Los indígenas alzaron la voz para exigir el respeto a sus derechos humanos. Y fueron más allá al demandar penalmente al Congreso del Estado por “omisión legislativa”, al no emitir la Ley Indígena para el Estado de Sinaloa, iniciativa que tiene 11 años “congelada”.

Durante cinco periodos legislativos los diputados han guardado en sus cajones la iniciativa, elaborada en 2004 por representantes indígenas de comunidades de la zona centro, área donde se concentra esta población, tanto en asentamientos permanentes como en campamentos provisionales alrededor de los campos agrícolas.

El pasado martes, el coordinador de posgrado de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Gonzalo Armienta Hernández, junto con maestros y estudiantes de diferentes etnias indígenas, informaron que el 20 de marzo pasado presentaron un amparo en contra del Congreso del Estado de Sinaloa, al que se le reclama “la omisión legislativa para emitir la Ley que establezca en el Estado de Sinaloa los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de las personas que con esa calidad nos encontramos radicados en éste”.

El amparo, turnado al Juzgado Segundo de Distrito, señala que el Congreso ha sido omiso “de emitir la Ley en la que deberán establecer políticas sociales para proteger a los indígenas nativos de la Entidad, a los radicados en ella, y a los migrantes de los pueblos indígenas, garantizando los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, buscando mejorar las condiciones de salud de las mujeres, instituir programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes y velar por el respeto de los derechos humanos y para promover la difusión de sus culturas”.

El catedrático de la UAS informó que “la audiencia para emitir sentencia será el próximo 23 de abril, en la cual se podría obligar al Congreso a emitir el dictamen de Ley Indígena”.

Pero no cualquier ley, argumenta, pues aparte de reconocer los derechos a la salud, la educación yel trabajo para los pueblos indígenas, también debe respetar su autonomía y contemplar la participación política.

Dijo que el amparo, elaborado por estudiantes, maestros y doctores de la Facultad de Derecho, indica que la Ley Indígena debe contemplar aspectos que han sido eludidos durante la última década porque trastocan intereses económicos de políticos y agricultores locales.

Entre los beneficios que debe tener la nueva Ley Indígena están el de contar con tribunales especiales en materia indígena, tenerun presupuesto administrado por los propios pueblos indígenas a través de un consejo, y contar conparticipación política a través de regidores (en los Ayuntamientos con presencia de población indígena) y diputados (en el Congreso estatal), elegidos no por partidos políticos, sino por los habitantes de sus propias comunidades.

El también notario público dijo que de no atenderse esta demanda en el ámbito estatal, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si es necesario, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obligar al estado de Sinaloa a que emita la Ley Indígena.

No cualquier Ley

A once años de distancia, luego de la iniciativa universitaria, la legislatura estatal ha recibido seis iniciativas sobre derechos indígenas: dos de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), dos de Acción Nacional (PAN), una del de la Revolución Democrática (PRD) y una más del Sinaloense (PAS).

Sin embargo, Armienta Hernández indicó que “los partidos políticos han hecho copias muy ligeras de leyes de otros estados de la República pero sin dar una participación directa a los indígenas en los ámbitos económico y político”.

“Todas las iniciativas presentadas son fundamentalmente asistencialistas, sin otorgarles patrimonio propio”, agregó.

Resaltó que los principales puntos de la Ley que han sido eludidos en las últimas cinco legislaturas locales son los que se refieren a la representatividad obligada de los indígenas en los Ayuntamientos y en el Congreso de acuerdo al número de habitantes; el presupuesto estatal administrado por los propios indígenas y no por el gobierno (que reparte con una visión partidista y electorera).

Además, el reconocimiento jurídico de las poblaciones indígenas, independientemente de que sean originarias o no del estado; la creación de centros de salud con traductores e intérpretes; y un espacio especial en los centros penitenciarios en donde haya traductores, debido al trato discriminatorio y a la explotación de que son objeto.

Si se trata de aprobar la última iniciativa del PRI, añade, presentaremos otro amparo, porque es violatoria, sería un atraso; no sólo es que haya una Ley Indígena, sino que contenga los puntos básicos para el desarrollo de estas comunidades.

Aclaró que debe mejorarse esa (la del 2004) con la inclusión de temas nuevos como el del nuevo sistema de justicia penal y el de equidad de género y se vote una ley incluyente y no otra palomeada en lo oscurito”.

Distintas cifras

De acuerdo con el Catálogo de Pueblos Indígenas 2010 realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en coordinación con el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en Sinaloa existen un total de mil 94 localidades indígenas en donde habitan alrededor de 53 mil 215 indígenas, entre población originaria y migrante que llega a laborar a los campos agrícolas.

En el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México “El reto de la desigualdad de oportunidades”, dado a conocer por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), arroja que la población indígena en Sinaloa es de alrededor de 60 mil 21 personas, un 2.3% de la población total.

Mientras, los representantes de las etnias mixteca,Jorge López Hernández, y triqui, Eusebio González Vázquez, coincidieron en señalar que según sus cálculos, la población en el estado es de alrededor de cien mil indígenas que hablan más de 20 diferentes lenguas y laboran en 250 campos agrícolas, concentrados en la zona centro.

La publicación del PNUD sostiene que a pesar de que desde el 2008 se destinan fondos a este sector dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, “no existe evidencia contundente de que estos recursos estén beneficiando a los indígenas, lo cual abre una brecha de análisis sobre la planeación eficiente y eficaz del uso de los recursos públicos

“De aquí se deriva la importancia de incorporar a los pueblos y las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre el destino y distribución del gasto que les es asignado”.

El estudio menciona que los pueblos y comunidades indígenas han sido “el grupo poblacional con mayor rezago y marginación” debido “no sólo al acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, sino también a la discriminación y exclusión de las que han sido objeto”.