Transporte de carga, secuestrado por el PRI

 

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TRANPORTE DE CARGA. El 95 por ciento de permisionarios son del PRI.

Dictamen de la Comisión Federal de Competencia Económica:

El marco legal que rige en Sinaloa para la operación de transporte de carga impide la entrada de nuevos competidores y favorece a los permisionarios actuales, en un 95 por ciento afiliados a un sindicato o confederación, principalmente a la CNOP, CTM, CROC y CNC, organizaciones adheridas al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Existe una regulación con efectos anticompetitivos en la provisión de este servicio que inhibe el crecimiento potencial de la entidad federativa”, concluye  el dictamen preliminar de una investigación para determinar barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado del servicio público de transporte de carga en Sinaloa.

La investigación, realizada por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), consta de 332 páginas con la radiografía y condiciones el transporte público de carga en Sinaloa.

Entre las conclusiones arrojadas se dibuja la prestación de un servicio de baja calidad con una flota de trasporte obsoleta y cara de operar. De acuerdo con el estudio, la antigüedad promedio de la flota para el transporte agrícola es de 35 años, 18 años más que el promedio nacional; y de 27 años en el caso de la construcción, 10 años más que la media nacional.

El documento de la COFECE asienta además que existe en Sinaloa una concentración excesiva de permisos en unos cuantos transportistas, distorsión de precios del servicio por la regulación del transporte de carga; incertidumbre para participar e invertir en el ramo; y baja productividad de la economía local, especialmente en agricultores y constructores, quienes gastan 40 por ciento más al no poder auto proveerse el servicio.

La COFECE  hizo llegar el documento al poder legislativo y al Gobierno del Estado, en el cual se plantea una serie de medidas correctivas, entre ellas permitir la integración de agricultores y constructores para auto proveerse de transporte, la limitación de las facultades discrecionales para el otorgamiento y asignación de permisos, la regulación de tarifas, además de sujetar los derechos preferentes a criterios objetivos.

Conflicto de interés

El dictamen preliminar que será sometido a votación del pleno de la COFECE incluye entre las medidas correctivas para un funcionamiento eficiente del mercado del transporte de carga en Sinaloa, la eliminación del conflicto de interés generado por el carácter simultáneo que tiene Domingo Ramírez Armenta, como titular de la Dirección de Vialidad y Transportes, quien funge como regulador de la actividad, y al mismo tiempo como permisionario.

Ramírez Armenta, quien fue diputado local postulado por el PRI, se defiende al asegurar que se ha conducido apegado a la Ley y al Reglamento de Vialidad y transportes, además de que la actual administración estatal no se ha caracterizado por la otorgación de concesiones.

“Yo he tratado de no ser juez y parte. Yo he tratado de apegarme a la legalidad”.

Asegura que en los archivos de los municipios más importantes como en Ahome, Guasave, Culiacán, Guamúchil, Navolato, La Cruz y Mazatlán extienden “muchísimos permisos de carga particular a quien solicita y acredita la propiedad del producto y del vehículo”.

Sin embargo, señala que en el caso de los productores de grano que gestionan el permiso de carga,  las delegaciones de Tránsito  “de buena fe” se los otorgan, pero después se dedican a lucrar  los solicitantes con esos permisos, al trabajar cargas con retribución.

El director de Vialidad y Transportes admite que es socio de una organización de transportistas. “Jamás he recibido yo una concesión que el Gobierno me la otorgue. Hay gente que por diversas situaciones se retira de la actividad y yo he recibido cesiones de derechos, ninguna en esta administración. La primera cesión que tuve data de 1986. Tengo una concesión. Tengo dos hijos que también tienen una concesión cada uno, pero ninguna que nos haya otorgado el Gobierno”.

Argumenta que durante el actual sexenio de Mario López Valdez ninguna organización de Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado y Culiacán, han recibido ninguna concesión. Aclara que el caso de Mazatlán es diferente por el auge que se vino con la carretera Mazatlán-Durango, que ha generado un movimiento importante en la demanda de servicio, por lo que analiza la posibilidad de dar concesiones en ese municipio.

La esposa del funcionario también tiene una concesión de transporte, pero no adquirida durante la presente administración estatal, y según dice el funcionario, participa igual que los otros socios esperando su turno para trabajar.

Domingo Ramírez ha ocupado la titularidad de la Dirección de Vialidad y Transportes desde el inicio de la administración del actual gobernador. A partir de que en agosto se difundiera por parte de la COFECE el dictamen preliminar y se observara el conflicto de interés del funcionario, la diputada perredista Imelda Castro Castro demandó en tribuna la remoción inmediata del funcionario, al considerar grave que sea permisionario y al mismo tiempo titular del órgano regulador.

Desde el punto de vista del actual director de Vialidad de Transportes, cada una de las direcciones y secretarías deben tener gente que conozca la materia. “Lógicamente habrá quien le incomode que un transportista sea director. Yo quiero decirle que he tenido más problemas con los transportistas que con los particulares”.

