Sinaloa tiene 44 años produciendo menos que el promedio del país.
El producto interno bruto per cápita ha estado por debajo del promedio nacional desde 1980. En el más reciente reporte del INEGI, para el año 2023, la producción de bienes y servicios por cada habitante fue de 223 mil pesos y el del conjunto de México fue de 245 mil.
Setenta por ciento de la población ha vivido toda su vida en esta etapa donde dejamos de ser grandes.
El impacto de la actual crisis de inseguridad ha debilitado aún más la economía. El IMSS reporta que, entre febrero de 2024 y febrero de 2025, los trabajadores registrados bajaron de 626 mil a 614 mil. En lugar de crear los 40 mil empleos que necesitan los jóvenes, se perdieron alrededor de 12 mil.
Culiacán fue en diciembre pasado la segunda ciudad con mayor necesidad de empleo del país, según el INEGI.
CONEVAL informa que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 creció 10 por ciento la población que no puede comprar una canasta alimentaria con sus ingresos.
Estábamos mal y empeoramos.
Una experiencia de shock económico es Acapulco. En octubre de 2023 lo impactó el huracán Otis. El gobierno decidió que su intervención consistiría en sólo dar pequeños apoyos. Después de año y medio, de 19 mil 600 habitaciones que había antes del desastre natural hoy solo funcionan 13 mil; de 38 mil negocios de todo tamaño, solo operan 20 mil y, de 500 embarcaciones de turismo náutico, solo navegan 150.
Si en Sinaloa queremos reproducir el fracaso de Acapulco debemos seguir implementando solo medidas superficiales e insuficientes para, así, continuar empequeñeciendo.
Si en Sinaloa nos decidimos a crecer y a vivir mejor debemos formular un ambicioso plan de recuperación y relanzamiento de nuestra economía.
Un plan que coordine el esfuerzo de los actores con incidencia en la producción de bienes y servicios. Una hoja de ruta para todos; una partitura que armonice; un programa que erradique la improvisación, las medidas aisladas y la implementación de ocurrencias.
Hay que poner el desarrollo como eje de las acciones y decisiones de la sociedad y del gobierno.
Es urgente montar una gran conversación y deliberación pública para generar ese plan.
Tenemos obstáculos importantes para construir un plan de recuperación. Empezando porque el gobierno no quiere reconocer que tenemos un problema. Tampoco ayuda el clima de polarización que ha sembrado donde los gritos e insultos dominan la plaza pública y donde la división entre malos y buenos evita que nos escuchemos analíticamente.
También es un obstáculo que el tema no esté en la agenda pública, que no se hable suficientemente de los problemas de la economía y que la agenda de gobierno no incluya la reflexión sobre de ello sino únicamente eventos con confeti.
No hay suficientes espacios de encuentro para deliberar y, lamentablemente, hay poca cohesión entre los grupos de la sociedad civil y un sentimiento de derrota.
La acción que están tomando muchos es irse de aquí, como ya venía sucediendo antes de la crisis de inseguridad.
El Consejo Nacional de Población ha medido el balance entre migración e inmigración, de 2020 a 2024, y señala que nuestro estado ha sufrido la pérdida de 22 mil 197 habitantes.
El crecimiento social es la diferencia entre el número de personas que deciden venirse a vivir aquí y el número de personas que deciden dejar de vivir aquí. Sinaloa es el único estado del noroeste con crecimiento social negativo. Baja California, Baja California Sur, Sonora y Nayarit son polos de atracción de actividad económica y recursos humanos. Sinaloa es expulsor.
Para revivir la economía necesitamos un plan integral: que aborde financiamiento, infraestructura, capacitación, generación de conocimiento, digitalización, comercialización, branding, equidad social, sostenibilidad ambiental, seguridad pública, participación femenina, urbanismo, inversión pública, inversión bruta fija, innovación, y un largo etcétera.
Requerimos un plan escrito, no ideas sueltas que a veces se recuerden; un plan consensuado, donde participen todos los actores y sectores; un plan público, que sea masivamente difundido; incluyente, que se haga cargo, que ya pasó la etapa de los acuerdos de élites y autodenominados “líderes”, que hay un nuevo protagonista, al que unos llaman pueblo y otros ciudadanía, que no es más un testigo de piedra, que es partícipe de la deliberación en las redes sociales y de la acción por sus actividades diarias.
Necesitamos un plan con un propósito claro, no frases generales; con componentes definidos; con metas medibles; con tiempos programados; con priorización para que no sea una lista de buenos deseos, y con un esquema de gobernanza que lo evalúe, dé seguimiento y corrija.
El primer paso es abrir un gran diálogo de calidad sobre nuestros problemas económicos. Continuar con una etapa prosaica que traduzca lo deliberado en líneas de acción, estrategias, programas y políticas públicas. Un tercer momento es la formalización, la concreción de prácticas y procedimientos. El puerto de llegada es la salida a negociar la primera versión del plan con los actores externos.
Hablar de desarrollo económico no es hablar de la avaricia de unos cuantos. Es hablar de lo que vamos a comer, vestir, habitar, sanar, aprender, trabajar, ganar, comprar y vender todos.
No estamos derrotados, todavía no.
Dialoguemos. Hagamos un plan.
Artículo publicado el 16 de marzo de 2025 en la edición 1155 del semanario Ríodoce.







