A pesar de que el 4 de mayo se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que servirá de base para renovar el espectro jurídico en este tema, no solo a nivel federal en materia de leyes secundarias, sino en los estados, en Sinaloa parece no haber mucho interés en ponerse al corriente.
La transparencia, por razones obvias, no es una de las cualidades de los gobiernos. De ninguno. Por el contrario, entre más oscura la sala, más juegos de manos mientras corre la cinta. Aunque sea de Buñuel.
Hay en el congreso local distintas iniciativas para reformar la Ley de Acceso a la Información, habida cuenta las trabas que siempre ponen las entidades públicas para transparentar sus ejercicios. Sin embargo, la nueva ley general viene, al menos en las formas y los propósitos, a darle un cierto orden a la legislación en la materia en todo el país, homologando criterios que luego deberán traducirse en ordenamientos.
Pero ninguna iniciativa se ha presentado después del 4 de mayo. Hay razones técnicas, pues comisiones del Senado harán un recorrido por los congresos locales del país con el fin de compartir los criterios con los que las nuevas leyes en los estados deberán elaborarse.
Eso llevará meses, así que no debe esperarse que la nueva legislación estatal en materia de transparencia salga mañana, a pesar de que es urgente una nueva legislación y un organismo que realmente ajuste a los sujetos obligados con las transparencia, algo que no ha ocurrido hasta ahora con el que conocemos.
Un problema adicional en Sinaloa es que hay un nudo turbio que no se ha desatado, y es que la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaipes) necesita renovarse, pues dos de sus consejeros, el consejero presidente, Abraham Lugo y el consejero José Carlos Álvarez Ortega, no fueron ratificados por el Congreso y deben ser sustituidos.
El año pasado solo se renovaron los votos para la consejera Rosa de Carmen Lizárraga Félix, en medio de una elección atropellada, violatoria de la Ley. Esto provocó las protestas de los comisionados que no fueron reelectos e hicieron que el proceso de renovación total del organismo se suspendiera, pues se alertó de que decisiones tomadas en este contexto podían ser revertidas en una instancia judicial.
Se notó mucha prisa en el congreso local por sacar adelante la renovación del periodo para Lizárraga Félix, pero, sobre todo, para truncar un periodo más al consejero presidente, Abraham Lugo, pues esto abría el camino para que la ex coordinadora de Acceso a la Información Pública del gobierno estatal desde el sexenio de Jesús Aguilar Padilla y alfil incondicional de Juan Sigfrido Millán Lizárraga, ocupara el cargo.
Todo se armó en el tercer piso de Gobierno desde mucho antes, cuando Alfonso Páez Álvarez renunció inesperadamente a la presidente de la Ceaipes para dedicarse, dijo, a actividades académicas.
Pero resultó que semanas después Rosa del Carmen Lizárraga renunció a la Coordinación de Acceso para ser nombrada comisionada en la Ceaipes… y acto seguido, Páez Álvarez fue nombrado en el cargo que dejaba Lizárraga Félix. Un enroque, pues.
El objetivo, siempre turbio, era que Lizárraga Félix se apoderara de la CEAPIES, por eso en diciembre de 2014 le fueron renovados los votos, mientras se los negaban a los otros dos consejeros. Pero con tal desatino que los diputados y el tercer piso tuvieron que frenar la intentona, pues en similares desaciertos sufrieron reveses, uno de ellos ante el Tribunal Federal Electoral, que revocó en enero de 2013 el nombramiento de los tres magistrados numerarios del órgano estatal, ante la impugnación de uno de los aspirantes, por haber sido violatorio de la Constitución.
Tenían planeado lanzar la convocatoria para la elección de nuevos consejeros en enero de 2015, pero desistieron.
Hay prisas ocultas en el Congreso porque los consejeros sean renovados. Sandra Lara, diputada priista, millanista también hasta el tuétano, presiona para que esto se saque al margen de las formas legales, como ocurrió en el caso de Rosy Lizárraga, lo cual fue cuestionado en su momento por la diputada perredista Imelda Castro.
Bola y cadena
CUANDO EL 4 DE MAYO PASADO se promulgó la Ley General de Transparencia, se dio de plazo un año para que los congresos de los estados adaptaran sus leyes de acceso a los nuevos criterios, sin embargo, lo que se sabe es que en ninguna entidad tienen prisa por hacer sus propias leyes porque los gobernadores estarían poniéndose la soga al cuello. Tendrán que hacerlo, pero si por ellos fuera se irían a tiempos extras.
Sentido contrario
EN UNA ENTREVISTA QUE ANABEL IBÁÑEZ le hizo a Ernesto Villanueva, éste definió así el papel que está jugando Rosa del Carmen Lizárraga: “Es como poner al lobo que se come a la ovejas, si lo pones como encargado para cuidarlas. Eso no puede pasar, su naturaleza no lo va a permitir. Y cuando tú le digas ´por qué te comiste a las ovejas, si te puse a cuidarlas´, te dirá ´porque es mi naturaleza’”.
Humo negro
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE el gobierno estatal se mira involucrado en transacciones o actividades relacionadas con edificios donde líderes del narcotráfico son detenidos. Cuando detuvieron a Joaquín Guzmán Loera, se supo que el Gobierno de Estado, a través del ahora alcalde, Arturo Duarte, le vendió un terreno al narcotraficante Jaime Mandujano, operador del Cártel de Sinaloa detenido en España meses después que agarraron al Chapo. Y que un hermano de éste tenía también un condominio en el Miramar. Ahora detienen a Mauricio Gastélum Serrano y resulta que en el mismo edificio se hacen reuniones de funcionarios estatales, donde, además, pernoctan con frecuencia. Lo curioso es que en todos los casos está involucrado el Cártel de Sinaloa. Ningún otro.
