Esta pregunta debemos hacérnosla muy seriamente para el presupuesto 2026, ya que la carga fiscal del estado mexicano ha generado un crecimiento enorme del déficit y deuda pública que creció de 10.5 billones de pesos en 2018 a casi 18 billones en este 2025. Este panorama que complica mantener el gasto “social” que, según los datos de la ENIGH del INEGI, ha contribuido muy poco a la reducción de la pobreza en México.
Según el INEGI sobre las últimas mediciones de pobreza, México logró avanzar en este tema reduciendo la cantidad de personas en pobreza extrema de 8.7 millones en el 2018 a 7 millones en el 2024, mientras que las personas con pobreza moderada pasaron de 43.2 millones en el 2018 a 31.5 millones en 2024.
Estos avances históricos son sin duda algo para celebrarse a gran escala. No obstante, por otro lado, la información generada también por el INEGI, nos muestra que los ingresos de las personas en México, incluidos los más pobres, no crecieron gracias a las transferencias de programas sociales, sino que provino del ingreso laboral, que compone el 65.6 por ciento del ingreso de los hogares, mientras que las transferencias, que incluye a las remesas, aportaron el 17.7 por ciento de los ingresos —Datos claramente establecidos en los resultados de la ENIGH del INEGI.
Aun así, es importante remarcar que, en el caso de los hogares con menores ingresos, los programas gubernamentales aportaron hasta el 15.2 por ciento de sus ingresos, cifra menor al porcentaje que representaba en el 2016. ¡Justo este es el problema!
En el 2016 las transferencias gubernamentales a los hogares con menores ingresos eran más importantes, mientras eran casi nulas para hogares con mayores ingresos. Pero, los programas de corte universal han hecho que los hogares de mayores ingresos perciban una mayor cantidad de transferencias. Lo que, desde la perspectiva social, no tiene razón de ser, ya que aún hay 7 millones de personas en México cuyo ingreso mensual no es suficiente para comer, y 31.5 millones de personas, son pobres. Aclaro que la pobreza extrema es no tener ingresos ni siquiera para comer, mientras que los pobres sí tienen para comer, pero no pueden cubrir otros gastos básicos como servicios, bienes de higiene personal, transporte y otros incluidos en la canasta no alimentaria.
Por el otro lado, si el incremento del salario mínimo sí tuvo un efecto positivo, es también fundamental el apoyo a las empresas y la producción pues en este año repuntó la economía informal, entonces ¿Qué hacer con los programas sociales que cuestan más de 800 mil millones de pesos y que poco han ayudado a reducir la pobreza?
Las cifras son claras: los programas sociales, que no van dirigidos a los más pobres, pero el gasto limita que se pueda atender el creciente problema de la salud pública. Las cifras son impactantes, las carencias por acceso a servicios de salud pasaron de 18.8 millones de personas en 2016 a 44.5 millones en el 2024.
Ante esta enorme problemática es crítico desmenuzar lo que sí funcionó contra la pobreza, si realmente queremos que los otros 31.5 millones salgan de la pobreza y al mismo tiempo tengan el acceso a los servicios más básicos de salud, que bien podrían financiarse con todas las transferencias a los hogares que no son pobres.
Artículo publicado el 31 de agosto de 2025 en la edición 1179 del semanario Ríodoce.
