de toda la sociedad para garantizar que nadie altere la vida democrática, el ambiente legal”, dijo.
“Es decir, para eso sí y no solamente no están mal sino que está obligado a hacerlo. Se vería mal si no lo hace, si no actúa como árbitro que ponga el piso parejo”, añadió.
En los comicios de 2016, la SGG a cargo de Gerardo Vargas Landeros fue señalada muchas veces de operar en favor de los candidatos del PRI, y en repetidas ocasiones la Mesa de Distensión fue señalada como un mecanismo de oropel.
Sin embargo, retomar esta actividad por parte de la administración de Quirino Ordaz Coppel es buena medida, siempre y cuando no repita los errores de su antecesor, según reiteró el líder del PRD en Sinaloa.
“El estado tiene que ser el garante de la seguridad de las personas y de los bienes de las personas y un bien de las personas es un derecho a participar en la política, es su derecho a votar y ser votado”, señaló.
Artículo publicado el 27 de mayo de 2018 en la edición 800 del semanario Ríodoce.
