Para que el Gobierno del Estado brinde apoyos urgentes a las familias de desplazados, la

presidenta de la Comisión de la Comisión de Derechos y Humanos del Congreso del Estado, Sylvia

Myriam Chávez López, demandó al pleno del poder legislativo la expedición de un punto de

acuerdo.

Exhortó a que se destinen recursos en especie en forma urgente y extraordinaria para atender de

inmediato las necesidades de alimentación, así como una partida especial para atender la

problemática derivada de las familias desplazadas.

Urgió en cubrir demandas de vivienda y empleo que les permita a las familias el sostenimiento

diario, así como las necesidades educativas de niños y jóvenes.

Por su parte el diputado Ramón Lucas Lizárraga acusó en tribuna que la Ley General de Atención a

Víctimas está como letra muerta, así como los objetivos para los cuales fueron aprobados en julio

del año pasado.

Precisó que hasta la fecha no se ha creado el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, ni tampoco la

Comisión Estatal de Atención a Víctimas, a pesar que debieron haber quedado integradas desde

septiembre del año pasado.

Recordó que sus objetivos eran atender y ofrecer justicia a aquellas personas que son víctimas

de violencia y sus efectos subsecuentes.

“El Congreso no puede dejar pasar el tiempo para nombrar la Comisión de Atención a Víctimas,

mientras el número de víctimas se multiplica”, expresó.

Indicó que las estadísticas oficiales señalan un promedio de 35 mil delitos anuales a los que hay

que agregar los casos de desplazados por la inseguridad, “a los que el Congreso prefiere tampoco

ver, a pesar de que tiene al menos una iniciativa específica para responder a esa problemática en

la que para colmo participan las propias autoridades federales expulsando a la gente de sus

pueblos como pasa en la parte más alta del municipio de Cosalá en los límites del estado de

Durango”.

La propuesta de la diputada Chávez López fue turnada para su resolución a la Junta de

Coordinación Política.