“No prometas tanto Aarón, porque tú ya te vas en diciembre”, advertía María Imelda al presidente municipal, en aquellos días de septiembre cuando el lodo, el agua y la peste aún anegaban su hogar.
El nombre de Aarón Rivas Loaiza se repite una y otra vez entre los vecinos del fraccionamiento Valle Alto. Al ex alcalde de Culiacán lo tienen muy presente los damnificados de la tormenta Manuel, esos que perdieron todo y a quienes se les prometió mucho.
“Él nos dijo”, “Él nos prometió”, “Aquí anduvo y quedó muy formal”, coinciden por separado las voces que no olvidan los compromisos incumplidos por el gobierno municipal, estatal y las dependencias federales.
Créditos para pequeñas y medianas empresas por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico; recursos para reparar sus hogares, provenientes del Fondo de Desastres Naturales; mil 500 pesos mensuales, durante tres meses, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, son algunas de las promesas que los habitantes de Valle Alto, Infonavit Humaya y Riberas del Tamazula, escucharon en septiembre de 2013 y que hasta el momento no se han cumplido en su totalidad.
En el hogar de la familia Camacho Zavala todo sigue en reparación. Han pasado siete meses y las sillas del comedor aún se tambalean, están podridas por el agua en la que flotaron por varias horas.
En la sala usada que la hermana de María Imelda regaló a la familia Camacho se reúnen los tres hijos y Jesús Ignacio, el padre de familia. Se interrumpen unos a otros, todos tienen algo que contar sobre la inundación que destruyó su casa, un jueves 19 de septiembre.
María Imelda roba la atención y detalla los esfuerzos hechos para rehabilitar el hogar, cuenta de la lavadora de segunda mano que compraron, el crédito para adquirir un refrigerador y estufa nueva y el préstamo para instalar una cocina integral que sigue en construcción.
“Lo estamos haciendo poco a poco, préstamos aquí, préstamos allá. Con sacrificios hacemos las cosas porque ayuda de gobierno no tuvimos para nada, si el gobierno mandó 50 millones para damnificados, esos se fueron directos a las personas que lo manejan, porque a nosotros no nos llegó ninguna ayuda”, reclama la ama de casa.
Junto a la casa que se ubica en el bulevar Valle Alto, donde según relatan el agua alcanzó hasta los dos metros de altura, la estética de Rocío, de una de las hijas de María Imelda y Jesús Ignacio, también fue afectada.
La joven cuenta que acudió a varias reuniones con Roberto Cruz Castro, el entonces secretario estatal de Desarrollo Económico. En las reuniones con los pequeños comerciantes de Valle Alto se les aseguró que no importaría si estaban o no registrados en Hacienda.
Con el paso de los días, la falta del registro en Hacienda fue el motivo principal para dejarlos fuera del programa.
“En la junta nos dijo Roberto Cruz que no importaba (el registro en Hacienda), que no nos preocupáramos. Al mes nos van diciendo que uno de los requisitos es llevar la hoja de régimen tributario y un pago del último bimestre, entonces me fui a registrar, llevé todos los papeles pero no salí, me dijeron que no, porque me había registrado después del siniestro”, cuenta Rocío, quien calculó una pérdida de 27 mil pesos en su negocio.
Sobre la misma avenida, unas casas más adelante, en el restaurante de mariscos de Pedro Godoy, la historia se repite.
A la familia Godoy Machado, la Sedeco también los dejó fuera del programa emergente por no estar registrados como pequeños contribuyentes, a pesar de que los comerciantes contaban con evidencias de la afectación.
Por los daños a su casa, los Godoy Machado se organizaron con otros vecinos para exigirle a la constructora que respondiera. La lucha fue infructuosa.
“Le pedíamos que pintara, cambiara puertas, tazas de baño y no quiso. Íbamos a demandar entre todos a Fincamex pero salía muy caro, teníamos que contratar unos peritos carísimos, al final no se pudo pelear contra esos monstruos”, recuerda Pedro Godoy.
Pero para Ivone y Pedro, padres de dos pequeñas niñas, la ayuda que no llegó ya no importa; el flagelo actual es el miedo a que la tragedia se repita con las lluvias de los próximos meses.
