Como “testigo protegido” en Estados Unidos, el Chapo daría nombres de políticos y militares mexicanos involucrados en el negocio de la droga

Ciudad de México.-Los cargos que pesan sobre Joaquín Guzmán Loera (a) por la presunta comisión de ocho delitos que la PGR le imputa hasta el 2014 y por los que fue recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, condenan al narcotraficante a morir en prisión y pasar entre 60 y cien años, si es que logran recapturarlo, vaticina Andric Roberto Muñoz Trejo, experto en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

Tan solo en México, la Procuraduría General de la República lo acusa de estar involucrado  en la probable comisión de delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea;  acopio de armas; almacenamiento de armas, cartuchos y explosivos; introducción clandestina de armas de fuego, municiones y explosivos; contra la salud; asociación delictuosa; daño en propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación, más los que le cargue después de la fuga del pasado 11 de julio que desencadenó una crisis en el sistema de seguridad nacional y hasta en la cúpula política.

En Estados Unidos, hay giradas siete órdenes de aprehensión contra Joaquín Guzmán Loera desde 1995  en las Cortes Federales de los Distritos de California, Texas,  Illinois,  Nueva York, Florida y New Hanspire, y existe una orden de detención provisional con fines de extradición girada desde el 17 de febrero del 2001 —a solicitud de Estados Unidos—, por el  Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, registrada con el número 3/2001.

Tras su detención y recaptura en Mazatlán el año pasado, la Agencia Federal Antidrogas en Chicago declaró su interés por la extradición del capo sinaloense al que acusa de haber sido el principal abastecedor y comercializador de drogas en este Estado, donde introdujo cantidades importantes de marihuana, metanfetaminas y cocaína.

Sin embargo, según fue confirmado ya por autoridades mexicanas, fue una corte del sur de California quien solicitó la extradición del capo 16 días antes de que se fugara.

Entregarse o morir

El también catedrático de la Maestría en Ciencias Jurídico-Penales, considera que  Guzmán Loera se ha convertido en el “trofeo” más codiciado por el Gobierno de México y sobre todo por los Estados Unidos, que ven en la recaptura del Chapo la oportunidad histórica de atrapar a la presa y exhibirla tras las rejas como la mejor recompensa.

De tal forma que haber burlado por segunda ocasión la seguridad nacional lo coloca en una situación sumamente crítica que lo condena a pasar el resto de su vida a vivir evadiendo la justicia o morir, asegura.

Argumenta que las leyes mexicanas le tienen reservada cadena perpetua. Una pena condenatoria de 60 a 100 o más años de cárcel en caso de ser recapturado; con la sobrada advertencia de imponerle rigurosos mecanismos de vigilancia para evitar burlar de nuevo a la justicia.

Opina el abogado que el Gobierno de México tiene interés en recapturar al capo y recluirlo de por vida en una cárcel. Solo que por esta ocasión el Gobierno de Estados Unidos tiene el mismo empeño y ejercerá  mayor presión para reclamarlo y lograr mediante los protocolos internacionales la petición de extradición, pero ahora con sobrados argumentos.

El trato que le espera de las leyes mexicanas es tan duro que no es nada descabellado pensar en la conveniencia de que el capo sinaloense se entregue a la justicia estadunidense y solicite su adhesión al programa de “testigo protegido”, figura que le dará a Guzmán Loera la posibilidad de negociar un tramo “más humano” por el resto de su vida, a cambio de ofrecer información confidencial sobre  las operaciones del tráfico de drogas en esta región.

De hecho, remarca,  es una de las causas por la que se especula que México no le conviene y evitará a toda costa extraditarlo, ya que al quedar en manos de la justicia estadunidense podría negociar un cambio de identidad o cualquiera de los beneficios de un testigo protegido, situación que compromete al Gobierno mexicano ante la fuerte sospecha de que altos funcionarios, no solo de la política sino del Ejército, Marina, Fuerzas Armadas y de otras áreas del gobierno mexicano, están involucrados con el negocio de la siembra y tráfico de estupefacientes que controlan los cárteles de la droga mexicanos.

En este contexto que apunta a una posible extradición en caso de ser recapturado por la autoridad mexicana, se especula, dice el penalista,  que para el gobierno es más conveniente aplicarle la ley fuga. Es decir, una vez que se le localice, al intentar huir, o ser detenido, muera en el intercambio de balas, como ocurrió con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Así se cierra por completo el expediente.

Pero por el perfil personal que tiene el narcotraficante, la opción más inmediata es seguir escondiéndose, asienta.

El expediente en la PGR

Cuando Joaquín el Chapo Guzmán fue recluido en el año 2000  en el Penal de Alta Seguridad de Puente Grande Jalisco, purgaba una condena de casi 21 años de cárcel como resultado de tres procesos ratificados en segunda instancia por los delitos de Asociación delictuosa y Cohecho en Jalisco; Asociación Delictuosa en el Estado de México y Cohecho en el Distrito Federal. Desde entonces  arrastraba una pena privativa de su libertad por 20 años y nueves meses de prisión.

Tras escaparse del Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande Jalisco, se giran de nuevo órdenes de aprehensión, hasta que es detenido en Mazatlán el 22 de febrero de 2014, junto con 11 personas más.

En el momento de su recaptura, elementos de la Secretaría de Marina y la PGR aseguraron 97 armas largas; 36 armas cortas; 311 cargadores; dos lanzagranadas; un lanzacohetes; una sub ametralladora calibre 9 mm; dos explosivos; 6 mil 44 cartuchos; nueve granadas de fragmentación; cuatro granadas de 40 mm para arma larga; 43 vehículos (19 de ellos blindados) catorce casas; 38 equipos de radiocomunicación; 420 mil 820 pesos y 4 mil 690 dólares en efectivo.

También se aseguraron 3 toneladas 110.55 kilogramos de anfetaminas (cristal); 82.22 kilogramos de cocaína y 25.64 kilogramos de marihuana.

Con este historial delictuoso acumulado hasta febrero de 2014, cuando fue reaprehendido, la PGR informó que la dependencia dictó 14 días después de su recaptura (en 2014) dos autos de formal prisión y seis órdenes de  aprehensión contra el Chapo, giradas por los juzgados de distrito en los  Estados de México , Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa y el Distrito Federal, donde existen averiguaciones previas por la probable comisión de delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea;  acopio de armas; almacenamiento de armas, cartuchos y explosivos; introducción clandestina de armas de fuego, municiones y explosivos; contra la salud; asociación delictuosa; daño en propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación.

Hasta antes de fugarse el pasado 111 de julio, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera permanecía en calidad de procesado y en espera de una sentencia condenatoria. Ahora se cierra el expediente y en caso de ser recapturado, se le abrirá uno con nuevas averiguaciones  que pudieran derivar en consignaciones adicionales a las que arrastra desde el año 2000.