El abogado de la familia señala que el líder del Cártel de Sinaloa brindó hombres y armas al grupo La Línea, que participó en la emboscada del 4 de noviembre de 2019, donde la familia fue asesinada en Sonora.
La familia de María Rhonita LeBaron, quien fue asesinada durante una emboscada el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, pidió a través de su abogado Howard J. Miller ser incluida como víctima en el embargo y decomiso de bienes a Ismael el Mayo Zambada.
A través de una carta enviada el 7 de julio pasado al juez Brian M. Cogan, del Distrito Este de Nueva York, Miller señala que María Rhonita LeBaron y otros, “familias o víctimas estadounidenses del terrorismo de los cárteles”, solicitaron previamente ante dicho tribunal, una orden de ejecución para embargar y ejecutar los bienes del Mayo Zambada, debido a que este brindó hombres y armas que fueron utilizados por el grupo La Línea del Cártel de Juárez, para emboscar, prender fuego y asesinar a los integrantes de la familia mencionada.
“Las familias obtuvieron una sentencia contra el Cártel de Juárez en 2022, la cual fue debidamente registrada ante este Tribunal el 12 de septiembre de 2023 (…). El demandado es un presunto agente o instrumento del Cártel de Juárez. Desde 2002, el Congreso ha dispuesto que, ‘sin perjuicio de cualquier otra disposición legal’, los bienes bloqueados de un grupo terrorista (incluida cualquier agencia o instrumento) ‘estarán sujetos a ejecución o embargo en apoyo de la ejecución’ para satisfacer una sentencia por daños y perjuicios con base en un acto de terrorismo” Añade que los “activos bloqueados” incluyen todos los bienes incautados o congelados en virtud de la Ley de Designación de Capos de Narcotráfico Extranjeros.
Pese a la solicitud, cuestionaron que el gobierno de EU presentó el 13 de julio de 2026 una carta y una propuesta en la que “solo Estados Unidos tendrá la titularidad de los fondos pagados por el acusado para satisfacer la Sentencia de Decomiso” y que terceros, como las familias de las víctimas, “carecen de legitimación para oponerse”.
“Las Familias sostienen respetuosamente que Estados Unidos está equivocado y que la ‘cita del gobierno a la Regla 32.2(b)(2)(A) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal es incompleta y sesgada”.
“El consentimiento del acusado a la Orden en su acuerdo de culpabilidad solo lo vincula a él; no renuncia ni anula el derecho de las familias, conferido por el Congreso, a embargar los bienes bloqueados de este para satisfacer la sentencia por terrorismo. Cualquier pago realizado para satisfacer la sentencia de decomiso de 15 mil millones de dólares que constituya o derive de activos bloqueados (es decir, bienes ubicados en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de una persona estadounidense perteneciente a este) sigue sujeto al embargo, independientemente de la disposición de la Orden propuesta sobre la titularidad”.
En la misiva también cuestionan que el gobierno estadounidense no ha identificado activos específicos que pudieran ser embargados a Zambada García.
“La idea de que uno de los narcoterroristas más prolíficos del mundo no tenga activos conocidos o identificables para satisfacer la sentencia de decomiso de bienes a la que se ha comprometido plantea serias dudas, especialmente considerando que la obligación del acusado, según el acuerdo de culpabilidad, era proporcionar al gobierno una declaración financiera veraz y completa de sus activos 60 días antes de la sentencia”.
Señalan que el 7 de julio, el abogado de los demandantes se reunió con Laura Mantell, Fiscal Auxiliar de los EU para el Distrito Este de Nueva York, y Cody Brooks de la Oficina Ejecutiva de los Fiscales de los Estados Unidos, y les informaron que el Mayo Zambada no realizará ningún pago antes de la “Fecha de Vencimiento” establecida en la Orden de Confiscación propuesta.
“Es crucial destacar que el gobierno también declaró que si el demandado realiza algún pago para saldar la deuda, no notificará a las familias ni a ninguna otra parte interesada. Este es precisamente el resultado que las familias desean evitar”.
Los familiares de los LeBarón solicitaron al juez dictar una orden preliminar de decomiso (o una versión modificada de la misma) para que la sentencia contra el Mayo pueda dictarse el 20 de julio de 2026, les otorguen autorización para realizar diligencias probatorias del examen de la declaración financiera del acusado y de la investigación de cualquier activo bloqueado o posible fuente de pago para la sentencia de decomiso. Además de que se les proporcione una copia de la declaración financiera del acusado y les notifiquen cualquier pago recibido.