Además, argumenta, la Dirección de Vialidad y Transportes no es la máxima autoridad, sino el Consejo Técnico de Vialidad y Transportes. “Yo tengo facultad para decir no a aquellas solicitudes que al elaborar el estudio salgan negativas, pero para decir sí, tengo que pasar todos esos expedientes por el Consejo Técnico”.

—¿Entonces, por qué esa opinión de la Comisión Federal de Competitividad, no tiene fundamento, no hicieron el diagnóstico correcto?

—Yo le voy a decir una cosa. Está hecho con los pies. Yo le pregunto a usted, qué es mejor para que maneje el transporte, y ya lo han manejado otras gentes ¿una gente que conozca la materia o una gente que lo ignore?

Sobre el diagnóstico presentado por la COFECE no está de acuerdo el funcionario. “Es un punto de vista, pero no es la realidad”.

 

Retrógrada la Ley de Tránsito en Sinaloa

Domingo Ramírez reconoce que la Ley de Tránsito y Transportes de Sinaloa  ya ha sido rebasada, por lo que agrupaciones como la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) han pugnado por eliminar la obligatoriedad de contratar servicio de transporte concesionado en la realización de obra pública.

Entre las iniciativas que se han presentado al poder legislativo para modificar la Ley de Tránsito y Transportes, está la presentada por los miembros de la CMIC y diversas agrupaciones empresariales como Canaco, Coparmex, Canirac, Canacope, asociaciones de agricultores, colegios de arquitectos e ingenieros civiles  en 2015.

En la iniciativa se argumenta la necesidad de una modificación de un marco legal. Los firmantes acusan que haya una “gravísima malinterpretación de los diversos preceptos de la Ley, para generar prácticas monopólicas, abusos de poder por parte de los concesionarios del servicio público de transporte, al obligar a los particulares a firmar convenios con las Alianzas de Transportistas, aun cuando tienen el suficiente equipo y recurso humano para cumplir con la función secundaria de transportar bienes directamente relacionados con la actividad, sin ingreso directo y sin ofertar el servicio al público.

Para las agrupaciones empresariales firmantes de la iniciativa, la actual Ley de Tránsito y Transportes de Sinaloa el artículo 224 y 225 contemplan el transporte particular de carga de manera retrógada y con un notable avasallamiento hacia los principios de libre concurrencia, libre mercado, libertad de tránsito y legalidad.

Los constructores de Sinaloa afirman que existen marcos legales en otras entidades federativas que se han legislado para integrar la figura de transporte particular privado y/o mercantil, como es el caso de Aguascalientes, Campeche, y Nuevo León.

La iniciativa no fue dictaminada en la presente legislatura y forma parte de la “congeladora legislativa” que se heredada a la siguiente camada de diputados. Tanto en la actual legislatura como la entrante el Grupo Parlamentario del PRI tiene mayoría sobre las otras fuerzas políticas representadas al interior del Congreso del Estado.

 

El servicio de carga dejó de ser negocio: Transportistas

José Manuel Cárdenas López, secretario general de la Alianza de Transporte de Carga y Materiales de Culiacán, reconoce que tienen carros viejos porque no trabajan todo el año, sino solo por temporadas, incluso algunos meses están en cero. “Vivimos muy apretados”, expresa.

En promedio de los vehículos de esta alianza es de modelo 1980 y son escasos los casos de modelo 1985 y 1990. Las unidades más viejas están en uso porque en lugar de comprar nuevos, buscan abaratar los costos al cambiar el motor por uno más moderno para poder competir.

Lamenta que en el pasado en el caso del municipio de Culiacán se sembraban varias variedades de semilla como arroz que daba mucho trabajo a los transportistas, pero este tipo de cultivo ya desapareció. Una situación muy similar es lo que pasó con el trigo y el sorgo. Realmente para lo que se trabaja en el giro agrícola es cuando está la temporada de cosecha de maíz, la cual es muy corta.

La zafra del azúcar en Navolato y Costa Rica también el pasado significada una temporada de trabajo para los transportistas, pero al suspenderse la actividad se cayó el trabajo.

El otro giro de los transportistas de carga son los servicios que prestan a constructores de obra pública, sin embargo, ha dejado de ser negocio porque no se paga oportunamente, incluso hay casos en los cuales las empresas se van de la entidad sin saldar los adeudos o se demoran hasta un año en pagar por sus servicios.

El líder de los cerca de dos centenares de transportistas afiliados a la CTM desechó que los permisionarios sean acaparadores porque en su mayoría cada permisionario tiene un camión, cuando mucho tres.

Para los permisionarios la posibilidad de la liberación del transporte significaría ser desplazados de su trabajo.

 

 

 

 

AFILIACIÓN DE PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE

Afiliación sindical Número de

permisionarios

Porcentaje del

Total

 

CTM 3,993 54.81%
CNOP 1,915 26.29%
CNC 1,145 15.72%
CROC 18 0.25%
Sin afiliación 214 2.94%

 

Fuente:COFECE/ 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

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