Un documento firmado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dejó sin piso legal la defensa del Ayuntamiento de Mazatlán en el juicio de amparo 457/2025 por el desvío del arroyo Jabalines: la dependencia federal declaró ante el Juzgado Noveno de Distrito en Sinaloa que los trabajos que afectaron el predio de la familia López Somoza no fueron realizados, ejecutados, autorizados ni consentidos por ella, informó Guillermo Quintana Pucheta.

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El oficio B00.808.04.-220/2026, fechado el 11 de mayo de 2026 y certificado por el Poder Judicial de la Federación, fue presentado como prueba en el expediente de amparo por el abogado de los quejosos.

“Eso tira por la borda la estrategia legal del municipio, que ya quedó desnudo jurídicamente”, afirmó la defensa de la familia dueña del terreno que resultó afectado”.

En el contexto

El 29 de mayo de 2025, personal y maquinaria con logos del Ayuntamiento de Mazatlán llegaron al predio de la familia López Somoza, en el Libramiento dos, sin aviso previo rellenaron la curva natural del arroyo Jabalines y trazaron en su lugar una línea recta de aproximadamente 80 metros.

La modificación eliminó la curva que reducía la velocidad del agua, lo que representa un riesgo de inundación para las colonias Francisco Labastida Ochoa, La Campiña, Los Laureles y Huertos Familiares. Gerardo López del Río, propietario del terreno, presentó una denuncia, pero el Ayuntamiento negó haber ordenado la obra.

Lo que dice Conagua

En el escrito, Romero Arturo Montoya Moreno, director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, respondió al juzgado sobre el dictamen pericial de avalúo elaborado por el Francisco Martín Castillo Lizárraga, el cual determinó que la afectación al predio de la familia López Somoza supera los 40 millones de pesos.

El organismo declaró ante el juez que los trabajos que dañaron la propiedad de los quejosos no fueron realizados, ejecutados, autorizados ni consentidos por el director Técnico.

Además, pidió al Juzgado Noveno que ordene respetar el cauce natural y la zona federal del arroyo Jabalines, por ser bienes de propiedad nacional conforme al artículo 27 constitucional.

El documento tiene sello del Organismo de Cuenca Pacífico Norte y evidencia criptográfica del Poder Judicial de la Federación que acredita su autenticidad. Fue certificado el 28 de mayo de 2026 por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito, Saúl Humberto Grave Soto.

El expediente contradice a la alcaldesa

Para la defensa de los quejosos, esto destruye el argumento central que la alcaldesa Estrella Palacios sostuvo públicamente desde el inicio del caso: que las obras en el arroyo Jabalines habían sido autorizadas por la Conagua.

“Ella siempre dijo a los medios que estas obras habían sido autorizadas por la Conagua, con este documento queda claro que eso es completamente falso”, señaló Quintana Pucheta.

El problema para la alcaldesa no es solo político, según el abogado defensor, Estrella Palacios firmó de forma directa un escrito ante el Juzgado Noveno en el que el municipio negó haber realizado la afectación al arroyo. Esa misma versión fue desmentida en otros juzgados, donde el propio municipio terminó reconociendo los hechos.

La contradicción entre lo dicho ante el Juzgado Noveno y lo acreditado en otros expedientes configura, a juicio de la defensa, el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad jurisdiccional, que es de orden federal.

“La presidenta municipal le mintió al juez noveno y eso está tipificado, son documentos firmados por ella”, indicó.

Dos frentes en la FGR

El caso acumula dos expedientes en la FGR, el primero fue presentado por la Conagua en noviembre de 2025 por afectación a bienes nacionales, después de que la propia defensa de la familia López Somoza denunció en septiembre a funcionarios del organismo federal por actos de omisión, al no actuar contra el municipio pese a tener conocimiento del desvío.

“Lo que provocó que la Conagua procediera legalmente fue precisamente que nosotros les presentamos una denuncia, si no actuaban, se les configuraba la omisión a ellos”, explicó el abogado.

El segundo expediente en la FGR corresponde a la denuncia por falsedad de declaraciones contra Estrella Palacios, presentada en octubre de 2025, mencionó.

Dentro del juicio, Pedro Salazar Ayala, director de Maquinaria y Equipos del municipio, reconoció ante el juez haber ejecutado el desvío del arroyo, mencionó Quintana Pucheta.

Su justificación fue que actuó en respuesta a una solicitud de un vecino, dijo, pero para la defensa, eso no lo exime porque un funcionario público no puede prestar servicios municipales a un particular sin que eso configure desvío de recursos.

La sentencia, en menos de 60 días, dice la defensa

Quintana Pucheta estima que la sentencia del juicio de amparo llegará en un plazo no mayor de 30 a 60 días. Tres peritajes, uno aportado por la familia, uno por el municipio y otro ordenado por el juzgado, coinciden en que la superficie afectada es más de mil 200 metros cuadrados, una cifra que podría aumentar con la temporada de lluvias que se aproxima, ya que el arroyo mantiene la modificación al cauce que el municipio ejecutó en mayo de 2025.

Quintana Pucheta recordó que en una reunión, grabada en el circuito cerrado de la Secretaría del Ayuntamiento el 26 de junio de 2025, el secretario preguntó directamente al abogado cuánto quería a cambio de arreglar el asunto.

La respuesta de Quintana Pucheta fue que el único acuerdo aceptable era el que determinara el juez y que implicara el pago de la reparación al señor López del Río.

“Estamos ante un gobierno municipal no nada más novato e ignorante, sino malintencionado que no le importa absolutamente nada violar la ley”, señaló.

Artículo publicado el 07 de junio de 2026 en la edición 1219 del semanario Ríodoce.