Al voltear hacia atrás, los vecinos se observan con el agua hasta el cuello, con sus hijos pequeños montados sobre los hombros y amarrados con mecates para que no los arrastrara la corriente.
“Así como se ven en la tele las inundaciones en el sur del país, así andábamos nosotros”, relata Pedro, mientras observa a su hija menor y admite que ellas, las niñas, son quienes más sufren al pensar en la posibilidad de que vuelva a suceder.

Entre ríos y canales azolvados
Más de 175 personas damnificadas, más de 40 mil viviendas dañadas y más de 38 mil familias que perdieron su patrimonio en septiembre de 2013, pareciera no ser suficiente para tomar las medidas preventivas necesarias.
Tan solo en Valle Alto, Infonavit Humaya y Riberas de Tamazula, tres colonias de las más afectadas en diversos sectores de la ciudad, los vecinos coinciden en el mismo clamor: la limpieza y desazolve de los canales y ríos cercanos.
Siete meses después de la inundación, el dren Bacurimí de Valle Alto, el canal Humaya en el infonavit que lleva su nombre y el río Tamazula, vecino de los habitantes en Riberas de Tamazula, permanecen azolvados, llenos de maleza y basura.
De acuerdo con notas periodísticas del 24 de septiembre de 2013, el entonces alcalde Aarón Rivas Loaiza informó que se habían solicitado 389 millones de pesos al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) para atender los daños ocasionados por el Huracán Manuel, sólo en Culiacán.
Entre las obras proyectadas con esos recursos se enlistaba el entubamiento del canal Humaya, el dren de Bacurimí y el desazolve del río Tamazula.
“Nosotros entregamos un proyecto integral y solicitamos 389 millones de pesos, en ello vienen incluidos lo que es el desazolve del río Tamazula. El entubamiento del canal del Infonavit Humaya, lo que es el dren que está en Valle Alto, que ese fue el que ocasionó el problema de la inundación, apoyos para comprar enseres domésticos a las familias, pintura, impermeabilizante”, declaró Rivas Loaiza al periódico Noroeste.
¿Y el Fonden?
De declaración en declaración, los recursos del FONDEN han sido prometidos, aclamados y hasta aplaudidos pero en la realidad, sólo un 20 por ciento de los recursos solicitados han comenzado a ejercerse.
Según las cifras presentadas por el Comité de Evaluación de Daños del huracán Manuel, en octubre de 2013, Sinaloa solicitó 2 mil 794 millones de pesos al FONDEN por el desastre en nueve municipios del Estado.
De ese total, las afectaciones se dividieron en daños a la infraestructura del Estado y la infraestructura federal.
Respecto a la zona de responsabilidad del Estado, los daños se contabilizaron en 106 millones en el sector hidráulico, mil 665 millones para infraestructura carretera, 14 millones en daños a vivienda, 26 millones para el sector urbano, 35 millones por afectaciones al sector escolar, 48 millones para el sector pesquero y acuícola y cuatro millones para el sector salud.
En cuanto al área federal, se cuantificaron daños por 699 millones de pesos en el sector hidráulico, 103 millones en infraestructura carretera y 87 millones por afectaciones al sistema de drenaje.
Días más tarde, el 21 de octubre de 2013, el gobernador del estado, Mario López Valdez, anunciaba que se habían autorizado 2 mil 900 millones de pesos para la reparación del total de los daños en Sinaloa, a través del FONDEN.
Sin embargo, de acuerdo a los boletines informativos, emitidos por la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, desde octubre de 2013 a abril de 2014, a Sinaloa sólo han llegado 326 millones de pesos para reparar la infraestructura carretera, de un total de mil 665 millones solicitados para ese sector y 163 millones de pesos para el sector hidráulico, de un total de 805 millones de pesos requeridos en esa área.
Cifras
El Gobierno Federal autorizó a Sinaloa 2 mil 900 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.
A la fecha sólo se ha anunciado el depósito de 326 millones de pesos para infraestructura carretera y 163 millones de pesos para el sector hidráulico, provenientes del Fondo, un 20 por ciento de los recursos.