Un informe del Consejo Estatal de Seguridad Pública revela que en el estado la paz depende de si hay o no pleitos internos en el Cártel de Sinaloa

Las tres grandes fracturas que ha tenido el Cártel de Sinaloa en las últimas dos décadas muestran que la tranquilidad de los sinaloenses depende de ellos, revela un análisis del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

De acuerdo con el CESP, la incidencia delictiva se mantiene a la baja cuando no hay un pleito interno, pero cuando hay una fractura los delitos se disparan y se trastoca la vida de los ciudadanos.

El CESP identifica la primera fractura en el periodo 2008-2011, cuando hubo un pleito con los Beltrán Leyva; la segunda en 2017 contra Los Dámaso y la tercera que inició en 2024 entre los Guzmán y Zambada y la cual sigue vigente.

El coordinador del CESP, Miguel Calderón Quevedo, señaló que el año pasado, y todavía en este, los ciudadanos de Sinaloa quedamos en medio de la tercera fractura del cártel dominante en el estado en los primeros 25 años del Siglo 21.

La primera fractura, explica, se dio en 2008 y se expandió por gran parte del país y transcurrió aproximadamente durante cuatro años, tomando como referencia que en 2011 el número de homicidios comenzó a descender luego de alcanzar su máximo nivel en la historia de Sinaloa en 2010.

La segunda fue en 2017, generando de nuevo picos de violencia de alto impacto que trastocaron la tranquilidad de los culiacanenses, pero en esa ocasión su duración fue breve.

La tercera fractura es la que inició en septiembre de 2024, que marcó el último cuatrimestre del año por sus impactos que, además de personas que perdieron la vida o fueron heridas en el fuego cruzado, la parálisis de la movilidad se tradujo en cierre de empresas y pérdidas de empleo, entre otras afectaciones socioeconómicas.

Tres fracturas del cártel dominante en Sinaloa ya son una prueba, una constatación, de que la paz no se construye solamente con la visión punitiva, es decir, con el uso institucional de la fuerza. Esa estabilidad es muy frágil y depende más de dinámicas internas del crimen organizado, a pesar de los esfuerzos del Estado, señaló.

El análisis del CESP señala que el 2023 se caracterizó por un alto registro de delitos comunes, como violencia familiar y lesiones dolosas, así como a comercio y viviendas, ilícitos cuya causa no está directamente vinculada con objetivos del crimen organizado.

El perfil de 2024, con la tercera fractura del cártel, en términos de incidencia delictiva del fuero común, lo marcaron la privación ilegal de la libertad, la extorsión, el homicidio doloso, el robo de vehículos y a comercio.

Detalla que el robo a comercio no está directamente relacionado con las operaciones del narcotráfico, pero también incrementó los números de denuncias, con lo que queda patente que la alteración del orden es una onda expansiva que se amplía con este tipo de violencia.

Menciona que los homicidios dolosos, la privación ilegal de la libertad y la desaparición forzada presentan aumentos significativos que coinciden con las tres principales fracturas del Cártel de Sinaloa.

Durante el pleito con los Beltrán Leyva, en 2008, aumentaron 67 por ciento las denuncias por privación ilegal de la libertad respecto a 2007, manteniendo una tendencia al alza hasta 2011, cuando cerraron en 513 casos.

El siguiente gran incremento ocurrió en 2017, alcanzando un total de 924 al final del año; y la actual fractura de la organización criminal impulsó las cifras en 2024 a niveles nunca antes vistos y cerró con mil 610 denuncias.

El de homicidios dolosos es otro de los delitos que se disparan con las fracturas del cártel.

En 2007 hubo 742 asesinatos y en 2008, ya en el pleito con los Beltrán Leyva, aumentaron a mil 167 y la tendencia al alza siguió hasta alcanzar el máximo histórico de 2 mil 250 en el 2010, para luego iniciar una tendencia a la baja.

En 2016 en el estado se cometieron mil 112 homicidios y en 2017 durante el pleito con Los Dámaso subieron a mil 480; y durante los siguientes años hubo otra vez tendencia a la baja.

Con la tercera fractura del cártel que inició en septiembre del año pasado, el 2024 cerró con 994 crímenes, mientras que en 2023 fueron 533.

De acuerdo con el CESP, Culiacán concentró el 66 por ciento de las denuncias por homicidios, principalmente en Costa Rica con 40, El Ranchito con 25 y la cabecera municipal con 23.

El robo de vehículo durante la primera fractura alcanzó el máximo histórico de 10 mil 327 denuncias en 2011; y tuvo una tendencia a la baja que terminó en 2017 cuando fue la pugna con Los Dámaso, que cerró con 7 mil 53 denuncias, un aumento de 44 por ciento en comparación con 2016.

En 2024 el robo vehículos cerró con 3 mil 985 denuncias, mientras que en el 2023 fueron 3 mil 757.

El CESP explica que el 54 por ciento del total de las denuncias de robo de vehículos en 2024 ocurrieron en el último cuatrimestre, en el contexto de la tercera fractura del cártel.

El delito de extorsión, detalla, también suele estar estrechamente vinculado al crimen organizado y en periodos de inestabilidad entre grupos delictivos, las denuncias tienden a aumentar.

En 2011 el incremento de casos fue significativo, pues en ese año se registraron 136 denuncias por extorsión, la cifra más alta en los últimos 15 años, lo que representó un aumento del 39 por ciento con respecto a 2010.

Sin embargo, menciona, no todos los episodios de fractura dentro del crimen organizado han tenido el mismo efecto, ya que, en 2017, tras el rompimiento de la facción de los Dámaso, las denuncias por extorsión bajaron a 50 casos, lo que significó una reducción del 49 por ciento en comparación con 2016.

Durante la tercera fractura del cártel, el 2024 cerró con 90 denuncias de extorsión que representa un aumento del 87 por ciento en comparación con 2023 y es la cifra más alta de los últimos ocho años.

Después de tres crisis de seguridad derivadas de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, el CESP señala que es necesaria una agenda para la no repetición, sin embargo, es clara la debilidad institucional en la entidad, por lo que es urgente la planeación estratégica e integral para reconstruir un verdadero mecanismo de seguridad y justicia en Sinaloa.

El CESP sugiere que para la no repetición de las crisis de seguridad es necesario incrementar el presupuesto para seguridad y justicia y el número de elementos de las policías Estatal y Municipal, así como los elementos sustantivos de la FGE, como lo son los agentes del Ministerio Público, policías de Investigación y peritos.

Menciona que también se necesita una reingeniería profunda del sistema penitenciario estatal; enfocar esfuerzos en el fenómeno de la privación ilegal de la libertad, ya que se entiende complejo y con pocas herramientas institucionales para contener y disminuir su incidencia; y crear e implementar políticas públicas con el objetivo de desmovilizar y reintegrar socialmente a jóvenes que actualmente forman parte del recurso humano del crimen organizado.

Artículo publicado el 30 de marzo de 2025 en la edición 1157 del semanario Ríodoce.