Un juez de control del Centro Penal de Justicia Federal en Almoloya de Juárez dictó este domingo 19 de julio de 2026 la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete personas más. Los imputados enfrentan cargos por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La Fiscalía General de la República informó a través del comunicado FGR 455/26 que la resolución derivó de una audiencia inicial que se extendió por más de 32 horas. El Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formuló la imputación tras presentar casi un centenar de datos de prueba.

Ernesto Ruffo Appel, junto con Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, deberán cumplir la medida cautelar en el Centro Federal de Readaptación Social 1 “Altiplano”. Por su parte, José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” será recluida en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

La investigación de la Fiscalía, que suma más de un año, refiere un esquema de importación y comercialización irregular de derivados del petróleo. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la red utilizaba declaraciones aduanales falsas para reportar solo el diez por ciento de la capacidad real de carga en ferrotanques y evadir impuestos.

El funcionario federal detalló que el caso involucra el aseguramiento previo de 33 unidades en Coahuila con más de 15 millones de litros de hidrocarburo. La Fiscalía precisó que entre los implicados ya detenidos se encuentran Armando III Riestra Fernández, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Rosales, Adriana Magali Bárcenas Guillén, el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.

Las autoridades mantienen una investigación en curso que contempla a más de veinte personas no localizadas. La Fiscalía recordó que a los mencionados se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.