El 20 de mayo de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia ante FGR, en septiembre de ese mismo año AMLO propuso al sinaloense como embajador de México en España
El 20 de mayo de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el consorcio Latinus. En la investigación se señala a cinco empresas en un supuesto entramado de triangulación de recursos provenientes de contratos de medicamentos y de publicidad, signados con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y seis gobiernos estatales, entre ellos Sinaloa.
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La UIF señala que los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Sinaloa, así como el TEPJF, pagaron entre 2019 y 2024, 2 mil 437 millones 285 mil 272 pesos con dinero público, de forma directa e indirecta, a cinco empresas controladoras de Latinus: Digital Beacon Programatic Services, SA de CV, BCG Limited Consulting, SA de CV, Diseño de Salud Integral, SA de CV, Digimedical, SA de CV y Samedic, SA de CV.
A su vez, dichas empresas triangularon recursos dentro del consorcio de forma directa o a través de otras empresas por 117 millones de pesos, los cuales se utilizaron para pagos de salarios de colaboradores y accionistas.
En el caso de Sinaloa, la información difundida por la UIF señala que, en 2021, cuando el gobernador era Quirino Ordaz Coppel, actual embajador de México en España, se firmó un contrato con recursos públicos con Digital Beacon Programatic Services, SA de CV, cuyo giro es la mercadotecnia y publicidad, por 15 millones 080 mil pesos, y a su vez esa empresa trianguló recursos por 20 millones 750 mil pesos dentro del consorcio.
Además de Sinaloa, la dependencia dirigida por Pablo Gómez señala que el gobierno de Tamaulipas también firmó un contrato por 4 millones 200 mil pesos con la misma empresa y el TEPJF otro más por 301 mil pesos. El gobierno de Nuevo León pagó entre 2021 y 2024, 29 millones de pesos por los servicios de BCG Limited Consulting SA de CV, también del giro de la publicidad.
El funcionario federal detalló que los gobiernos del Estado de México, Michoacán, Hidalgo y el TEPJF, firmaron contratos con las empresas dedicadas a la venta, distribución y almacenamiento de medicinas, equipos médicos y material hospitalario Digimedical, SA de CV y Samedic, SA de CV, así como la de publicidad Diseño de Salud Integral, SA de CV por más de 2 mil millones de pesos entre 2019 y 2024.
“Latinus está integrado por cinco empresas: Latinus Media Group, constituida el 13 de enero del año 2020. Su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama. También Latinus Media Radio, S.A., Latinus Media Mx, S.A. de C.V, y existen otras dos empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales, que es Digital Beacon Programatic y una empresa que se llama BCG Limited Consulting, S.A de C.V. Estas empresas… todos sus ingresos vienen de entidades públicas”, dijo.
“De dónde ha venido el dinero, ahí donde dice ‘federal’ se refiere al TEPJF. El dinero proviene, de manera directa de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud, de Estado de México, Michoacán e Hidalgo en los años que están ahí señalados. En el último año que ya concluyó completo de 23 ustedes pueden ver que hay cantidades significativas, importantes, el Estado de México aportó poco más de 540 millones de pesos. En total, estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, de 2 mil 437 millones de pesos”
Las empresas de salud no son propiedad de González Guadarrama.
Sinaloa en el entramado
De acuerdo al Registro Público de Comercio, Digital Beacon Programatic Services, SA de CV se constituyó en diciembre de 2019 en la Ciudad de México, y sus accionistas son Christian González Guadarrama y Rodrigo Gerardo Peña Ugalde. El primero es además presidente del consorcio de Latinus y accionista de las empresas filiales Latinus Media Radio, SA de CV y Latinus Media Mx Hub, SA de CV, además de BCG Limited Consulting SA de CV, y de otras siete más de giros variados, que van desde cine, arquitectura y hasta un café.
Latinus fue fundado el 5 de diciembre de 2019 y se encuentra activo desde el 7 de enero de 2020. Dicho medio digital es controlado por Latinus Media Group LLC, conformada el 13 de enero de 2020 en Delaware, Estados Unidos, estado que de acuerdo a la UIF es una especie de paraíso fiscal, para “lavar dinero”.
Con Sinaloa, Digital Beacon Programatic Services firmó un contrato adjudicado de forma directa por 13 millones de pesos más IVA, dando un total de 15 millones 080 mil pesos, por la compra de espacios publicitarios consistentes en publicidad a través del portal digital Latinus.us para la divulgación de diversos programas y acciones de gobierno y de la administración del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
El contrato con el número 043-2021 firmado entre la empresa y la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Sinaloa representada entonces por Jesús Alberto Camacho García, —quien actualmente se desempeña como Agregado Administrativo “C” en la Embajada de México en España—, especifica la publicación de banners publicitarios en todas las secciones de la página principal de Latinus, con liga a la página en diferentes tamaños y los cuales se cambiarían de acuerdo a las diversas campañas informativas, debiéndose publicar además en las diferentes versiones de los dispositivos “Mobile, Desktop y Tablet”, así como la publicación de cinco videos promocionales de campañas publicitarias.
El contrato establece que la campaña se realizó del 24 al 31 de marzo y del 7 de junio al 31 de octubre de 2021, es decir con una pausa durante las campañas electorales que se celebraron ese año.
Se acordó que el pago por los servicios sería diferido, es decir primero se pagaría una parcialidad por un millón 160 mil pesos, cuatro por 2 millones 320 mil pesos y una más por 4 millones 640 mil pesos.
Digital Beacon Programatic Services envió la carta de cotización de sus servicios el 7 de enero de 2021, y el 24 de marzo se firmó el contrato. Tres meses después, el 20 de mayo, la UIF presentó la denuncia por los presuntos delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita contra el consorcio Latinus, lo que no impidió que el acuerdo entre el gobierno de Sinaloa y la empresa continuara.
“Del análisis que ha hecho la UIF ha salido todo esto, muchas más cosas. No estamos inventando, sencillamente tienen unas empresas instrumentales, que es BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic, S.A., reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de tres empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas”, mencionó Pablo Gómez el 3 de julio de 2024 en la conferencia mañanera de ese día.
“Entonces están descritas esas operaciones. Sobre esa base se hizo esa denuncia que ya tiene algún tiempo de haberse presentado. Pues nosotros esperamos noticias de la fiscalía, vamos a ver”.
Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha dado a conocer si dentro de la investigación contra el consorcio de Latinus, se incluyó a los gobiernos estatales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los contratos con fondos públicos firmados con las empresas instrumentales del corporativo.
Mientras el gobierno federal investigaba al medio cuyo canal de Youtube encabeza Carlos Loret de Mola, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España el 11 de septiembre de 2021. Alrededor de ocho meses después, el 11 de abril de 2022, el exgobernador de Sinaloa tomó posesión del cargo.
Ríodoce buscó la versión sobre el tema del excoordinador de Comunicación Social durante el gobierno de Ordaz Coppel, Alberto Camacho, pero no se obtuvo respuesta.
Artículo publicado el 14 de julio de 2024 en la edición 1120 del semanario Ríodoce.
