septiembre 15, 2019 3:39 am

El ombudsman cuestionado

 

 

 

 

 

Salpica fraude de chiapanecos a Visitador Adjunto de la CEDH en El Rosario

 

 

 

 

 

“Esta señora no tiene miedo que le den un ‘levantón’ (secuestro sin rescate de por medio)’”, habría dicho José Alberto Soto Lizárraga, Visitador Adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en El Rosario, cuando fue denunciado de aliarse a la manipulación y arbitrariedades de la titular del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

El 7 de mayo, Paula Nava Lozano, presidenta de la colonia Ex Real de Minas A.C., envió una queja dirigida a Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH, en la que no sólo denunciaba las arbitrariedades perpetradas por Leticia Guajardo López, titular del Ministerio Público del Fueron Común en El Rosario, sino cómo José Alberto Soto Lizárraga se alió a quienes protegen a la banda de chiapanecos estafadores.

El miércoles 24 de junio, Paula Nava Lozano acudió a las oficinas regionales de la CEDH, ubicadas en Mazatlán, para ratificar la queja enviada el 7 de mayo a Juan José Ríos Estavillo, cuyas oficinas había visitado en Culiacán.

“Lo que haya hecho el licenciado (Soto Lizárraga) es a título personal, no como Visitador Adjunto de la CEDH”, dijo Miriam Hernández Torres, Visitadora Regional de la Zona Sur, al atender la denuncia de Paula Nava Lozano.

“Sí, pero qué confianza le puedo tener a quien cuando supo de mi queja, dijo que ‘esta señora no tiene miedo que le den un levantón’”, respondió la afectada.

 

 

Contexto

 

La semana pasada, Nava lozano denunció que Leticia Guajardo López, titular del MPFC, protege a los chiapanecos que se hicieron pasar como constructores de viviendas para estafar con 850 mil pesos, a casi cien sinaloenses, a quienes también prometieron gestionarles proyectos productivos de pesca y ganadería, entre otros.

Nava Lozano acusaba a Guajardo López de que ésta sólo aceptaba demandas enderezadas en su contra, mientras protege a la banda de chiapanecos estafadores integrada por Enrique Santa Ana Reyes, Rosendo Vázquez Hernández, Juan Morales Vázquez y Lorenzo Santamaría Gonzaga.

A la lista de los denunciados encabezada por la titular del MPFC de El Rosario, con su presunta manipulación, ahora se suma la queja contra el Visitador Adjunto de la CEDH, quien habría quedado atrapado en un conflicto de intereses.

José Alberto Soto Lizárraga es abogado, visitador adjunto de la CEDH en El Rosario, propietario de un terreno en la colonia Ex Real de Minas, y prosecretario de una mesa directiva, cuya acta fue protocolizada en Escuinapa.

 

Salpicados

 

En ese contexto, Paula Nava Lozano informaba al ombudsman sinaloense que de sufrir algún atentado en su integridad física, moral y/o sicológica de ella o su familia hacía responsables a José Alberto Soto Lizárraga, Leticia Guajardo López y  Pedro Arévalo, con quien vía tráfico de influencias mantiene muchos acuerdos.

“Y también llevan acuerdos con José Guadalupe Rodríguez Durán, quien actualmente se hace pasar como presidente de la ‘nueva’ mesa directiva y donde en las dos actas de asambleas protocolizadas aparece José Alberto Soto Lizárraga”, expone.

“En la primera mesa directiva donde se nombra a Prudencio Aguilar  Apodaca como presidente y el licenciado José Alberto Soto Lizárraga aparece como secretario”, detalla.

Después, agregó, “protocolizan otra acta donde se menciona a José Guadalupe Rodríguez Durán, como presidente y como vocal a José Alberto Soto Lizárraga, manipulando la situación actual de dicho fraude”.

Durante cuatro años, antes de ser visitador adjunto de Derechos Humanos, Soto Lizárraga había fungido como secretario de la mesa directiva presidida por Nava Lozano, en el lapso que presuntamente fue timada por el Instituto de Vivienda de Sinaloa (Invies), y que hasta la fecha éste también se mantiene impune.

Cuando el grupo de chiapanecos llegó a reeditar el supuesto fraude del Invies, pese a ser visitador adjunto de Derechos Humanos, en lugar de pugnar por el imperio de la ley, Soto Lizárraga habría fomentado la ilegalidad, formando ‘nuevas’ mesas directivas para proteger a los timadores.

La primera mesa directiva formada fue la presidida por Prudencio Aguilar Apodaca, en la que el visitador adjunto José Alberto Soto Lizárraga fungió como secretario, pero solo duró como dos meses.

La segunda mesa directiva, cuya acta fue protocolizada por el notario público del municipio de Escuinapa, Jorge Cárdenas García, está integrada por José Guadalupe Rodríguez Durán, El Pillo, y José Alberto Soto Lizárraga, como prosecretario, entre otros ciudadanos que decidieron proteger a los timadores.

En un video de una supuesta asamblea de la primera mesa directiva presidida por Prudencio Aguilar Apodaca, éste azuza a los colonos que acudan en grupos de siete al Ministerio Público del Fuero Común a interponer demandas contra Paula Nava Lozano, pero no menciona para nada a los estafadores.

“Parece que están recibiendo dinero de los chiapanecos estafadores para que no interpongan demandas contar ellos, porque hasta José Alberto Soto Lizárraga, visitador adjunto de derechos humanos se les unió”, lamenta Nava Lozano.

 

 

 

Bandazos de la CEDH

 

No es la primera vez que la CEDH da cobijo a visitadores señalados por ciudadanos como abogados de dudosa reputación, pues en noviembre de 2010, Lorenzo Antonio Joya fungía como Visitador Regional de la Zona Sur de la CEDH, en Mazatlán, a pesar de que éste traía su negra historia de hacer el trabajo sucio como operador jurídico de la Comuna, en la administración 2005-2007, del entonces alcalde Alejandro Higuera Osuna.

El paso de Lorenzo Antonio Joya por la CEDH no lo enmendó, ni lo hizo más fino en su forma de operar, porque en el trienio 2011-2013 de Alejandro Higuera Osuna, hasta los policías municipales de Mazatlán, que son duros de roer por los abogados, lo acusaron que en su calidad de Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla, violaba sus derechos humanos.

 

 

 

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