Armados de un decreto presidencial, exigen les entreguen sus tierras
A sus 88 años de edad, don Antonio Acuña se enlistó en el primer grupo de autodefensas que se organiza en Agiabampo Dos, poblado costero de Sonora. Se decidió a participar para exigir, desde esa trinchera, la recuperación de sus tierras despojadas por terratenientes, en un conflicto agrario que data de hace más de 30 años.
Don Antonio, uno de los 50 comuneros convocados por su líder Francisco Bustamante Villa, para la integración del grupo de autodefensa, bromea con alegría que en esta nueva lucha llevará como arma su bastón, porque ya no tiene fuerza para cargar con un fusil o una pistola.
Originario de Zapote, Chihuahua, pero sonorense por haber radicado ahí la mayor parte de su vida, don Antonio cuenta su vida, marcada por los sobresaltos y por el problema agrario que ha padecido a lo largo de las últimas tres décadas en los límites de los estados de Sonora y Sinaloa, y del cual calcula que quizás no le alcance el tiempo para ver la solución.
Dice que de no haber bajado de la sierra para buscar medicina y escuela para sus hijos, quizás él y sus hijos ya estarían muertos.
“Allá se ha vuelto muy difícil, con esos pleitos armados por los cerros. Tenía un compadre al que mataron y luego a todos sus hijos. Salí a tiempo para tener a mi familia completa. Otros compañeros salieron también, y todos llegamos aquí”.
Entre todos formaron el ejido Agiabampo Uno, en las inmediaciones de Navojoa, Sonora, con tierras dotadas por el Gobierno en la década de los setenta. Luego llegó la división por intereses de grupo, “algunos vendieron la lucha, y otros se unieron más”.
Un grupo de pobladores como él fundaron la comunidad Agiabampo Dos, a sólo unos metros de Sinaloa, y esperaron la llamada resolución presidencial, que llegó en 1997. La resolución que los dotaba de dos mil 383 hectáreas tierras jamás se cumplió, narra don Antonio, pese a que las parcelas estaban frente a ellos.
Es así como inician los litigios 306/2002 y 527/2009 en el Tribunal Unitario Agrario. “Y a lo mejor no me alcanza el tiempo para ver esa resolución, menos ahora que la delincuencia organizada nos amenaza, por eso nos vamos a defender, a organizarnos en guardias comunitarias, en autodefensas”.
Tras una mesa plagada de papeles, Bustamante, que también usa el apodo de Pancho Villa, arenga a firmar las actas de constitución de los vigilantes comunitarios. Pide a sus representados no acobardarse, ni comer ansias por la tardanza en la sentencia de los juicios agrarios.
El líder enumera encomiendas a los seguidores: “no portar armas, ni responder a las provocaciones de personas ajenas a la comunidad que han llegado para meter miedo y someterlos a caprichos de terratenientes, porque lo que quieren es que desistan de los juicios de reivindicación de la dotación de tierras”.
“Tampoco, dice, se debe alardear de que estarán armados, porque la autoridad policial puede llegar a extremos: catear casas, detenerlos, encarcelarlos, pues los políticos corruptos que hoy detentan el poder se valen de cuanto pueden para no cumplir con la ley. Ya nos pasó una vez, que sitiaron el pueblo, nos detuvieron y fuimos encarcelados, hasta que demostramos la inocencia. No les demos argumentos para una nueva acción”, pidió.
Bustamante Villa afirma:
“Hoy constituimos oficialmente nuestro grupo de autodefensa: Comité Particular Consultivo Agrario de las Comunidades de Origen Indígena Campesina Yoreme, Yaqui, Tarahumara Agiabampo Dos y Comité Particular del Nuevo Centro Poblacional Microondas Dos, para defenderse de la agrícola Cairo y de quienes se dicen dueños: Juan y Fernando Inzunza, así como de un tercero a quien nombran como “El Macho Prieto” y de apellido Inzunza”, que se sabe es de la delincuencia organizada”.
Ante la amenaza y la presencia de sospechosos, el líder agrario y las autoridades ejidales denunciaron el caso ante el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías “pero no se movió a un solo (agente del) Ministerio Público, y al contrario, la agrícola obtuvo mayor impunidad. Al parecer los comuneros nos quedamos solos”.
Es por eso, explica el líder, que armaron su propio grupo de autodefensa. Constituidos legalmente en vigilantes comunitarios, envían oficios de notificación de su alianza comunal a los gobernadores de Sonora y Sinaloa, a cuarteles militares y destacamentos policiales.
“Queremos hacerlo legal, para que el gobierno no se llame sorprendido, o engañado”, justifica.
Esperarán, dice Francisco Bustamante, a que el Gobierno responda a su decisión de armarse para defender su familia, su libertad y su tierra, de los terratenientes y de los políticos corruptos.
“La constitución nos faculta a poseer armas en nuestras casas, y vamos por ese derecho”, agrega.
Los comuneros dicen saber el riesgo a que se enfrentan con la llamada delincuencia organizada “confabulada con políticos cómplices”. Aún así, firman el acta que los convierte en autodefensas. Hay mujeres y hombres, ancianos como don Antonio, quien también firma, aunque lo único que puede cargar ahora es su bastón. Y su sueño inconcluso.
