miércoles, enero 26, 2022
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  • Dias de Impunidad

Del Ejército a la Marina: doble error

gerardo vargas

 

 

 

 

Para Ismael y Andrés, los graduados. Para sus maestros.

 

No debe permitirse que sea poca la trascendencia de la revelación hecha recientemente por el Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez A.C.), donde se evidencia la actitud criminal del Ejército Mexicano —o parte de él—, asumida en el conflicto que derivó en la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, la noche del 30 de junio de 2014.

Ya antes, organismos nacionales e internacionales, después de trabajos de investigación forenses, habían determinado que, al menos la mitad de las personas del caso no habían muerto en un enfrentamiento, como se dijo inicialmente por el Ejército, sino que fueron asesinadas a mansalva.

Un documento confidencial obtenido por el Centro Prodh, durante un juicio que por el mismo caso se le sigue a un militar de rango, registra parte de la estrategia del Ejército Mexicano en su lucha contra el narcotráfico, que consiste en “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.

En el documento se estipulan una serie de medidas que deben tomar los mandos y tropas castrenses bajo determinadas circunstancias.

Para el Centro Prodh las medidas constituyen incentivos para la comisión de violaciones a los derechos humanos y una anuencia explícita de los altos mandos para matar, según se deriva de sus conclusiones, las cuales pueden ser consultadas en su sitio web centroprodh.org.mx.

De acuerdo con un informe del organismo, en el documento castrense las “horas de oscuridad” aparecen como aliadas para el “éxito” de las acciones militares y el prestigio de la dependencia.

“Basados en un profundo trabajo de inteligencia, las principales acciones para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad, realizándolas en fuerza, con efectivos que sean necesarios para el éxito de la operación, dar superioridad a las tropas y ganar una imagen positiva ante la opinión pública”, se indica.

Usan en el documento el término “abatir”, mismo que se ha consignado en decenas de comunicados de prensa por las fuerzas militares durante la guerra contra el narcotráfico, para referirse a personas que fueron muertas en supuestos enfrentamientos.

 

***

 

Más allá del caso Tlatlaya, que ha ubicado a México en la mira de organismos internacionales defensores de los derechos humanos, debe ponerse en cuestión, ya de manera terminante, la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Se dijo, desde que el ex presidente Felipe Calderón los metió de lleno, que era un error hacerlo, pues una institución con tanto prestigio terminaría embarrada no solo por la corrupción, sino por las violaciones a los derechos humanos.

Decenas de casos —asesinatos, torturas, desapariciones, cateos y detenciones ilegales, saqueo de propiedades en actos de rapiña— se han registrado y condenado por organismos oficiales y no, a lo largo y ancho del país durante más de ocho años y no hay una posición clara, todavía, ni del poder ejecutivo ni de los otros poderes, que debieran, se supone, actuar como contrapeso de los excesos en que incurren estas instituciones.

El documento castrense apela a supuestas definiciones presidenciales sobre el tema del narcotráfico y la violencia que genera para sostener sus tácticas. Y aunque no necesariamente obedece a una línea explícita de Enrique Peña Nieto —por lo menos no que se conozca públicamente—, mal parado lo deja, pues en su calidad de presidente es también jefe máximo de las fuerzas armadas.

Podríamos citar muchos casos en los que el Ejército ha actuado con similares procedimientos en Sinaloa, como salidas de libritos semejantes, y que han terminado también en tragedias. La matanza perpetrada por soldados en contra de niños y maestras en La Joya de los Martínez, municipio de Sinaloa, por ejemplo. O el asesinato de la joven María Susana Flores durante la persecución de un grupo de gatilleros, por citar dos casos. Y recordar decenas de allanamientos sin respaldo legal, como perpetrados bajo un típico estado de sitio.

La conclusión, al final de cuentas, es que el Ejército Mexicano se convirtió en un instrumento mortífero, no de disuasión o de respaldo a otras instituciones, sino de suyo concluyente en términos propios de una guerra.

Se advirtió desde un principio y hace mucho tiempo que esta previsión se ha estado cumpliendo al dedillo, con saldos para la sociedad muy lamentables y socavando la confianza que la gente tenía en esa institución. Lástima.

 

Bola y cadena

Y ENTONCES, DESPRESTIGIADO el Ejército, poco confiable para el presidente Peña Nieto, manda por delante a la Marina, de la mano de los gringos, para sus operaciones más importantes. El problema, más allá de los golpes asestados, es que también la Armada de México va en la misma ruta. Y si esta tendencia no se para ¿A quién se acudirá después?

 

Sentido contrario

ES FUERTE LA ADVERTENCIA DEL OBISPADO de Culiacán, pero se quedó solo en jarabe de pico. Dijeron en conferencia de prensa que las acusaciones contra el obispo Jonás Guerrero, de que protegió a un presunto pederasta eran calumnias, y advirtieron que si Alberto Athié no se retractaba en 48 horas, darían a conocer las razones por las cuales renunció al curato. Se supone que esas “razones” mancharían la imagen de uno de los principales activistas para que los actos de pederastia cometidos por personeros de la Iglesia en México, se castiguen. Pero pasaron las 48 horas y una semana y la advertencia no se cumplió. El que calla afloja.

 

Humo negro

 

LA CONGRUENCIA TIENE SUS COSTOS y son los que el gobernador Malova no quiere pagar con Gerardo Vargas, que anda más acilindrado que Roberto Cruz. La diferencia es que éste fue expulsado de la administración y Gerardo anda haciendo campaña con recursos públicos.

 

 

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