Ante la polémica, asociaciones y organismos abandonaron la Redca del Comité de Participación Ciudadana
Acusado de operar con opacidad, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción ha preferido hacer mutis.
La controversia inició cuando la asociación civil Iniciativa Sinaloa se percató que el CPC había obtenido un financiamiento de Alianza Surge, una entidad que otorga apoyos a movimientos y organizaciones mexicanas.
La postulación fue hecha por la presidenta del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Lucía Mimiaga, con el proyecto denominado “Análisis Integral de Riesgos de Corrupción y Faltas Administrativas en la Crisis de Personas Desaparecidas en Sinaloa”.
La inconformidad radicó en que tanto la postulación como el proyecto no fue enterado previamente a las organizaciones que participan en la Redca del Comité de Participación Ciudadana. Más aun porque los financiamientos que otorga Alianza Surge oscilan entre los 500 mil pesos y el millón de pesos.
Diversas organizaciones manifestaron su inconformidad y decidieron retirarse de la Redca del Comité de Participación Ciudadana.
Sabuesos Guerreras, una organización dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, afirmó que se sentía utilizada en el proceso de toma de decisiones para la solicitud de fondos ante organizaciones externas.
“Identificamos prácticas discrecionales y actos contrarios al espíritu de legalidad y colaboración que debería regir cualquier organismo público, como lo es el Comité de Participación Ciudadana”, afirmó Sabuesos Guerreras en un pronunciamiento público en el que anuncio su retiro de la Red del CPC.
“La lucha contra la corrupción no puede ser usada como fachada para prácticas opacas. Por eso, desde el activismo, decimos con firmeza: sin condiciones de transparencia, no hay participación posible”.
La integración de la Redca forma parte de las atribuciones establecidas en la Ley del Sistema Anticorrupción.
Textualmente la referida ley señala: “Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno”.
Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, agrupación que también hizo público su retiro del CPC, advirtió que incluso la postulación del proyecto para obtener financiamiento pudiese configurarse como una falta grave y un delito por ejercicio indebido y/o abuso de la función pública porque de acuerdo con el marco legal no se está facultado para ese tipo de gestiones.
En el posicionamiento de Iniciativa Sinaloa, sostuvieron que en las condiciones actuales ya no eran compatibles con los valores institucionales, particularmente en lo relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas.
Al manifestar la inconformidad, el Comité de Participación Ciudadana convocó a una reunión con las organizaciones, pero lejos de explicar el contenido del proyecto, León Fontes expresó que se les pretendió acusar de que habían sido las causantes de que el financiamiento obtenido en Alianza Surge haya sido cancelado.
“El tema del diálogo y la apertura nunca lo hubo, mucho menos el tema de la transparencia. Actuaron con discrecionalidad y cuando pedíamos información había mucha molestia”, señaló la presidenta de Iniciativa Sinaloa.
En el comunicado público Iniciativa Sinaloa expresó su preocupación por las prácticas de opacidad por la CPC, específicamente por postular un proyecto a nombre de la Red sin que los integrantes de esta recibieran previamente la información completa.
Enfatizó que a las organizaciones civiles que integran la Red nunca se les informó que sería postulado un proyecto a un fondo económico ni los detalles de presentación del mismo.
“Estas decisiones unilaterales afectan la confianza y comprometen los principios que deben regir cualquier esfuerzo ciudadano en la lucha contra la corrupción”.
Por tomar decisiones el CPC de manera unilateral anticipó que será muy difícil que Iniciativa Sinaloa regrese a integrarse a la Red.
En el retiro de la Red se unió también la asociación civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. La razón señalada fue porque no encontraron condiciones de apertura, diálogo y transparencia para continuar siendo parte, y por tanto ser incompatibles con el espíritu y misión de la organización.
Precisaron que continuarán con el proyecto de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que se había trabajado por parte de la Red.
En lo sucesivo, indicaron, colaborarían solamente en proyectos específicos en caso de que hubiera condiciones y coincidencia para impulsar causas y objetivos comunes.
“Más allá de esta situación, consideramos que la Redca es un mecanismo de participación ciudadana necesario que deber persistir”, señaló la organización en su comunicado a la opinión pública.
Dejó también la Red, la organización Tacuichamona Mx también como congruencia a sus principios de colectividad.
Al igual que otras organizaciones cuestionaron la opacidad y discrecionalidad en las decisiones del Comité de Participación Ciudadana, ya que se enteraron por medio de las redes sociales de la organización donataria que un proyecto había sido postulado.
La organización denunció que al interior de las reuniones de la Red organizadas por el CPC, las representantes habían sido descalificadas, agredidas y difamadas, además de ser acusadas de la cancelación del proyecto y tener interés de generar divisiones.
La organización al igual que otras como Iniciativa Sinaloa cuestionaron también que una de las integrantes del CPC, Rosa Elvira Jacobo, seguía participando en las reuniones, a pesar que el nombramiento para que el fue electa ya feneció.
Por su parte la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Lucía Mimiaga, no ha emitido ningún posicionamiento sobre la controvertida situación ni dado ninguna entrevista o declaración.
Artículo publicado el 3 de agosto de 2025 en la edición 1175 del semanario Ríodoce.







